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Pocos lugares en la Gran Manzana tienen tanta leyenda como The Russian Tea Room. ¿Qué es verdad y qué es mentira de todo aquello que se cuenta sobre él? ¿Realmente Madonna fue despedida después de dos semanas trabajando en el guardarropa? No suena descabellado. ¿Escribió Leonard Bernstein allí los primeros compases de su famoso Fancy Free en una servilleta? Probablemente. ¿Sirvió comida y bebida en delantal el mismísimo Zero Mostel en un acto de extravagancia? Eso dicen. ¿Se aparecía de vez en cuando el fantasma de Anastasia, la hija del zar Nicolás II, en plenas obras de renovación? Eso suena más inverosímil. Pero también que escondan un grandísimo acuario giratorio con forma de oso polar y un árbol con huevos de Fabergé en la segunda planta y una maqueta de varios metros del Kremlin en la tercera, y damos fe de que es verdad.

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El sistema educativo de una sociedad avanzada como la española ha ido afrontando en los últimos tiempos nuevos retos y nuevas necesidades que son consecuencia de su propio progreso. Uno de los más relevantes es cómo atender a los alumnos con necesidades de apoyo educativo, una categoría oficial que —desde la entrada en vigor de la Lomloe en 2021— incluye a los alumnos con discapacidad o con trastornos que dificultan su aprendizaje, pero también a los escolares inmigrantes que desconocen el idioma, los que están en una situación económica vulnerable o los que tienen altas capacidades intelectuales. Ese aumento de las necesidades no ha ido acompañado, en cambio, por un crecimiento análogo de los recursos necesarios para cubrirlas.

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Niñas escapando entre las llamas. Gente agonizando bajo escombros. Bebés famélicos. Familias huyendo en masa de su hogar en ruinas. Mutilaciones pediátricas, crisis nerviosas, fosas comunes. Los horrores que presenciamos cada día en redes y medios parecen no ser suficiente.

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Un niño gazatí que intenta huir hacia el sur, carga con su hermana sobre los hombros y corre mientras ambos lloran desconsolados. Dejo de hacer scroll y lloro con ellos pensando que deben de tener la edad de mi hijo mediano y de la pequeña (ocho y dos años). Lo mejor y lo peor del ser humano en una misma imagen: el amor infinito de un niño que cuida de su hermana y la crueldad sin límites de quien mata a seres indefensos. Se me viene a la cabeza La Desbandá, aquella masacre orquestada por Queipo de Llano en el 37 donde murieron miles de civiles que intentaban huir de Málaga o Granada hacia Almería. Cuántos niños como este de Gaza habría en aquella carretera. Pasó aquí, y no fue hace tanto. No miremos hacia otro lado, no seamos cómplices de esto. No estamos libres de que vuelva a ocurrir.

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Desde que era niño, Joe Holles correteaba por los alrededores de Son Moragues, una finca centenaria ubicada en la sierra de Tramuntana mallorquina. “Nací en Inglaterra, pero cuando tenía cinco años nos vinimos a vivir muy cerca y me crie a escasos metros de aquí”, precisa. Por eso, en 2008 no dudó en volcarse en un proyecto para revitalizar el lugar junto a Bruno Entrecanales y Aina Plaza, dueños del terreno. “Queríamos darle la vuelta a este sitio tan mágico, porque veíamos que era urgente”, explica, “estaba con un hilito de vida, porque toda la Tramuntana agoniza hoy por la falta de rentabilidad del sector agrícola de montaña”. Para regenerar y reaprovechar, para definir el futuro, miraron al pasado. Ahora resulta sencillo llegar allí desde la ciudad de Palma, media hora en coche, pero esta sierra —bajo la protección patrimonial de Paisaje Cultural de la Unesco desde 2011— fue inaccesible durante siglos. “Era un entorno agreste, hostil, expuesto a los elementos y las invasiones, piratas y saqueos... Cuando [Frédéric] Chopin y George Sand estuvieron en Valldemossa, él compuso La gota de agua, un preludio ansioso, sobre su agonía cuando esperaba a que ella llegara allí desde Palma, estuvo toda una noche volviéndose loco, pensando que no volvería. Y eso fue hace 150 años, hace 1.000 esto era como el fin del mundo”, señala Holles.

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En unas fechas clave para la cotización de los autónomos que reclaman de las Cortes la urgente aprobación de una “pasarela” de profesionales colegiados a su régimen especial (RETA), una sentencia del Supremo ha denegado a un ingeniero el alta a través de una mutualidad alternativa. El trabajador, tras cesar en el citado RETA, trató de ejercer de nuevo apuntándose a la mutualidad de previsión social ofertada por su colegio, menos gravosa para sus intereses. Sin embargo, según el fallo, la opción por uno u otro sistema era “ejercitable por una sola vez y de forma irrevocable”.

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El club del Quadern va inaugurar el curs amb una trobada amb Manel Vidal i Ramon Besa. Continuarà fent cas als llibreters. Dijous 9 d’octubre vindrà Montse Albets, que aquest any ha publicat la seva primera novel·la, Només terra, només pluja, només fang (Periscopi), premi Llibreter de narrativa en català. Albets hi explora el dol perinatal a partir d’una dona, la Maria Ridaura, que acaba de perdre el fill i es refugia al mas familiar. T’hi pots inscriure en aquest enllaç.

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Leila Guerriero dijo una vez que los cronistas creen que su mejor conquista es haber obtenido el derecho a escribir en primera persona. Entiendo la exageración y la uso para proponer que cambiemos “derecho” por “opción”, pues el primero se ejerce sin dar explicaciones y en este oficio, por más artista que sea el periodista, siempre hay que darlas. Lo hace ella misma, que es la mejor, en La llamada y tuve que hacerlo yo, con mucho menos talento, cuando escribí Crónica jonda, un viaje con el que quise retratar el complejo mundo del flamenco recorriendo sus principales festivales. Recuerdo que me peleé mucho con la narradora que quería ser y también con los colegas que fruncieron el ceño: “Silvia, tú también un egotour...” Pero mi editor y yo acabamos concluyendo que tenía que meterme. ¿Cómo no decirle al lector que mis oídos siguen condicionados por la primera saeta que escuché a los seis años? ¿O que el modo en que me criaron mis abuelas ha marcado incluso el tipo de flamenco que me chifla y el que me deja fría? No quería contar mi vida, quería que supieran que no podía darles la verdad absoluta, pero que era una verdad y que era honesta. Y ofrecí mi “yo” como garantía. ¿Que cuál es la diferencia con el egotour? Hablemos de La hermana (Anagrama, 2025) de la periodista argentina Liliana Viola.

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Bajo un sol despiadado, Yusef Yahalín alimenta a sus cabras sobre unas lomas desérticas al este de Jerusalén. Su hogar no parece la Tierra prometida. Son, más bien, decenas de chabolas sin agua corriente, desperdigadas a ambos lados de la carretera que lleva de la ciudad al mar Muerto y a tiro de piedra de los colonos israelíes que las rodean. A su lado, hay una pintada en hebreo de, explica, hace dos semanas: nekamá, venganza. La zona se conoce en árabe como Jan El Ahmar y está en Cisjordania, el territorio que Israel ocupa militarmente desde hace más de medio siglo y que, sobre el papel, forma parte del Estado palestino que una decena de países ha comenzado ya a reconocer estos días. En los mapas estratégicos israelíes está, en cambio, dentro de los 12 kilómetros cuadrados que abarca el denominado E1, un polémico proyecto de asentamiento judío que data de los años noventa, pero que ningún Gobierno (laborista o conservador) se había atrevido a aprobar porque las cancillerías, en particular las europeas, veían con claridad su significado: dividiría Cisjordania y la aislaría de Jerusalén Este, capital natural de un eventual Estado palestino. Hasta ahora: la coalición de Netanyahu con ultranacionalistas y ultraortodoxos la aprobó este agosto. Haciendo en semanas lo que pasó décadas parado, un eufórico Benjamín Netanyahu dejó claro la semana pasada en una colonia cercana qué está realmente en juego: “Dijimos que no habrá un Estado palestino y no habrá un Estado palestino. Este lugar es nuestro”.

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El Real Decreto Ley para el embargo de armas a Israel afectará también a ciertos combustibles para aeronaves y prohibirá la importación de productos procedentes de los territorios ocupados ilegalmente por colonos judíos en Cisjordania, detallan fuentes gubernamentales a EL PAÍS.

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Como otros países, España parece abocada a una polarización permanente sobre cualquier asunto que entre en el debate público. Nada queda fuera de la contienda ideológica, desde la política fiscal hasta los programas de televisión. De ahí la sorpresa ante el surgimiento de un tema que concita el acuerdo de la inmensa mayoría de los españoles. Según el barómetro de mayo-junio de 2025 del Instituto Elcano, el 82% de los españoles cree que “Israel está cometiendo un genocidio en Gaza” (en marzo-abril de 2024 lo creía un 71%). El 78% apuesta por el reconocimiento del Estado de Palestina y el 72% es partidario de que la UE imponga sanciones a Israel. Por descontado, hay diferencias según ideología. Los ciudadanos de derechas son más tibios en su condena a Israel, aunque el 62% de ellos piensa que la masacre de Gaza es un genocidio (frente al 97% en la izquierda). Partimos, pues, de un “suelo” muy alto, del 62%, es decir, una mayoría amplia incluso en las derechas.

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No sé si hay país occidental con más consenso social en torno a Gaza (la inmensa mayoría cree que es un genocidio y debemos actuar contra Netanyahu) y con más disenso político (con los dos grandes partidos acusándose de ser, unos, cómplices del terrorismo y, los otros, del genocidio).

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Carles Puigdemont reunió este lunes al cuadro de mandos de Junts per Catalunya cerca de su residencia belga de Waterloo. Miriam Nogueras se conectó por vídeollamada, pero para Albert Batet, emisario de Junts en el Parlament; Josep Rius, portavoz del partido, Mònica Sales y Toni Castellà, vicepresidentes de la formación, y Jordi Turull y Judith Toronjo, secretario general y secretaria de organización de JxCat, era la segunda cita de trabajo con Puigdemont en Bélgica en solo una semana. Algunos de ellos optaron por salir de Barcelona el domingo y se toparon con retrasos e inconvenientes en el aeropuerto por culpa de una tormenta que obligó a alterar los horarios. No son los únicos nubarrones que tiene que afrontar Junts que, después de ver cómo fracasaba en Bruselas la consideración del catalán como lengua oficial, afronta este martes en el Congreso la derrota parlamentaria de la proposición de ley pactada con el PSOE para la delegación de las competencias migratorias a Cataluña. El partido asume que, a base de advertencias, se le ha agotado el crédito. “Este otoño tienen que pasar cosas”, manifiestan desde Junts. Sigue apartada la carta de apoyar una moción de censura con PP y Vox que tumbe al Gobierno, pero Puigdemont y sus escuderos planean una acción que visibilice su disgusto. En el debate interno entra la posibilidad de abandonar los encuentros periódicos con emisarios del PSOE, habitualmente en Suiza, bajo la supervisión de un verificador internacional.

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Seis meses después de que PSOE y Junts per Catalunya pactaran la delegación integral de competencias en inmigración del Estado a la Generalitat, la iniciativa sigue siendo, por ahora, una quimera. No solo por la falta de los votos necesarios para la aprobación del traspaso —como quedará en evidencia, con toda probabilidad, en el debate de este martes en el Congreso—, sino también porque la Administración autonómica está lejos de encontrarse en disposición de asumirlas. Con unas competencias ahora muy acotadas (la primera acogida a los extranjeros o el desarrollo de políticas sociales, entre otros), la Generalitat necesitaría una ampliación generosa del número de funcionarios y la aprobación de modificaciones normativas. Un esfuerzo que, coinciden las fuentes consultadas, precisa de voluntad política, dinero y tiempo.

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El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha puesto manos a la obra para armar una propuesta política detallada sobre la inmigración, un tema que ha definido como prioritario. Tras meses de análisis y reuniones con expertos, Génova perfila un plan que será discutido con los presidentes autonómicos del PP el próximo fin de semana en Murcia, en una reunión de trabajo que se celebra precisamente en una comunidad autónoma marcada este pasado verano por episodios de persecución a inmigrantes, en los municipios de Torre Pacheco y Jumilla. Los populares ultiman un programa que endurece su posición para competir con Vox y que restringirá las regularizaciones, al vincular la residencia legal al trabajo y al conocimiento del español y de la cultura española. En línea con lo aprobado en su congreso de julio pasado, el PP abrirá también el debate sobre prohibir el niqab (el velo que solo deja los ojos descubiertos) y el burka en espacios públicos, mientras la extrema derecha presiona a sus Gobiernos para que vayan más lejos y veten el hiyab o velo islámico, una línea roja de momento para el PP.

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La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha vuelto a situarse bajo el foco de los medios de comunicación, al enviar al banquillo a Alberto González Amador —novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid— por el supuesto fraude de más 350.000 euros a Hacienda que perpetró a través de una trama de facturas falsas. Con dos resoluciones emitidas en apenas cinco días, la instructora ha dictado el auto para abrir juicio oral contra la pareja de la dirigente del PP y, también, ha frenado los intentos de paralizar esta causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes. “No ha lugar a la suspensión interesada”, concluyó la jueza, contra quien ha cargado Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, este lunes.

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El BBVA ha aflojado finalmente la cartera para mejorar su propuesta de compra por el Sabadell. La nueva oferta de canje supone aumentar un 10% el precio que está dispuesto a pagar por su rival, y que supone valorarlo en casi 20.000 millones de euros. Pero, para muchos inversores profesionales, ese incremento no es suficiente para inclinar la balanza y convencer a los minoristas indecisos. Pedro del Pozo es el director de inversiones financieras de Mutualidad —una entidad que gestiona activos por valor de 11.000 millones de euros—. Aunque en las carteras de la compañía sigue habiendo acciones tanto del Sabadell como del BBVA, el financiero reconoce que han ido “reduciendo mucho el peso de las acciones de bancos en los últimos meses, aprovechando la fuerte revalorización”.

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Cortado por obras. Es el aviso que cuelga de las vallas metálicas que cortan el tránsito a la altura de la plaza de la Campana, una de las principales vías de acceso al corazón histórico de Sevilla. Este lunes comienzan aquí los trabajos del tranvibús que unirá el centro de la capital andaluza con el barrio de Sevilla Este, de 100.000 habitantes, a unos seis kilómetros. Esta actuación se suma al otro medio centenar de obras que se están desarrollando en todos los rincones de la ciudad y a las que se añaden las de la ansiada línea 3 del metro. La mayoría son para mejorar la movilidad y las comunicaciones, pero otras tienen que ver con la modernización del alcantarillado y el suministro de agua o con intervenciones del departamento de Parques y Jardines. Una coincidencia que ha sumido a la ciudad en un caos circulatorio, levantando las críticas por la ausencia de planificación del Ayuntamiento a la hora de acometer las actuaciones y dejando en evidencia la falta de un modelo de ciudad sostenible, donde la presencia del coche se hace inevitable.

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