ARTICULO PRIMERO.- Conformar, el Comité de Dirección de...
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
Las dictaduras no son conocidas por su sentido del humor. Por eso no me vi venir que Arabia Saudí montaría un festival de comedia. Me enteré gracias a un vídeo en redes de Zach Woods, cómico y actor de series como The Office y Silicon Valley. En su vídeo carga contra el festival, que se celebra del 26 de septiembre al 9 de octubre, y que cuenta con Dave Chapelle, Aziz Ansari, Kevin Hart y Jimmy Carr, entre otra gente que, al parecer, necesita el dinero. Woods ironiza y dice que para muchos aguafiestas está mal blanquear un régimen que asesina a periodistas, en referencia a Jamal Khashoggi, y que ha sido acusado de colaborar con los atentados del 11-S, pero, al fin y al cabo, ¿quién no se ha vendido a un dictador alguna vez en su vida?
Recentment han passat diverses coses amb l’habitatge com a protagonista. L’objectiu d’algunes era examinar les noves formes de vida i mostrar quin podia ser el camí a prendre, i altres semblen haver volgut fer balanç per adquirir certa perspectiva. Entre les primeres hi ha un curs sobre Nuevas formas de habitar, a la UIMP de Santander; un número monogràfic de la revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales CYTET 2025 titulat “Arquitectura y Vivienda. Nuevas formas de habitar”; i la convocatòria del concurs de projectes Europan 18, que va iniciar aquest estiu les seves sessions a Barcelona. A les segones pertanyen Habitar España 1975-2025 —una exposició a Madrid de maquetes de cent edificis d’habitatges dels darrers 50 anys, que encara es podrà veure fins a l’abril vinent— i, fa dues setmanes, la publicació del dossier del diari Ara, “Barcelona 2000-2025. El boom global”, amb un article de Maria Sisternas que repassava els canvis a la vida de la ciutat i a la casa en aquests 25 anys.
Acumular libros no es solo coleccionarlos. Es también el registro lento y callado de lo vivido o de lo que aspiramos a ser. Así, una biblioteca es un autorretrato, un valor existencial. Como lo eran los 800 libros de fotografía y arte pertenecientes a Ricardo Cases (Orihuela, 1971) que se llevaron consigo las aguas cargadas de barro y furia que asolaron la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, dejando un rastro de destrucción humana, social, económica y medioambiental.
“En ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer durante su embarazo”, sentenció Alberto Núñez Feijóo en enero de 2023. “Ningún médico, y mucho menos un político, puede interferir en este contexto”, incidió en una entrevista en Telemadrid. El líder del PP respondía con esas palabras a la polémica de alcance nacional que Vox había provocado entonces al PP en Castilla y León, cuando forzó a los populares a obligar a las mujeres que querían abortar a escuchar antes el latido del feto. El PP castellanoleonés terminó dando marcha atrás por el revuelo, pero también forzado por Génova, que no quería pisar charcos en un terreno tan delicado como el aborto, históricamente divisivo para el PP. Sin embargo, ahora, dos años después, la dirección nacional ha avalado otra iniciativa que los ultras han colado al PP en el Ayuntamiento de Madrid sobre un supuesto síndrome posaborto no avalado por la comunidad científica. El PP de Madrid ha obligado a Feijóo a reabrir el debate del aborto, que había sorteado con éxito hace solo dos meses en el congreso que le reeligió como líder.
No informarán. Así de rotundos se han mostrado este miércoles los trabajadores de los centros municipales —Madrid Salud, los espacios de igualdad, los futuros centros integrales de atención a la mujer (CIAM), Samur Social y los servicios sociales— encargados de atender a mujeres embarazadas. Estos han anunciado que no van a asumir la obligación de informar a las usuarias sobre el síndrome posaborto, una dolencia que carece de evidencia científica definitiva que la respalde. La respuesta de los empleados del Ayuntamiento llega después de que el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Consistorio, aprobara la propuesta de Vox para que toda mujer que muestre intención de abortar sea informada de la existencia de un supuesto síndrome no avalado por la ciencia. Tal es la magnitud de la polémica que el propio Colegio Oficial del Trabajo Social de Madrid se ha pronunciado, en un comunicado, en contra de la iniciativa porque, dice, atenta contra los principios éticos de la profesión. En 2024, se notificaron en la Comunidad de Madrid 21.013 interrupciones voluntarias del embarazo.
El Partido Popular se enfangó este miércoles en el ideario ultra para violentar a dos de los enemigos declarados de la extrema derecha: las mujeres y la ciencia. La dirección nacional del partido avaló la sorprendente decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su grupo municipal de apoyar una propuesta de Vox que obliga a los centros de atención primaria a informar a las mujeres de que el aborto voluntario puede supuestamente causarles depresión, aislamiento, alcoholismo, anorexia o bulimia, entre otras enfermedades. Un síndrome inventado, carente del mínimo aval por parte de la comunidad científica.
Cuatro comunidades autónomas siguen sin crear un registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto. Es un requisito que mandata la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Son Madrid, Baleares, Aragón y Asturias, según un informe preliminar del Ministerio de Sanidad al que ha tenido acceso EL PAÍS. Andalucía figura en el documento como “en elaboración”, puesto que no lo tiene finalizado, pero ha tenido en audiencia pública un decreto. Asturias, en respuesta a este diario, asegura que está trabajando en uno.
El Ministerio de Igualdad acaba de enviar al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley sobre violencia vicaria que introduce una novedad aterradora, ya anunciada hace unos meses por la ministra Ana Redondo: el juez podrá imponer al condenado la prohibición de hablar o escribir sobre su caso durante 20 años. La ley ya prohibía el contacto del reo con las víctimas o con sus familiares. Y, como con cualquier ciudadano, permitía censurarle si sus declaraciones atentaban contra el honor, la intimidad o la dignidad de cualquier persona. Pero esta nueva ley va mucho más allá: no persigue un daño real y concreto, sino que convierte en delito la mera palabra. Prohíbe, por ejemplo, que el reo se arrepienta públicamente de sus crímenes.
La publicación frustrada del libro El Odio, escrito por Luisgé Martín, en el que José Bretón relataba el asesinato de sus dos hijos, abrió un debate público que el actual anteproyecto de ley del Gobierno ha querido recoger y canalizar. La propuesta introduce una prohibición de publicar o difundir contenidos relacionados con un delito cuando puedan menoscabar la dignidad o causar daño psicológico a las víctimas. Ese debate, que trascendía lo legal, nos situó ante una disyuntiva compleja: ¿qué hacemos con el relato del crimen, con la voz del asesino y con el derecho de las víctimas a no seguir siendo violentadas por quien asesinó a sus hijos? En aquel momento la víctima visible era Ruth Ortiz, madre de los niños asesinados, expuesta a una revictimización permanente. Lo que para unos era libertad creativa, para otros era un acto más de violencia de género: un asesino repitiendo la misma lógica de venganza con la que mató cruelmente a sus hijos.
No hay semana fácil para el Gobierno en el Congreso. Después de dos años de legislatura, prácticamente cada sesión sigue planteándose como un examen a la salud del Ejecutivo, que ha arrancado el curso encajando derrotas significativas. El pleno de la Cámara baja volverá a medir su fortaleza la próxima semana con los socios divididos en el debate de otras dos normas fundamentales para la coalición: el decreto sobre el embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible, de la que depende un paquete de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, según el Ministerio de Transportes. PSOE y Sumar no tienen aún los apoyos garantizados para que ninguna de ellas salga adelante y, como casi siempre, al previsible rechazo de PP y Vox se unen las reticencias de Podemos y Junts, lo que obliga a buscar otros aliados.
La Audiencia Provincial de Murcia ha comenzado esta semana el juicio contra siete altos cargos del Gobierno murciano durante la era del popular Ramón Luis Valcárcel, entre ellos, sus consejeros de Urbanismo y de Medio Ambiente, que supuestamente promovieron un pelotazo urbanístico para construir 10.000 viviendas y dos campos de golf junto al Mar Menor, en terrenos protegidos medioambientalmente. El caso Novo Carthago llega a los tribunales casi 20 años después de que se modificaran planes de ordenación para dar luz verde a ese proyecto, que nunca llegó a iniciarse debido a la presión social y al estallido de la burbuja inmobiliaria.
Este próximo 15 de octubre se cumplen siete años del asesinato en 2018 del guardia civil José Manuel Arcos Sánchez por los disparos de un delincuente a quien dio el alto aquella madrugada. El asesino, Juan Antonio Moyano, alias Kiki, fue detenido y juzgado dos años después. Se declaró culpable de homicidio y cumple 22 años de prisión. Aquella sentencia penal incluía una indemnización a la esposa y dos hijos del agente por valor de 335.000 euros que debía pagar Kiki, pero solo pudieron encontrarle 120 euros y se declaró insolvente. Tras la negativa del Ministerio del Interior a asumir ese pago y por sentencia judicial, la familia ha conseguido que el Estado tenga que abonarle la indemnización que el asesino no puede.
Un cardiólogo ha denunciado que fue reprendido por su superior en el Hospital 12 de Octubre por haber visto a un paciente que se quejó en un programa de la Cadena Ser porque llevaba un año y medio en la lista de espera y no había recibido atención. “Vi a un paciente por humanidad, por ética profesional. Él se fue feliz y el jefe me lo reprocha”, ha dicho a EL PAÍS. Los hechos ocurrieron a principios del 2020, cuando el profesional trabajaba en la unidad de cardiología de ese hospital. Su caso forma parte del proceso por presunto acoso laboral a 18 cardiólogos en el Hospital Universitario 12 de Octubre, que el martes concluyó la fase de alegatos en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid y ha quedado listo para sentencia.
La ola, casi tsunami, de Taylor Swift avanza imparable. Sus ansiosos fans, sus agotados detractores o todos esos para los que pasa sin pena ni gloria se van a cansar de verla por todas partes durante esta semana, especialmente en Estados Unidos. Porque la artista de Pensilvania va a ser omnipresente, ubicua, perenne en redes, plataformas musicales, cines y programas de entretenimiento durante toda la semana. Por lo menos.
En la imagen final de la primera temporada de Looking, serie de la HBO sobre la moderna vida gay de San Francisco, el protagonista se mete en la cama junto al amante al que no sabe si debe dejar y, mientras lo decide, alcanza el portátil y pulsa play. Lo que escuchamos a continuación son los chistes encadenados de un episodio cualquiera de Las chicas de oro. El muchacho sonríe, como quien regresa de un tormentoso viaje lejos del hogar, y al fundido a negro lo acompaña la sintonía de la hoy clásica comedia.
Sensores de la presión, motores supersónicos, conexión con la IA, pantallas digitales, diseños futuristas o vibraciones sónicas... Cualquiera pensaría que en lugar de estar eligiendo un cepillo de dientes estamos ante un simulador de vuelo. Con modelos que llegan a los 400 euros y todo tipo de cabezales, cerdas, materiales y tecnologías, vivimos un momento de hiperespecialización que ha convertido la higiene dental diaria en un importante negocio. Solo el mercado de los cepillos eléctricos prevé rozar los cuatro mil millones de dólares para 2027, según datos de Impactful Market Research y al humilde cepillo en una joya futurista.
El paso de la borrasca Gabrielle ha provocado en los últimos días lluvias torrenciales en distintas zonas del litoral mediterráneo. La vida cotidiana se ha colapsado en múltiples puntos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Tarragona, Ibiza y Formentera, con clases suspendidas, calles y torrenteras anegadas, desalojos, rescates... En casi 40 municipios valencianos las lluvias superaron los 100 litros por metro cuadrado, con marcas por encima de los 200, mientras Ibiza ha batido su récord de precipitaciones desde 1952. No existen dos catástrofes comparables, pero cuando se acerca el aniversario de la trágica dana que causó en Valencia 229 muertos, es inevitable comparar la respuesta a las mismas. Esta vez, los daños personales son infinitamente menores —dos heridos en Ibiza—, al igual que los materiales, porque, además lógicamente de las diferencias entre ambos temporales, ha funcionado todo lo que entonces no lo hizo.
Desde el nacimiento de la ONU, Estados Unidos, uno de sus cofundadores, fue positivo hacia ella. La llegada de Donald Trump al poder en 2017 alteró la ecuación. Ya un año antes fue patente su animadversión hacia la ONU: “Las Naciones Unidas no son amigas de la democracia ni de la libertad. Tampoco de Estados Unidos y desde luego no de Israel”. Sonaron ya entonces las primeras alarmas: “Somos testigos del mayor embate presidencial contra el Derecho Internacional y las instituciones internacionales en la historia de los Estados Unidos”, alertó el jurista Jack Goldsmith.
Una parte de la derecha española se muestra ya más preocupada por frenar a Vox que por desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Algunas encuestas apuntaban hace semanas a que el Partido Popular podría haberse estancado frente un Santiago Abascal demoscópicamente pujante. El objetivo de Alberto Núñez Feijóo parece pasar ahora por arrebatarle a la ultraderecha todas las banderas posibles, aglutinándolas —o desguazándolas— bajo el paraguas de los populares.
Hace casi 30 años, el letrista de la banda Grateful Dead, un ranchero, hippy y exmormón que había fundado una organización para la defensa de los derechos digitales, escribió un texto que comenzaba así: “Gobiernos del Mundo Industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del Ciberespacio, el nuevo hogar de la Mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos”. Era la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow, un manifiesto que influiría terriblemente en la cultura digital y que venía a decir que a él no le mandaba nadie en internet. Como Rosalía de Castro en 1858 (“yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas; como los árboles en el desierto y el pirata en la mar [...] Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada, o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen y hago, en apariencia, mi iniquidad más grande que su iniquidad”), pero en versión digital. Perry Barlow falleció en 2018, y para entonces muchos habitantes del ciberespacio sospechábamos que su idea, más que ingenua o utópica, era siniestramente similar al discurso tecnolibertario. Silicon Valley, recordemos, había nacido de la contracultura californiana y sus contradicciones.