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Durante un juicio por estafa celebrado esta semana en la Audiencia de Barcelona, el banquillo de los acusados ha estado vacío. Uno de los procesados, Rafael Ruiz Lemonche, presunto empresario, tres veces condenado, está en busca y captura. El otro, Benito Pérez Bello, magistrado suspendido, acusado de estafar 850.000 euros a un matrimonio amigo y a una conocida del matrimonio, se ha sentado en el estrado junto a su abogado, ambos con toga, pero solo Pérez con puñetas. El propio Pérez ha vestido la toga sin puñetas de los abogados durante los 14 años en los que estuvo en excedencia voluntaria como juez. Y lo hizo a veces como acusación y otras como defensa en otros cinco asuntos calcados en los que siempre aparece él y nunca, el dinero de los inversores.

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“Pitaba y pitaba y pitaba”. Pitó tantas veces en 2024 que Lara empezó a llevar un registro en un cuaderno: a qué hora saltaba la alerta, qué día era, qué hora era, dónde estaba ella en ese momento. También llegó un momento en el que pensó si tenía sentido llamar a Cometa, el centro que hace el seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato: “Aquí no ha saltado nada, él no está cerca’. Eso me decían, que no podía ser. Pero a mí me pitaba. Y la policía, si Cometa no da el aviso, no pueden hacer nada. Es como si estuvieras loca, y completamente sola”. Mientras que a María, otra víctima, no le ha fallado el dispositivo en los dos años y un día que lleva con él. Es a la vez su salvador y su amenaza constante. Lo ha portado con las dos empresas privadas que estos dos últimos años han prestado el servicio de protección: “A mí nunca se me ha estropeado, ni ha fallado, y a él, continuamente. Con lo cual es evidente que el problema no es del dispositivo, es que el agresor lo manipula”. Las pulseras han estado esta semana en el centro de la polémica después de que la Fiscalía General del Estado alertase en su memoria anual de problemas de cobertura en los dispositivos que han provocado sobreseimientos y absoluciones de agresores.

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Son las 8.30 y María Mola, tutora de primer curso en el colegio público Óscar Esplá de Alicante, está en la sala de profesores. Las clases empiezan a las 9, pero varias de las maestras llegan una hora antes. “Así empiezas el día con un poco más de seguridad, teniendo las cosas listas, porque luego no da tiempo a nada”, comenta Mola. El Óscar Esplá es un colegio muy diverso, pero no es un gueto. Está en Los Ángeles, un barrio de clase trabajadora hecho en buena medida de edificios de ladrillo visto y toldos verdes. Sus aulas acogen desde hace tiempo a estudiantes cuyas familias proceden de medio mundo, y es un referente en la escolarización de alumnado con trastorno del espectro autista (TEA). Pero como el conjunto del sistema educativo español, especialmente en la enseñanza pública, en los últimos años ha vivido un boom de incorporación de chavales que, por distintas razones, necesitan apoyo educativo. En el conjunto de España, su número ha aumentado un 75%, según reflejó esta semana un informe de CC OO, mientras los fondos para atenderlos lo han hecho solo un 31%.

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En una prueba más de nuestra existencia como pueblo colonizado por el Imperio, hemos asumido que el atentado que define el actual concepto de violencia política es el que se perpetró contra el activista Charlie Kirk. Primera aceptación acrítica, la de denominarlo activista “conservador”, no ultra. El asesino en cuestión, un joven de 22 años, no ha satisfecho los requisitos que anhelaba el movimiento MAGA: más que un peligroso izquierdista, Tyler Robinson es claramente hijo de un país que entiende la defensa individual como derecho legítimo y natural de su libertad, aunque ese espíritu defensivo no responda a amenazas reales sino a los delirios que actualmente propaga la secta trumpista. Nos han convencido de que este es el atentado al que debemos prestar atención, y expresar no solo la condena sino el consabido discurso emocionado sobre lo importante que es el uso de la palabra en el debate democrático. Gracias. Prohibido insinuar que el catecismo de Kirk promovía las bases de una violencia desatada.

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Nadie ordenó censurar a Jimmy Kimmel. ABC tomó una “decisión editorial independiente”: suspender su programa tras sus bromas sobre el asesinato de Charlie Kirk. No hubo decreto presidencial ni censor oficial. A la Comisión Federal de Comunicaciones le bastó mencionar los “remedios disponibles” para contenidos problemáticos y se siguió la lógica empresarial. Todo muy normal, muy democrático, muy libre. Nadie ordenó tampoco a la Universidad de Berkeley enviar el nombre de Judith Butler a las autoridades federales. La Oficina para la Prevención del Acoso siguió “procedimientos estándar” al transmitir una denuncia de “presunto antisemitismo” nunca investigada. Butler recibió una carta diciéndole que su nombre figuraba en una lista federal. Solo procedimientos administrativos rutinarios. Bienvenidos al autoritarismo sin rostro.

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Gavin Newsom publica un vídeo en el que Donald Trump tropieza, de una forma difícil de aceptar para quien se muestra tan seguro de no equivocarse jamás, mientras sube la escalera del Air Force One. Óscar Puente comparte imágenes de una aglomeración en el metro de Madrid junto al mensaje “Metro borroka”, con lo que al mismo tiempo cuestiona la gestión del transporte público de Isabel Díaz Ayuso y se mofa de la idea según la cual la manifestación propalestina en La Vuelta a España era como la violencia callejera de los cachorros de ETA. En una tienda digital, Newsom vende gorras del rojo MAGA pero con mensajes cachondeándose del presidente. Puente difunde un titular de una cuenta que parodia a The Objective, web a la que llama “el contenedor amarillo”: “El Gobierno teñirá de rubio y pondrá lentillas azules a los mena [menores extranjeros no acompañados] para que puedan ser aceptados por las autonomías del PP”. Es solo una muestra de una lista que podría ocupar todo este artículo, porque la producción digital de Newsom y Puente para desafiar —y trolear— a sus rivales es abundante.

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El sector de la construcción emplea en España a un millón y medio de personas, la cifra más alta en los últimos 15 años. Es un número al alza, que crece a la vez que el precio del bien que elaboran estos trabajadores. Mientras la vivienda devora una porción cada vez mayor de muchas nóminas, el país ya cuenta con tantos trabajadores de la construcción como a finales de 2010. Sin embargo, los 1,52 millones de ocupados en el sector (según los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre) siguen muy lejos de la cifra que se llegó a alcanzar en 2007, a las puertas del pinchazo de la burbuja, con 2,72 millones de empleados. La otra pata del sector, las inmobiliarias, sí superan el número de empleados registrados a principios de siglo: son 181.000 trabajadores, un millar más que en la cima que se llegó a alcanzar antes del crash.

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Han pasado casi dos décadas desde que el expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, anunciase que padecía alzhéimer. En una multitudinaria rueda de prensa y sin remilgos, el que fuera también alcalde de Barcelona levantó de un golpe todos los velos de estigma que caían sobre esta dolencia neurodegenerativa y alzó la voz: reveló su diagnóstico, sacó la enfermedad a la calle y se conjuró para combatirla desde la ciencia más puntera. La Fundación Pasqual Maragall es hoy un centro de investigación de referencia internacional. Él ya no es consciente de su propia encomienda, la enfermedad ha borrado cualquier traza de recuerdo de esos primeros años de empeño personal, pero su hija, Cristina Maragall (Barcelona, 58 años), presidenta de la institución, mantiene vivo el legado de su padre y lúcido su propósito.

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Joaquín Prat (Madrid, 50 años) lleva 17 años siendo el chico bueno de Mediaset. ¿Cubrir la mañana? Aceptado. ¿Moverse a Cuatro a hacer política? Venga, “soy un mandado”, reconoce. ¿El mediodía en Telecinco? No me encanta, pero de acuerdo. Pero el año pasado no fue una temporada fácil. Ana Rosa Quintana, su mentora, volvió a la mañana y relegó su programa. Un camarero del restaurante cerca de Mediaset donde se hace la entrevista comenta: “¡Con lo tranquilo que estabas en las mañanas!”. “No me queda otra”, responde él. Quizás por ese talante ahora recibe lo que califica de “premio”: con El tiempo justo encabeza las tardes, de 15.45 a 18.30. De momento lo que espera es que ese premio no esté envenenado. A Telecinco le está costando acertar con esta franja. Prat, en todo caso, busca estabilidad. A estas alturas, siente que puede hacer lo que quiera. Hoy, “toca remar”.

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Hacía meses que no le pasaba, pero Susan Faludi (Nueva York, 66 años) experimentó hace unos días el espejismo de sentirse medianamente bien con la vida. “Fue por estar lejos del ordenador y no leer las noticias en toda la mañana. Como soy periodista y no una ermitaña, como me dedico a escribir sobre los derechos de las mujeres, volví a conectarme, volví a la agonía”, cuenta la mítica cronista en una videollamada desde su casa en Cambridge (Massachusetts) a mediados de septiembre. La falsa sensación de felicidad se evaporó con un scroll rápido en su móvil. “Despertarse cada día en Estados Unidos es terrorífico, vivimos en El señor de las moscas. Nuestras instituciones públicas se han desintegrado y todo el mundo actúa como un adolescente trastornado. Desde los tech bros hasta las vergonzosas ruedas de prensa del gabinete de Trump, desde las mujeres que idealizan las ‘cosas de chicas’ a la manosfera con hombres de esteroides fibrándose en un gimnasio, da la sensación de que no hay ni un solo adulto responsable en la habitación. La gente se siente insegura y vulnerable porque se ha estancado la idea de progreso. Hay un miedo enorme que lo ha inundado todo”, describe.

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El domingo 14 de septiembre fue el último con los comercios abiertos, de esta temporada, en las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) de Barcelona. Un espacio que ocupa la totalidad de Ciutat Vella y el Eixample y gran parte de Sant Martí, Gracia, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts y Sants-Montjuïc, donde —desde 2022— se permite abrir a los comercios todos los domingos (de 12.00 a 20.00 horas) entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre. El gobierno de Ada Colau permitió a los negocios de estas zonas (prácticamente toda la ciudad) abrir estos domingos en un momento donde la economía salía de una pandemia. Se fijó un horizonte de cuatro años para recuperarse de la crisis del coronavirus. Los cuatro años acabaron el pasado domingo. ¿Ahora qué?

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Las autoridades de Ucrania han difundido esta semana la foto de la detención el 3 de septiembre de Artur Rudko, un conocido deportista exguardameta de los dos principales equipos de fútbol del país, el Dínamo de Kiev y el Shakhtar Donetsk. En la imagen aparece junto a otros tres hombres en el momento de ser interceptado por agentes fronterizos que impidieron que huyera del país para no servir en el ejército. Pese a la imperiosa necesidad de efectivos, las autoridades alertan de que hay en torno a 1,5 millones de hombres en edad de ser reclutados —de 25 a 60 años, sin eximentes de salud, profesionales o familiares— que siguen escabulléndose. Ucrania necesita unos 300.000 soldados para reponer unas brigadas que combaten a medio gas y exhaustas, que en algunos casos disponen solo del 30% de los recursos humanos necesarios, según un informe del centro de análisis OSW de Polonia.

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Una fila de coches aguarda a las puertas de la exclusiva urbanización privada Monte Alina de Pozuelo de Alarcón (Madrid) mientras un vigilante de seguridad pregunta a los conductores a dónde se dirigen antes de levantar la barrera que controla el acceso al complejo de viviendas de lujo. Todos responden igual porque van a la misma casa con un objetivo claro: encontrar tesoros a precios de Wallapop. Quieren ser los primeros en entrar. Es el plan de moda en la capital, acudir a una vivienda que necesita ser vaciada tras una mudanza, una venta, una reforma o una herencia. “Se vende todo lo que se ve, hasta los visillos y las lámparas”, cuenta Ainhoa Larregui, directora de La Moraleja Home Market, una de las empresas que se dedican a organizar estos mercadillos.

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Los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 provocaron la movilización de decenas de millares de personas, con huelgas y manifestaciones sin precedentes en el franquismo, especialmente en Euskadi. Fue una marea de indignación contra la brutalidad del régimen que asesinó, tras un juicio militar sumarísimo sin garantías, a cinco jóvenes encuadrados en organizaciones que practicaban la violencia contra la dictadura. Tres eran del FRAP ―Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo― y dos de ETA ―Juan Paredes, Txiki, y Angel Otaegi―. Hubo un sentimiento solidario hacia las víctimas de la atrocidad franquista, centrado en Euskadi en las figuras de Txiki y Otaegi, con ramificaciones internacionales.

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Alejandro Raúl P. C. lleva unos tres años en prisión provisional por la acusación de una sucesión de delitos sexuales. Estaba procesado por ser uno de los principales integrantes del grupo de cinco hombres que en 2021, además de perpetrar otras vejaciones, participaron en la violación de tres jóvenes en situación de vulnerabilidad tras invitarlas a su piso durante los confinamientos nocturnos de la covid y conseguir que se emborracharan, anulando su capacidad de reacción. En su acusación, la Fiscalía reclamaba para él 53 años de prisión; finalmente, su condena ha quedado reducida a 8 años y 3 meses. La abultada reducción de pena, proporcional en el caso del resto del grupo, es el fruto del acuerdo de conformidad al que llegaron sus abogados, los de las víctimas y la Fiscalía, en el que los procesados admitían los hechos tras negarla durante toda la instrucción (y tras cuatro peticiones para salir de prisión) y pagaban una indemnización.

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Uno de los problemas de la exageración es que nos deja sin vocabulario cuando las cosas se ponen feas de verdad. Si llamamos tragedia a cualquier pequeño contratiempo de la vida, no sabemos cómo llamar a la muerte de un hijo. Si llamamos violencia a cualquier discusión, nos quedamos sin palabras para describir un asesinato. Si llamamos trastorno mental a cualquier tristura, ansiedad, miedo o angustia, ¿qué hacemos cuando la esquizofrenia se nos planta delante? Cuando hemos exagerado tanto, quedarse sin palabras ante las tragedias verdaderas equivale a encararlas desarmado. Hablar con propiedad permite aplicar las soluciones adecuadas a cada problema, porque ni se matan moscas a cañonazos, ni se frena un genocidio con batucadas.

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La digitalización, transformación o aceleración digital son términos que, en mayor o menor medida, se han vuelto habituales en la mayoría de las empresas. Su desarrollo promete aumentar la productividad, modernizar y optimizar los procesos para resultar más ágiles en la toma de decisiones, a la vez que se reducen tiempos y costes. Por ello, según los datos del último Eurostat, las grandes empresas españolas lideran este proceso con un 34% que puede presumir de una buena salud digital, mientras ese porcentaje baja al 26% en el caso de las medianas y al 21% si nos fijamos en pymes y microempresas.

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La construcción es uno de los sectores menos digitalizados de la economía. La industrialización, las nuevas técnicas constructivas, la inteligencia artificial y la realidad aumentada se abren paso, especialmente a través de las grandes constructoras, pero al igual que en el resto de sectores aquí la formación —en equilibrio entre la innovación y los oficios— se hace vital. “La nueva industria de la construcción demanda personas trabajadoras con cualificación, que preserven la continuidad de los oficios y desarrollen competencias emergentes, con perfiles tecnológicos y ecológicos”, apunta Julio Gil, director general de la Fundación Laboral de la Construcción, que señala la importancia de la formación y la recualificación ante los nuevos materiales y técnicas que avanzan en el sector.

Más allá de la mera tecnología, la ciberseguridad se ha convertido —y con razón— en una prioridad estratégica para las grandes empresas. La digitalización ha cambiado el modus operandi de muchos delincuentes, que desde hace tiempo centran sus esfuerzos en asediar a este tipo de compañías mediante ataques cibernéticos. Las amenazas se multiplican porque los métodos que utilizan los criminales son cada vez más sofisticados y dañinos, y las corporaciones son conscientes de los riesgos a los que se exponen.

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El mercado de la ciberseguridad moverá este año alrededor de 213.000 millones de dólares, según prevén los analistas de la consultora Gartner. La cifra alcanzará los 240.000 millones en 2026. Unos mayores presupuestos de defensa, el aumento de las amenazas, la creciente presión regulatoria y una mejor concienciación dentro de las empresas mantendrán un alto nivel de gasto a medio y largo plazo, sostienen los expertos. En España, esta industria se situó en los 2.500 millones de euros en 2024, con un crecimiento del 14% con respecto al año anterior. Más descomunales son aún los números del cibercrimen —entre nueve y diez billones de dólares—, que representa el 1,5% del PIB mundial. “Estamos ante un paradigma curioso: la ciberseguridad avanza rápido, pero la ciberdelincuencia es todavía más veloz”, advierte David Purón.

Tras varios años de avances y retrocesos, el teletrabajo ha batido máximos históricos en España, superando incluso las cifras del 2020 y 2021, periodos de pandemia y pospandemia. Así lo apuntala la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de julio: el 15,4% de los empleados españoles trabajan desde sus domicilios ocasionalmente o más de la mitad de los días de la semana laboral.

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Según el Informe Situación Teletrabajo y Flexibilidad 2025, de la consultora Robert Walters, el 80% de los trabajadores consultados aceptaría menor salario a cambio de mayor flexibilidad horaria o teletrabajo. Como apunta Mila Pérez, profesora titular del departamento de Management en Deusto Business School, no hay que confundir flexibilidad horaria con teletrabajo. “Son dos opciones distintas con un impacto diferente en el trabajador y, por lo tanto, no deberían contemplarse en las mismas políticas de empresa”, añade Pérez. Consultoras como Robert Walters trabajan para mostrar a las empresas como este tipo de modelos alternativos a la presencialidad rígida conlleva beneficios económicos. Como explica su responsable de Talento, Compensación y Estudios de Mercado, Guillermo Julio Sáez, “es una cuestión de no desperdiciar el talento, no perder la posibilidad de contratar a una persona de gran valor para tu empresa por la imposición de empezar la jornada a una hora determinada cuando puede que ese empleado necesite flexibilidad horaria o teletrabajo para conciliar. En la adaptación ganan todos”, concluye.