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Bajo un sol despiadado, Yusef Yahalín alimenta a sus cabras sobre unas lomas desérticas al este de Jerusalén. Su hogar no parece la Tierra prometida. Son, más bien, decenas de chabolas sin agua corriente, desperdigadas a ambos lados de la carretera que lleva de la ciudad al mar Muerto y a tiro de piedra de los colonos israelíes que las rodean. A su lado, hay una pintada en hebreo de, explica, hace dos semanas: nekamá, venganza. La zona se conoce en árabe como Jan El Ahmar y está en Cisjordania, el territorio que Israel ocupa militarmente desde hace más de medio siglo y que, sobre el papel, forma parte del Estado palestino que una decena de países ha comenzado ya a reconocer estos días. En los mapas estratégicos israelíes está, en cambio, dentro de los 12 kilómetros cuadrados que abarca el denominado E1, un polémico proyecto de asentamiento judío que data de los años noventa, pero que ningún Gobierno (laborista o conservador) se había atrevido a aprobar porque las cancillerías, en particular las europeas, veían con claridad su significado: dividiría Cisjordania y la aislaría de Jerusalén Este, capital natural de un eventual Estado palestino. Hasta ahora: la coalición de Netanyahu con ultranacionalistas y ultraortodoxos la aprobó este agosto. Haciendo en semanas lo que pasó décadas parado, un eufórico Benjamín Netanyahu dejó claro la semana pasada en una colonia cercana qué está realmente en juego: “Dijimos que no habrá un Estado palestino y no habrá un Estado palestino. Este lugar es nuestro”.

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El Real Decreto Ley para el embargo de armas a Israel afectará también a ciertos combustibles para aeronaves y prohibirá la importación de productos procedentes de los territorios ocupados ilegalmente por colonos judíos en Cisjordania, detallan fuentes gubernamentales a EL PAÍS.

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Como otros países, España parece abocada a una polarización permanente sobre cualquier asunto que entre en el debate público. Nada queda fuera de la contienda ideológica, desde la política fiscal hasta los programas de televisión. De ahí la sorpresa ante el surgimiento de un tema que concita el acuerdo de la inmensa mayoría de los españoles. Según el barómetro de mayo-junio de 2025 del Instituto Elcano, el 82% de los españoles cree que “Israel está cometiendo un genocidio en Gaza” (en marzo-abril de 2024 lo creía un 71%). El 78% apuesta por el reconocimiento del Estado de Palestina y el 72% es partidario de que la UE imponga sanciones a Israel. Por descontado, hay diferencias según ideología. Los ciudadanos de derechas son más tibios en su condena a Israel, aunque el 62% de ellos piensa que la masacre de Gaza es un genocidio (frente al 97% en la izquierda). Partimos, pues, de un “suelo” muy alto, del 62%, es decir, una mayoría amplia incluso en las derechas.

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No sé si hay país occidental con más consenso social en torno a Gaza (la inmensa mayoría cree que es un genocidio y debemos actuar contra Netanyahu) y con más disenso político (con los dos grandes partidos acusándose de ser, unos, cómplices del terrorismo y, los otros, del genocidio).

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Carles Puigdemont reunió este lunes al cuadro de mandos de Junts per Catalunya cerca de su residencia belga de Waterloo. Miriam Nogueras se conectó por vídeollamada, pero para Albert Batet, emisario de Junts en el Parlament; Josep Rius, portavoz del partido, Mònica Sales y Toni Castellà, vicepresidentes de la formación, y Jordi Turull y Judith Toronjo, secretario general y secretaria de organización de JxCat, era la segunda cita de trabajo con Puigdemont en Bélgica en solo una semana. Algunos de ellos optaron por salir de Barcelona el domingo y se toparon con retrasos e inconvenientes en el aeropuerto por culpa de una tormenta que obligó a alterar los horarios. No son los únicos nubarrones que tiene que afrontar Junts que, después de ver cómo fracasaba en Bruselas la consideración del catalán como lengua oficial, afronta este martes en el Congreso la derrota parlamentaria de la proposición de ley pactada con el PSOE para la delegación de las competencias migratorias a Cataluña. El partido asume que, a base de advertencias, se le ha agotado el crédito. “Este otoño tienen que pasar cosas”, manifiestan desde Junts. Sigue apartada la carta de apoyar una moción de censura con PP y Vox que tumbe al Gobierno, pero Puigdemont y sus escuderos planean una acción que visibilice su disgusto. En el debate interno entra la posibilidad de abandonar los encuentros periódicos con emisarios del PSOE, habitualmente en Suiza, bajo la supervisión de un verificador internacional.

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Seis meses después de que PSOE y Junts per Catalunya pactaran la delegación integral de competencias en inmigración del Estado a la Generalitat, la iniciativa sigue siendo, por ahora, una quimera. No solo por la falta de los votos necesarios para la aprobación del traspaso —como quedará en evidencia, con toda probabilidad, en el debate de este martes en el Congreso—, sino también porque la Administración autonómica está lejos de encontrarse en disposición de asumirlas. Con unas competencias ahora muy acotadas (la primera acogida a los extranjeros o el desarrollo de políticas sociales, entre otros), la Generalitat necesitaría una ampliación generosa del número de funcionarios y la aprobación de modificaciones normativas. Un esfuerzo que, coinciden las fuentes consultadas, precisa de voluntad política, dinero y tiempo.

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El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha puesto manos a la obra para armar una propuesta política detallada sobre la inmigración, un tema que ha definido como prioritario. Tras meses de análisis y reuniones con expertos, Génova perfila un plan que será discutido con los presidentes autonómicos del PP el próximo fin de semana en Murcia, en una reunión de trabajo que se celebra precisamente en una comunidad autónoma marcada este pasado verano por episodios de persecución a inmigrantes, en los municipios de Torre Pacheco y Jumilla. Los populares ultiman un programa que endurece su posición para competir con Vox y que restringirá las regularizaciones, al vincular la residencia legal al trabajo y al conocimiento del español y de la cultura española. En línea con lo aprobado en su congreso de julio pasado, el PP abrirá también el debate sobre prohibir el niqab (el velo que solo deja los ojos descubiertos) y el burka en espacios públicos, mientras la extrema derecha presiona a sus Gobiernos para que vayan más lejos y veten el hiyab o velo islámico, una línea roja de momento para el PP.

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La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha vuelto a situarse bajo el foco de los medios de comunicación, al enviar al banquillo a Alberto González Amador —novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid— por el supuesto fraude de más 350.000 euros a Hacienda que perpetró a través de una trama de facturas falsas. Con dos resoluciones emitidas en apenas cinco días, la instructora ha dictado el auto para abrir juicio oral contra la pareja de la dirigente del PP y, también, ha frenado los intentos de paralizar esta causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes. “No ha lugar a la suspensión interesada”, concluyó la jueza, contra quien ha cargado Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, este lunes.

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El BBVA ha aflojado finalmente la cartera para mejorar su propuesta de compra por el Sabadell. La nueva oferta de canje supone aumentar un 10% el precio que está dispuesto a pagar por su rival, y que supone valorarlo en casi 20.000 millones de euros. Pero, para muchos inversores profesionales, ese incremento no es suficiente para inclinar la balanza y convencer a los minoristas indecisos. Pedro del Pozo es el director de inversiones financieras de Mutualidad —una entidad que gestiona activos por valor de 11.000 millones de euros—. Aunque en las carteras de la compañía sigue habiendo acciones tanto del Sabadell como del BBVA, el financiero reconoce que han ido “reduciendo mucho el peso de las acciones de bancos en los últimos meses, aprovechando la fuerte revalorización”.

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Cortado por obras. Es el aviso que cuelga de las vallas metálicas que cortan el tránsito a la altura de la plaza de la Campana, una de las principales vías de acceso al corazón histórico de Sevilla. Este lunes comienzan aquí los trabajos del tranvibús que unirá el centro de la capital andaluza con el barrio de Sevilla Este, de 100.000 habitantes, a unos seis kilómetros. Esta actuación se suma al otro medio centenar de obras que se están desarrollando en todos los rincones de la ciudad y a las que se añaden las de la ansiada línea 3 del metro. La mayoría son para mejorar la movilidad y las comunicaciones, pero otras tienen que ver con la modernización del alcantarillado y el suministro de agua o con intervenciones del departamento de Parques y Jardines. Una coincidencia que ha sumido a la ciudad en un caos circulatorio, levantando las críticas por la ausencia de planificación del Ayuntamiento a la hora de acometer las actuaciones y dejando en evidencia la falta de un modelo de ciudad sostenible, donde la presencia del coche se hace inevitable.

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Las ayudas económicas que ofrece la Comunidad de Madrid para que niños de la Educación Infantil y Primaria reciban la primera comida del día en los colegios tienen un alcance mínimo. Solo 1.182 estudiantes recibieron la prestación el pasado curso, a pesar de que se calcula que hay unos 140.000 menores con carencia material severa en la región en edad escolar, según un informe de CC OO. En definitiva, teniendo en cuenta esos datos, la obtiene un 1% de los posibles candidatos. Y la cifra de beneficiados será similar este año, según ha anunciado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Las solicitudes se abren en septiembre y el plazo de resolución tarda meses, por lo que las familias pasan las primeras semanas de clases en una incertidumbre, sin saber si contarán o no con la ayuda. A ello hay que sumar la baja financiación del programa y la poca promoción que tienen estas ayudas, una de las razones, según los propios implicados, de que la pidan muchas menos personas de las que la necesitan.

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El curso 2024-2025 la Comunidad de Madrid concedió unas 103.000 becas de comedor en la primera vuelta, que a lo largo del año escolar llegaron hasta las 127.000 con la resolución favorable de las reclamaciones de muchas de las familias que quedaron fuera. La cifra final estuvo muy por debajo de la que había prometido el Gobierno de Ayuso, que preveía llegar a 137.000 ayudas. 

Sin embargo, según los datos obtenidos por Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, y a los que ha tenido acceso este diario, ese mismo curso se denegaron casi 59.000 solicitudes de becas comedor. La cifra representa el 21% del total de presentados, es decir, que una de cada cinco familias que pidieron ayuda para darle de comer a sus hijos en el colegio recibió la negativa de la Administración regional.

Si nos fijamos en los apellidos de los profesionales que lideran las tardes de la televisión en abierto, podría parecer que seguimos en la parrilla de los años ochenta. Gonzalo Miró, hijo de la cineasta y exdirectora de RTVE Pilar Miró, debutó hace una semana como presentador en la cadena pública con el programa de actualidad Directo al grano. Una semana antes, Joaquín Prat Sandberg, hijo del legendario presentador y pionero de la televisión española, regresaba a las tardes para pilotar en Telecinco un magacín con clara referencia a uno de los concursos de su padre El precio justo —que el propio Prat explicó recientemente en este periódico que fue propuesta de Miró a su padre—. Ambos llegan a una tarde que en la que reina desde hace varias temporadas en Antena 3 Sonsoles Ónega, hija del veterano periodista Fernando Ónega.

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Reconocer ahora el Estado palestino, en el momento exacto en que el ejército israelí está diezmando a la población de Gaza y demoliendo lo que queda de su capital, tendrá previsiblemente escaso impacto real sobre el terreno, pero es una inequívoca forma de presión diplomática para que un día se consiga una tregua, sean liberados los rehenes en manos de Hamás y se abra una negociación de paz.

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En los últimos días, el debate sobre la desigualdad generacional ha estallado con más fuerza que nunca. Los datos hablan por sí solos: en dos décadas, la brecha de riqueza entre quienes tienen 65-74 años y los que hoy rondan los 35-44 se ha multiplicado por nueve. La fotografía es clara: la distancia crece a un ritmo alarmante.

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El grito de “Libertad, carajo”, se hizo popular en el ascenso neoconservador. Convenía para mejorar las expectativas electorales abrazarse a un aroma de contestación antisistema, que le quedaba grande a la izquierda puritana, y funcionó. Se trataba de una apropiación indebida, porque hasta ese momento libertad había sido una reclamación evidente contra el poder y los poderosos. Pero es asombroso ver que Trump ha logrado el éxito popular jugando a ser rebelde y millonario, guardián de la clase trabajadora y golfista cada fin de semana. La otra apropiación indebida era la de ese juramento, carajo, que con tanto tino utilizan los mexicanos, pero que suena siempre a impostado y falso si no sale de su boca. Pero ahí quedó. Lo previsible es que una vez llegados al poder, los que se envolvían en ese lema no han tardado demasiado en revelarse como verdaderos defensores de otra opción que les cuadra mucho mejor: ¡A censurar, carajo! La lista es larga y aumenta cada día.

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Sobre el fragor de las bombas israelíes que han convertido la franja de Gaza en un inmenso cementerio se libra la batalla dialéctica por el calificativo que debe aplicarse a la mayor carnicería de civiles de este siglo. Quienes quieren subrayar la crueldad de condenar a casi dos millones de personas al exterminio, matando de hambruna a quienes sobreviven a los bombardeos, enarbolan la palabra genocidio, mientras que los que desean minimizar la gravedad del crimen se resisten a emplearla.

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La radio en directo ―más que la televisión, donde es difícil olvidar la cámara― enseña las costuras de fábrica. En mi caso, una pesadilla recurrente es soltar, sin querer, una de las tantas expresiones racistas con las que fuimos criados en la España de los ochenta y que siguen tatuadas en algún lugar ignoto de mi cerebro. En el caso de Mònica Terribas, el mayor peligro es que le salga, en tromba y sin matices, la periodista que lleva dentro.

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El domingo le preguntaron a Angelina Jolie por la situación de Estados Unidos, y admitió con tristeza que en estos momentos le cuesta mucho reconocer a su país. Supe a qué se refería porque solo dos días antes me había pasado exactamente lo contrario. Fue cuando hubo un desfile internacional en la Plaza Mayor de Madrid y tras los asistentes vip que contemplaban en primera fila el espectáculo vi a los españolitos de a pie guardando una compostura civilizadísima, apoyados con ilusión en la discreta barrera mientras en el centro de la plaza ocurrían cosas bellas. Me parecieron muy similares a los que, llegado el momento, fueron capaces de saltar las vallas y parar una vuelta ciclista: la defensa de lo humano puede cobrar formas extrañas. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo defendiendo un desfile de moda privado que ocupó un espacio público. Llegó Pedro Almodóvar a coronar el front row vestido con una camisa como de señora y un bolso en bandolera como de paisano y se me ocurrió entonces que tengo una suerte enorme de vivir en un país donde uno de sus más ilustres ciudadanos (y artistas) defiende a los maricones, a las trans, a los pecadores. Y no solo eso: les lleva con él a la alfombra roja para que brillen por las cosas que importan. No soy monárquica, ni nacionalista, ni, Dios me libre, religiosa, pero cuando (gracias a un dron que despegó de la cabeza de ese Felipe III a caballo que Italia le regaló a España cuando los Medici aún eran importantes) contemplé a vista de pájaro la pasarela de terciopelo rosa y neones en la que se había convertido lo que un día fue el mercado central de la Villa, me santigüé del stendhalazo: soy de un país donde la religión aún de vez en cuando puede ser arte y no dogma. Uno donde una millonaria de primer nivel, con presupuesto para alquilar una plaza herreriana, aún puede meterse en un cine frecuentado por pobres, ella sin miedo a que la atraquen, ellos sin miedo a que les arresten por su nacionalidad. Cuanto más digno es un país menos falta le hacen policía o patriotismo.