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Mezclar una demanda que no cesa con una oferta que no crece ha dado como resultado un gigantesco problema en el acceso a la vivienda. Un complicado cóctel que ha empezado a mostrar nuevas limitaciones en algunos de los mercados más calientes. La fatiga, si bien no es generalizada, empieza a manifestarse en territorios como Madrid, Canarias o Baleares. La falta de obra nueva y el progresivo aumento de los precios en núcleos de por sí muy saturados han rebajado la alegría de un mercado que empieza a notar cómo cada vez resulta más complicado cerrar operaciones, explican los expertos. Aunque avisan de que eso no significa necesariamente que los importes vayan a caer.

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En medio del asedio y de los incesantes ataques israelíes contra Ciudad de Gaza, y mientras en Washington se debate de nuevo un plan para un fin de la ofensiva, palestinos ligados al mundo de la cultura —y atrapados en la capital de la Franja, como otros miles de gazatíes— dan rienda suelta a sus pensamientos en las redes sociales en forma de diario. En ese contexto, poetas y escritores relatan la atroz vida cotidiana en la Franja. Se han convertido en narradores de la tragedia con escritos breves que plasman testimonios íntimos de la catástrofe provocada por Israel desde sus entrañas, en un acto más de resistencia cultural en pleno cerco, y una forma de preservar la memoria colectiva y dejar constancia de la experiencia de un pueblo atrapado y masacrado.

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La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha publicado, con el fin de someterlo a audiencia pública, el texto del proyecto de real decreto que impulsa la radio digital terrestre en España con tecnología DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus).

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La iniciativa d’un grapat d’estats, entre els que es diuen Units, de prohibir una sèrie de llibres que fins ara s’havien llegit sense cap impediment a les aules i a casa és una conseqüència més de la crisi de la llibertat d’expressió en aquell país. (Charlie Kirk no s’emparava en aquesta llibertat per dir les bestieses tan fenomenals que deia; s’emparava en una altra cosa: en la complicitat cada cop més gran entre la plebs i les mentides o la ideologia més borda d’ultradreta, que sempre fan més patxoca que un discurs intel·ligent).

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Dolor. Alivio. Miedo. Esperanza. Cansancio. Determinación. Pudor. Desahogo. Impaciencia. Perseverancia. Impotencia. Soledad. Socorro. Ternura. Comprensión. Incomprensión. Resignación. Rebeldía. Incomodidad. Aceptación. Tristeza. Anhelo. Amargura. Melancolía. Hartazgo. Expectativa. Compasión propia y ajena. Incertidumbre. Deseo. Resistencia. Amor, a fin de cuentas, sea lo que sea que signifique esa palabra para cada cual en cada momento del día, o de la vida. Todo eso y más vi, o creí ver, la otra noche en el rostro de la escritora Elvira Lindo mientras escuchaba en primerísimo contraplano a su marido, el escritor Antonio Muñoz Molina, confesarle al periodista Gonzo ante las cámaras del programa Salvados que la depresión que padece desde hace casi dos años le hace “acostarse y no querer despertarse”. Más que un poema, las caras de Elvira eran un poemario infinitamente más elocuente que sus palabras. Y si vi todo eso, o creí verlo, es porque lo he visto antes en otros y, demasiadas mañanas, en el espejo del baño al levantarme. El mapa emocional de alguien devastado por el sufrimiento de otro.

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Las dictaduras no son conocidas por su sentido del humor. Por eso no me vi venir que Arabia Saudí montaría un festival de comedia. Me enteré gracias a un vídeo en redes de Zach Woods, cómico y actor de series como The Office y Silicon Valley. En su vídeo carga contra el festival, que se celebra del 26 de septiembre al 9 de octubre, y que cuenta con Dave Chapelle, Aziz Ansari, Kevin Hart y Jimmy Carr, entre otra gente que, al parecer, necesita el dinero. Woods ironiza y dice que para muchos aguafiestas está mal blanquear un régimen que asesina a periodistas, en referencia a Jamal Khashoggi, y que ha sido acusado de colaborar con los atentados del 11-S, pero, al fin y al cabo, ¿quién no se ha vendido a un dictador alguna vez en su vida?

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Recentment han passat diverses coses amb l’habitatge com a protagonista. L’objectiu d’algunes era examinar les noves formes de vida i mostrar quin podia ser el camí a prendre, i altres semblen haver volgut fer balanç per adquirir certa perspectiva. Entre les primeres hi ha un curs sobre Nuevas formas de habitar, a la UIMP de Santander; un número monogràfic de la revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales CYTET 2025 titulat “Arquitectura y Vivien­da. Nuevas formas de habitar”; i la convocatòria del concurs de projectes Europan 18, que va iniciar aquest estiu les seves sessions a Barcelona. A les segones pertanyen Habitar España 1975-2025 —una exposició a Madrid de maquetes de cent edificis d’habitatges dels darrers 50 anys, que encara es podrà veure fins a l’abril vinent— i, fa dues setmanes, la publicació del dossier del diari Ara, “Barcelona 2000-2025. El boom global”, amb un article de Maria Sisternas que repassava els canvis a la vida de la ciutat i a la casa en aquests 25 anys.

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Acumular libros no es solo coleccionarlos. Es también el registro lento y callado de lo vivido o de lo que aspiramos a ser. Así, una biblioteca es un autorretrato, un valor existencial. Como lo eran los 800 libros de fotografía y arte pertenecientes a Ricardo Cases (Orihuela, 1971) que se llevaron consigo las aguas cargadas de barro y furia que asolaron la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, dejando un rastro de destrucción humana, social, económica y medioambiental.

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“En ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer durante su embarazo”, sentenció Alberto Núñez Feijóo en enero de 2023. “Ningún médico, y mucho menos un político, puede interferir en este contexto”, incidió en una entrevista en Telemadrid. El líder del PP respondía con esas palabras a la polémica de alcance nacional que Vox había provocado entonces al PP en Castilla y León, cuando forzó a los populares a obligar a las mujeres que querían abortar a escuchar antes el latido del feto. El PP castellanoleonés terminó dando marcha atrás por el revuelo, pero también forzado por Génova, que no quería pisar charcos en un terreno tan delicado como el aborto, históricamente divisivo para el PP. Sin embargo, ahora, dos años después, la dirección nacional ha avalado otra iniciativa que los ultras han colado al PP en el Ayuntamiento de Madrid sobre un supuesto síndrome posaborto no avalado por la comunidad científica. El PP de Madrid ha obligado a Feijóo a reabrir el debate del aborto, que había sorteado con éxito hace solo dos meses en el congreso que le reeligió como líder.

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No informarán. Así de rotundos se han mostrado este miércoles los trabajadores de los centros municipales —Madrid Salud, los espacios de igualdad, los futuros centros integrales de atención a la mujer (CIAM), Samur Social y los servicios sociales— encargados de atender a mujeres embarazadas. Estos han anunciado que no van a asumir la obligación de informar a las usuarias sobre el síndrome posaborto, una dolencia que carece de evidencia científica definitiva que la respalde. La respuesta de los empleados del Ayuntamiento llega después de que el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Consistorio, aprobara la propuesta de Vox para que toda mujer que muestre intención de abortar sea informada de la existencia de un supuesto síndrome no avalado por la ciencia. Tal es la magnitud de la polémica que el propio Colegio Oficial del Trabajo Social de Madrid se ha pronunciado, en un comunicado, en contra de la iniciativa porque, dice, atenta contra los principios éticos de la profesión. En 2024, se notificaron en la Comunidad de Madrid 21.013 interrupciones voluntarias del embarazo.

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El Partido Popular se enfangó este miércoles en el ideario ultra para violentar a dos de los enemigos declarados de la extrema derecha: las mujeres y la ciencia. La dirección nacional del partido avaló la sorprendente decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y su grupo municipal de apoyar una propuesta de Vox que obliga a los centros de atención primaria a informar a las mujeres de que el aborto voluntario puede supuestamente causarles depresión, aislamiento, alcoholismo, anorexia o bulimia, entre otras enfermedades. Un síndrome inventado, carente del mínimo aval por parte de la comunidad científica.

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Cuatro comunidades autónomas siguen sin crear un registro de objetores de conciencia para la práctica del aborto. Es un requisito que mandata la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Son Madrid, Baleares, Aragón y Asturias, según un informe preliminar del Ministerio de Sanidad al que ha tenido acceso EL PAÍS. Andalucía figura en el documento como “en elaboración”, puesto que no lo tiene finalizado, pero ha tenido en audiencia pública un decreto. Asturias, en respuesta a este diario, asegura que está trabajando en uno.

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El Ministerio de Igualdad acaba de enviar al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley sobre violencia vicaria que introduce una novedad aterradora, ya anunciada hace unos meses por la ministra Ana Redondo: el juez podrá imponer al condenado la prohibición de hablar o escribir sobre su caso durante 20 años. La ley ya prohibía el contacto del reo con las víctimas o con sus familiares. Y, como con cualquier ciudadano, permitía censurarle si sus declaraciones atentaban contra el honor, la intimidad o la dignidad de cualquier persona. Pero esta nueva ley va mucho más allá: no persigue un daño real y concreto, sino que convierte en delito la mera palabra. Prohíbe, por ejemplo, que el reo se arrepienta públicamente de sus crímenes.

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La publicación frustrada del libro El Odio, escrito por Luisgé Martín, en el que José Bretón relataba el asesinato de sus dos hijos, abrió un debate público que el actual anteproyecto de ley del Gobierno ha querido recoger y canalizar. La propuesta introduce una prohibición de publicar o difundir contenidos relacionados con un delito cuando puedan menoscabar la dignidad o causar daño psicológico a las víctimas. Ese debate, que trascendía lo legal, nos situó ante una disyuntiva compleja: ¿qué hacemos con el relato del crimen, con la voz del asesino y con el derecho de las víctimas a no seguir siendo violentadas por quien asesinó a sus hijos? En aquel momento la víctima visible era Ruth Ortiz, madre de los niños asesinados, expuesta a una revictimización permanente. Lo que para unos era libertad creativa, para otros era un acto más de violencia de género: un asesino repitiendo la misma lógica de venganza con la que mató cruelmente a sus hijos.

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No hay semana fácil para el Gobierno en el Congreso. Después de dos años de legislatura, prácticamente cada sesión sigue planteándose como un examen a la salud del Ejecutivo, que ha arrancado el curso encajando derrotas significativas. El pleno de la Cámara baja volverá a medir su fortaleza la próxima semana con los socios divididos en el debate de otras dos normas fundamentales para la coalición: el decreto sobre el embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible, de la que depende un paquete de 10.000 millones de euros de los fondos europeos, según el Ministerio de Transportes. PSOE y Sumar no tienen aún los apoyos garantizados para que ninguna de ellas salga adelante y, como casi siempre, al previsible rechazo de PP y Vox se unen las reticencias de Podemos y Junts, lo que obliga a buscar otros aliados.

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La Audiencia Provincial de Murcia ha comenzado esta semana el juicio contra siete altos cargos del Gobierno murciano durante la era del popular Ramón Luis Valcárcel, entre ellos, sus consejeros de Urbanismo y de Medio Ambiente, que supuestamente promovieron un pelotazo urbanístico para construir 10.000 viviendas y dos campos de golf junto al Mar Menor, en terrenos protegidos medioambientalmente. El caso Novo Carthago llega a los tribunales casi 20 años después de que se modificaran planes de ordenación para dar luz verde a ese proyecto, que nunca llegó a iniciarse debido a la presión social y al estallido de la burbuja inmobiliaria.

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Este próximo 15 de octubre se cumplen siete años del asesinato en 2018 del guardia civil José Manuel Arcos Sánchez por los disparos de un delincuente a quien dio el alto aquella madrugada. El asesino, Juan Antonio Moyano, alias Kiki, fue detenido y juzgado dos años después. Se declaró culpable de homicidio y cumple 22 años de prisión. Aquella sentencia penal incluía una indemnización a la esposa y dos hijos del agente por valor de 335.000 euros que debía pagar Kiki, pero solo pudieron encontrarle 120 euros y se declaró insolvente. Tras la negativa del Ministerio del Interior a asumir ese pago y por sentencia judicial, la familia ha conseguido que el Estado tenga que abonarle la indemnización que el asesino no puede.

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