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Se acerca el cuarto invierno de la guerra en Ucrania, una de las grandes batallas colaterales que libra su población. Y buena prueba de ello es el incremento de los bombardeos rusos contra subestaciones y centrales eléctricas del país. Según datos del Gobierno ucranio, Rusia ha lanzado en el último mes 1.550 ataques contra las infraestructuras energéticas, de los que 160 alcanzaron su objetivo. “Se ha convertido en una táctica tradicional”, afirmó el presidente del país, Volodímir Zelenski, en declaraciones recientes sobre la ofensiva rusa previa al invierno, “Rusia intenta provocar en Ucrania un apagón [generalizado]”.

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El pasado día 1 empezó a operar uno de los mayores sistemas de baterías de Europa del Este en seis puntos de Ucrania; entre ellos, Kiev. Levantado en tiempo récord, su capacidad será pequeña respecto a la demanda total. Pero empezará a ayudar ya este invierno y, sobre todo, marca el camino a seguir a partir de ahora: cuanta más electricidad pueda almacenarse en este tipo de instalaciones, menor será el daño de los ataques rusos sobre plantas de generación. “Si una central se desconecta de la red, estas baterías pueden mantener el suministro en la región afectada, pongamos 600.000 hogares, durante una, dos o tres horas, hasta que pueda volver a reconectarse”, cuantifica Maxim Timchenko, máximo responsable de la energética DTEK.

Más allá del almacenamiento, la segunda apuesta de futuro para el sector energético en Ucrania son las renovables. “Para nosotros, no tienen únicamente que ver con la transición verde, sino con la seguridad de suministro: hemos sido una de las primeras energéticas en experimentar la importancia de la generación distribuida, descentralizada: parques eólicos, parques solares, baterías...”, relata el ejecutivo.

“Puedes tener 300 megavatios repartidos en 50 turbinas eólicas de seis cada una o en una sola planta de carbón. Para destruir esta última necesitan uno o dos misiles; destruir las primeras es prácticamente imposible para ellos. Y, en caso de que lo consiguieran, la reparación sería mucho más rápida y sencilla”, explica Timchenko. “Sufrimos un ataque en un parque solar que nos hizo perder cientos de megavatios de potencia, y en una semana conseguimos recuperarlos. Eso habría sido imposible en una central térmica”.

Ampliar el volumen de vivienda social y asequible pasa por ser el remedio principal para hacer frente a la crisis de acceso a un techo en el que se encuentra actualmente una gran parte de la sociedad. El parque público apenas representa el 3% del total en España, tres veces por debajo de la media europea, y por ello, la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) se antoja fundamental para ensanchar el mercado inmobiliario. Los últimos datos del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez evidencian impulso en la construcción de este tipo de vivienda, particularmente las destinadas a alquiler, que es la solución que el Gobierno viene priorizando desde hace años en la legislación: las calificaciones definitivas de VPO para alquiler han crecido un 167% en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2024.

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A la vista de las celebraciones en Tel Aviv por el pacto para implementar la primera fase del plan de paz de Donald Trump para Gaza, no cabe sino preguntarse qué han obtenido los palestinos. Sin duda, el fin de los bombardeos y del bloqueo de la ayuda humanitaria es algo. Detener la masacre era lo primordial, pero el futuro palestino sigue en manos de Estados Unidos. Esto, no puede ignorarse, es el gran triunfo israelí.

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Es un momento histórico, pero también profundamente doloroso. Las partes lo celebran con alivio… y con el peso de dos años traumáticos a las espaldas. Porque todo sigue siendo frágil, incierto. Este jueves, el Gobierno israelí ratificó —bajo el auspicio de Donald Trump— el acuerdo de paz con Hamás: 48 rehenes israelíes, la mayoría sin vida, serán canjeados por 2.000 presos palestinos. Y será el mismo ejército que ha asfixiado a los gazatíes con hambre y bombas el que permita ahora la entrada de ayuda humanitaria.

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Ana Fuentes, José Juan Morales y Bárbara Ayuso

Ana Fuentes

José Juan Morales

Ana Ribera

Silvia Cruz Lapeña

Nicolás Tsabertidis

Jorge Magaz

Los mismos zapatos que por la mañana me vienen grandes por la tarde me aprietan. ¿Cómo me quedarán de muerto? Es un misterio lo del tamaño de los pies. Cambia con las horas, con el estado de ánimo y con la fuerza de la gravedad, que a lo largo del día acumula líquidos en la parte baja de cuerpo (por eso siempre hay que comprarse el calzado por la tarde, cuando los pies alcanzan su tamaño máximo). Tengo una relación semejante con la culpa, con los remordimientos. Los que me parecen controlables al mediodía se agigantan de madrugada hasta el punto de sacarme de entre las sábanas, pues a pie firme se aguantan mejor que en la posición supina, con los ojos abiertos en dirección al techo. El techo de los dormitorios y de las habitaciones de hotel tienen algo de pantalla de cine donde, a partir de cierta edad, el diablo proyecta la película de tu vida.

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La sorprendente dimisión este lunes del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la incertidumbre que esa decisión hace planear, una vez más, sobre la política gala, ha relegado a un segundo plano el debate que hasta hace tan solo unos días copaba las portadas de los periódicos, las tertulias y las redes del país: la creación de un impuesto a los milmillonarios para luchar contra el importante déficit público (5,8% en 2024) y su inclusión en los Presupuestos para 2026. La llamada taxe Zucman, bautizada con el nombre del economista francoestadounidense y exconsejero de los candidatos a las presidenciales de Estados Unidos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, Gabriel Zucman, propone que los hogares con un patrimonio superior a los 100 millones de euros ―menos de 2.000 en Francia― paguen un impuesto anual del 2% sobre su fortuna. El tributo podría generar hasta 20.000 millones de euros de ingresos anuales para el Estado. Pero, sobre todo, permitiría restaurar el principio de progresividad del impuesto sobre las rentas más altas haciendo “que las grandes fortunas francesas no paguen menos impuestos que sus secretarias”, en palabras del propio Zucman, de 38 años y profesor en prestigiosas instituciones como la Escuela de Economía de París, la Escuela Normal Superior y la Universidad de California en Berkeley.

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La pandemia sembró una promesa. Ante la urgencia de digitalizar la mayoría de los servicios, cientos de empresas abrieron las puertas a jóvenes programadores. Fue ahí cuando Marco Tenorio (26 años) apostó por estudiar informática. “Cursabas dos años de formación profesional y el día que te graduabas tenías tres o cuatro empresas esperando para contratarte”, señala. “Ahora el cuadro es totalmente distinto”. El aterrizaje de la inteligencia artificial (IA) ha sacudido a un mercado laboral que era garantía de empleo. Un estudio reciente de Stanford evidencia que gracias a la IA generativa, como ChatGPT, las empresas en Estados Unidos pueden automatizar con mayor facilidad las tareas realizadas por perfiles junior, lo que está ralentizando la contratación de los empleados más jóvenes.

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Por primera vez en meses, Mohammed Hamdan Abu Shahab, de 40 años, se sentó el jueves con sus amigos para charlar y jugar al dominó, el juego de mesa que más le gusta. Ese simple gesto —sentarse a una mesa en la playa, en una zona considerada relativamente segura— era algo que había temido hacer durante los dos años que ha durado la guerra en Gaza. Abu Shahab sonrió al hablar de su inmensa alegría tras conocer el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Israel y Hamás habían firmado un acuerdo para alcanzar un alto el fuego. “El mayor logro es detener la matanza”, dice. “En los últimos días, temíamos irnos a dormir por la noche y no despertarnos por la mañana”.

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Desde la controversia del supuesto síndrome posaborto que el PP apoyó en el Ayuntamiento de Madrid a instancias de Vox, todos los movimientos de la cúpula nacional han ido dirigidos a cerrar cuanto antes el capítulo del aborto. Génova rectificó a toda velocidad la posición sobre ese síndrome no avalado por la ciencia y, después, se movió para que las comunidades del PP cumplieran con la exigencia legal de crear un registro de sanitarios objetores, después de que el Gobierno reclamara por carta a cuatro autonomías, tres del PP, que están incumpliendo. Dos de las populares, Aragón y Baleares, se apresuraron a anunciar que lo harán. Solo Isabel Díaz Ayuso ha ido por libre, al confirmar ayer que “nunca”, dijo, creará ese registro del que discrepa. La decisión de la presidenta de Madrid alarga al PP dos semanas el embrollo del aborto, lo que ha provocado un gran malestar en el conjunto del partido. Alberto Núñez Feijóo se ha visto obligado a ofrecer garantías de que el PP, si llega a La Moncloa, no pondrá trabas al ejercicio de este derecho de las mujeres.

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El Gobierno vivió la jornada del jueves como un auténtico regalo político. Isabel Díaz Ayuso eligió chocar de nuevo con Pedro Sánchez pero con dos elementos muy cómodos de combatir para el Ejecutivo. Primero, un debate muy incómodo para el PP, que divide históricamente a su electorado: el aborto, tanto que generó una discrepancia pública entre ella y el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Y segundo, un incumplimiento flagrante de una ley, la del aborto, que además está acordado en un Consejo Interterritorial de Salud y, por tanto, asumido por la Comunidad de Madrid, esto es el registro de los objetores de conciencia para poder organizar la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.

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Crear una lista de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, como obliga la ley y reclama el Gobierno central, supone crear “una lista negra”, “estigmatizar” a los profesionales, y “señalarlos”. Esas opiniones, vertidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o los distintos portavoces de su ejecutivo, y coronadas este jueves con el “¡váyanse a otro lado a abortar!" de la baronesa, chocan con otra decisión de la propia Administración regional. Porque Madrid sí ha cumplido con el mandato de crear un registro de objetores a la prestación de la eutanasia, como se puede comprobar en una web oficial desde 2021. Una contradicción que el Gobierno madrileño, preguntado por este diario, no había explicado en el momento de publicación de este artículo, y en la que la oposición ve la señal de que se usa la polémica para provocar artificialmente un choque con el Ejecutivo central.

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Los juzgados tienen bloqueada una herencia millonaria. Se calcula en unos 14 millones de euros y es el resultado de un suculento patrimonio amasado en vida por el empresario leonés A. F. D., fallecido en 2021. Una mansión lujosa de 400 metros cuadrados en Madrid, fondos en cuentas bancarias, acciones en empresas, una finca cinegética en León… Un ciudadano de 51 años de edad, natural de Eibar (Gipuzkoa), reclama una parte de esta fortuna tras acreditarse en los tribunales que es su hijo biológico, fruto de una relación extramatrimonial nunca reconocida por el progenitor. La prueba de ADN determinó que es así con una probabilidad del 99,9999%. El Tribunal Supremo lo ratificó en una sentencia en 2022. El reparto de la suculenta herencia está en el aire porque su padre lo desheredó, pero los tribunales tienen que resolver ahora a quién corresponde recibir semejante riqueza.

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“Estética tradwife, preppy y conservadora con cuenta de OnlyFans”, dice en X Noelle, que se define en la red social como “la chica más tonta, sexy y medianamente ingeniosa que jamás conocerás. Mujer STEM [acrónimo de los términos Science, Technology, Engineering y Mathematics, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas] y exalumna de la Universidad Estatal de Ohio”. Junto a su descripción, aparece un link a su perfil de OnlyFans. Forma parte de una nueva vertiente de mujeres que defienden valores conservadores y abrazan con orgullo el rol de la diosa doméstica perfecta... pero con un giro.

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El Gobierno de Juan Manuel Moreno tenía constancia de los fallos y retrasos en los cribados del cáncer de mama desde hace más de un año, pero solo cuando le ha estallado en forma de escándalo ha improvisado en apenas unos días un llamado plan de choque con el que tratar de atajarlo. Las medidas que incluye, que implican la contratación de 119 profesionales, entre ellos 65 radiólogos, se circunscribirán casi en su totalidad al Hospital Virgen del Rocío, donde se han localizado, según la Junta de Andalucía, el 90% de los casos. “No estamos hablando de un problema de toda Andalucía, ni de toda la provincia de Sevilla, sino de un área muy concreta del Virgen del Rocío”, aseguró el presidente regional durante la comparecencia en la que anunció la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández. Sin embargo, los profesionales sanitarios consultados advierten de la tentación de querer circunscribir la crisis a fallos en un solo tipo de prueba diagnóstica o a un solo centro hospitalario: “Esto no es un error puntual, es estructural, no es algo simplemente del cribado de cáncer de mama, está pasando en todas las pruebas diagnósticas en cualquier provincia y en cualquier hospital”, llama la atención un radiólogo que, como todos los consultados por este diario, pide no dar su nombre ni su especialidad, porque asegura estar recibiendo presiones para no hablar con la prensa por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

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Hace un año, el 10 de octubre de 2024, el Congreso, habitualmente fracturado, aprobó, con 344 votos a favor, casi por unanimidad, la llamada ley ELA. En esa jornada, que se ensalzó como “histórica”, salió adelante la norma que pretende mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de curso irreversible, y también la de sus familiares. Ya entonces todos los portavoces políticos alertaron de que la puesta en marcha de las ayudas a los afectados, y del plan de choque previo que contempla la norma, no debía dilatarse: “Los enfermos de ELA no disponen de tiempo”. Sin embargo, doce meses después, las trabas burocráticas, administrativas y de gestión hacen que las mejoras previstas no lleguen, y los culpables son muchos, pese a que las buenas intenciones se mantienen. Sanidad, Derechos Sociales, las autonomías y ConELA, la principal asociación de afectados, no paran de reunirse para despejar los obstáculos, pero el tiempo apremia.

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La francesa Gisèle Pelicot, que fue violada durante años por su marido y decenas de hombres con los que este contactaba por internet, iba a menudo al médico con dolores de cabeza, pérdida de memoria y otros síntomas que nunca se relacionaron con la violencia que sufrió. Es un caso extremo: narcotizada, ni siquiera ella era consciente de lo que padecía. Pero muchas otras víctimas de violencia de género sí lo son y, como indican varios estudios, van más al médico que la media, lo que convierte a los centros de salud en un lugar privilegiado para detectarla.

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“Cuando han aparecido los primeros restos”, explica Luciano Montero, nieto de uno de los fusilados que se buscan en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor (Cáceres), “hemos sentido un alivio enorme porque hoy [por este jueves] el Parlamento extremeño ha derogado la ley de memoria y probablemente no hubiéramos podido seguir. Pero ya han sacado tres cráneos con agujeros de bala y esto no lo para nadie. Quizá suene macabro, pero es como si nos hubiera tocado la lotería”. Como han hecho en otras comunidades, el PP y Vox han derogado la ley regional, impulsada, en este caso, por el Gobierno socialista del recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, para sustituirla por otra llamada “de concordia” que evita referirse al golpe de Estado de Franco en 1936 como tal -“La guerra civil española llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”, reza el texto- y que tampoco llama dictadura a los casi 40 años de represión del régimen franquista. El diputado de Vox que ha defendido la iniciativa, Óscar Fernández, ha asegurado que la nueva norma “se centra en recuperar a personas queridas”, pero ni los partidos de la oposición ni los colectivos memorialistas extremeños se fían de que vaya a ser así.

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El primer cobro de la Tasa de Gestión de Residuos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid ha llegado acompañado de las críticas de la oposición y las quejas de los ciudadanos. Desde septiembre, los madrileños deben poner de su bolsillo 141 euros de media al año por hogar para sufragar el servicio de recogida y tratamiento de la basura, según el cálculo del Gobierno local. Un importe que puede ser superior o inferior en función de la situación de cada persona. El Consistorio, dirigido por Jose Luis Martínez-Almeida (PP), ha descargado la responsabilidad del cobro en el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE), utilizando como argumento una ley que aprobó el Ejecutivo en 2022 para cumplir con las exigencias de la Unión Europea (UE) en materia de reciclaje. La oposición critica al Ayuntamiento por no haber maniobrado dentro de los márgenes que le permitía la norma estatal para gravar la gestión de la basura en función de la renta de la población, o penalizar el uso turístico de las viviendas. Ni siquiera la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que aprobó Almeida en octubre de 2024 para compensar la nueva tasa sirvió para calmar las aguas.

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El presente es brumoso y el futuro no está, pero el pasado nunca nos abandona y, además, tiene la capacidad de transfigurarse sin fin. De la época victoriana y posvictoriana británica permanecen la idea de excepcionalismo, la obsesión por la clase y el dinero, la adoración por la técnica y la irrupción de las luchas por diferentes tipos de igualdad. Fue el punto álgido y el inicio de la caída de un imperio regido por una sociedad organizada bajo un sistema de castas no tan diferente —con otros códigos y en otro contexto— al de la India, la Joya de la Corona entonces.

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