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Por primera vez en meses, Mohammed Hamdan Abu Shahab, de 40 años, se sentó el jueves con sus amigos para charlar y jugar al dominó, el juego de mesa que más le gusta. Ese simple gesto —sentarse a una mesa en la playa, en una zona considerada relativamente segura— era algo que había temido hacer durante los dos años que ha durado la guerra en Gaza. Abu Shahab sonrió al hablar de su inmensa alegría tras conocer el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Israel y Hamás habían firmado un acuerdo para alcanzar un alto el fuego. “El mayor logro es detener la matanza”, dice. “En los últimos días, temíamos irnos a dormir por la noche y no despertarnos por la mañana”.

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Desde la controversia del supuesto síndrome posaborto que el PP apoyó en el Ayuntamiento de Madrid a instancias de Vox, todos los movimientos de la cúpula nacional han ido dirigidos a cerrar cuanto antes el capítulo del aborto. Génova rectificó a toda velocidad la posición sobre ese síndrome no avalado por la ciencia y, después, se movió para que las comunidades del PP cumplieran con la exigencia legal de crear un registro de sanitarios objetores, después de que el Gobierno reclamara por carta a cuatro autonomías, tres del PP, que están incumpliendo. Dos de las populares, Aragón y Baleares, se apresuraron a anunciar que lo harán. Solo Isabel Díaz Ayuso ha ido por libre, al confirmar ayer que “nunca”, dijo, creará ese registro del que discrepa. La decisión de la presidenta de Madrid alarga al PP dos semanas el embrollo del aborto, lo que ha provocado un gran malestar en el conjunto del partido. Alberto Núñez Feijóo se ha visto obligado a ofrecer garantías de que el PP, si llega a La Moncloa, no pondrá trabas al ejercicio de este derecho de las mujeres.

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El Gobierno vivió la jornada del jueves como un auténtico regalo político. Isabel Díaz Ayuso eligió chocar de nuevo con Pedro Sánchez pero con dos elementos muy cómodos de combatir para el Ejecutivo. Primero, un debate muy incómodo para el PP, que divide históricamente a su electorado: el aborto, tanto que generó una discrepancia pública entre ella y el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Y segundo, un incumplimiento flagrante de una ley, la del aborto, que además está acordado en un Consejo Interterritorial de Salud y, por tanto, asumido por la Comunidad de Madrid, esto es el registro de los objetores de conciencia para poder organizar la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos.

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Crear una lista de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, como obliga la ley y reclama el Gobierno central, supone crear “una lista negra”, “estigmatizar” a los profesionales, y “señalarlos”. Esas opiniones, vertidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o los distintos portavoces de su ejecutivo, y coronadas este jueves con el “¡váyanse a otro lado a abortar!" de la baronesa, chocan con otra decisión de la propia Administración regional. Porque Madrid sí ha cumplido con el mandato de crear un registro de objetores a la prestación de la eutanasia, como se puede comprobar en una web oficial desde 2021. Una contradicción que el Gobierno madrileño, preguntado por este diario, no había explicado en el momento de publicación de este artículo, y en la que la oposición ve la señal de que se usa la polémica para provocar artificialmente un choque con el Ejecutivo central.

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Los juzgados tienen bloqueada una herencia millonaria. Se calcula en unos 14 millones de euros y es el resultado de un suculento patrimonio amasado en vida por el empresario leonés A. F. D., fallecido en 2021. Una mansión lujosa de 400 metros cuadrados en Madrid, fondos en cuentas bancarias, acciones en empresas, una finca cinegética en León… Un ciudadano de 51 años de edad, natural de Eibar (Gipuzkoa), reclama una parte de esta fortuna tras acreditarse en los tribunales que es su hijo biológico, fruto de una relación extramatrimonial nunca reconocida por el progenitor. La prueba de ADN determinó que es así con una probabilidad del 99,9999%. El Tribunal Supremo lo ratificó en una sentencia en 2022. El reparto de la suculenta herencia está en el aire porque su padre lo desheredó, pero los tribunales tienen que resolver ahora a quién corresponde recibir semejante riqueza.

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“Estética tradwife, preppy y conservadora con cuenta de OnlyFans”, dice en X Noelle, que se define en la red social como “la chica más tonta, sexy y medianamente ingeniosa que jamás conocerás. Mujer STEM [acrónimo de los términos Science, Technology, Engineering y Mathematics, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas] y exalumna de la Universidad Estatal de Ohio”. Junto a su descripción, aparece un link a su perfil de OnlyFans. Forma parte de una nueva vertiente de mujeres que defienden valores conservadores y abrazan con orgullo el rol de la diosa doméstica perfecta... pero con un giro.

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El Gobierno de Juan Manuel Moreno tenía constancia de los fallos y retrasos en los cribados del cáncer de mama desde hace más de un año, pero solo cuando le ha estallado en forma de escándalo ha improvisado en apenas unos días un llamado plan de choque con el que tratar de atajarlo. Las medidas que incluye, que implican la contratación de 119 profesionales, entre ellos 65 radiólogos, se circunscribirán casi en su totalidad al Hospital Virgen del Rocío, donde se han localizado, según la Junta de Andalucía, el 90% de los casos. “No estamos hablando de un problema de toda Andalucía, ni de toda la provincia de Sevilla, sino de un área muy concreta del Virgen del Rocío”, aseguró el presidente regional durante la comparecencia en la que anunció la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández. Sin embargo, los profesionales sanitarios consultados advierten de la tentación de querer circunscribir la crisis a fallos en un solo tipo de prueba diagnóstica o a un solo centro hospitalario: “Esto no es un error puntual, es estructural, no es algo simplemente del cribado de cáncer de mama, está pasando en todas las pruebas diagnósticas en cualquier provincia y en cualquier hospital”, llama la atención un radiólogo que, como todos los consultados por este diario, pide no dar su nombre ni su especialidad, porque asegura estar recibiendo presiones para no hablar con la prensa por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

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Hace un año, el 10 de octubre de 2024, el Congreso, habitualmente fracturado, aprobó, con 344 votos a favor, casi por unanimidad, la llamada ley ELA. En esa jornada, que se ensalzó como “histórica”, salió adelante la norma que pretende mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de curso irreversible, y también la de sus familiares. Ya entonces todos los portavoces políticos alertaron de que la puesta en marcha de las ayudas a los afectados, y del plan de choque previo que contempla la norma, no debía dilatarse: “Los enfermos de ELA no disponen de tiempo”. Sin embargo, doce meses después, las trabas burocráticas, administrativas y de gestión hacen que las mejoras previstas no lleguen, y los culpables son muchos, pese a que las buenas intenciones se mantienen. Sanidad, Derechos Sociales, las autonomías y ConELA, la principal asociación de afectados, no paran de reunirse para despejar los obstáculos, pero el tiempo apremia.

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La francesa Gisèle Pelicot, que fue violada durante años por su marido y decenas de hombres con los que este contactaba por internet, iba a menudo al médico con dolores de cabeza, pérdida de memoria y otros síntomas que nunca se relacionaron con la violencia que sufrió. Es un caso extremo: narcotizada, ni siquiera ella era consciente de lo que padecía. Pero muchas otras víctimas de violencia de género sí lo son y, como indican varios estudios, van más al médico que la media, lo que convierte a los centros de salud en un lugar privilegiado para detectarla.

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“Cuando han aparecido los primeros restos”, explica Luciano Montero, nieto de uno de los fusilados que se buscan en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor (Cáceres), “hemos sentido un alivio enorme porque hoy [por este jueves] el Parlamento extremeño ha derogado la ley de memoria y probablemente no hubiéramos podido seguir. Pero ya han sacado tres cráneos con agujeros de bala y esto no lo para nadie. Quizá suene macabro, pero es como si nos hubiera tocado la lotería”. Como han hecho en otras comunidades, el PP y Vox han derogado la ley regional, impulsada, en este caso, por el Gobierno socialista del recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, para sustituirla por otra llamada “de concordia” que evita referirse al golpe de Estado de Franco en 1936 como tal -“La guerra civil española llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”, reza el texto- y que tampoco llama dictadura a los casi 40 años de represión del régimen franquista. El diputado de Vox que ha defendido la iniciativa, Óscar Fernández, ha asegurado que la nueva norma “se centra en recuperar a personas queridas”, pero ni los partidos de la oposición ni los colectivos memorialistas extremeños se fían de que vaya a ser así.

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El primer cobro de la Tasa de Gestión de Residuos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid ha llegado acompañado de las críticas de la oposición y las quejas de los ciudadanos. Desde septiembre, los madrileños deben poner de su bolsillo 141 euros de media al año por hogar para sufragar el servicio de recogida y tratamiento de la basura, según el cálculo del Gobierno local. Un importe que puede ser superior o inferior en función de la situación de cada persona. El Consistorio, dirigido por Jose Luis Martínez-Almeida (PP), ha descargado la responsabilidad del cobro en el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE), utilizando como argumento una ley que aprobó el Ejecutivo en 2022 para cumplir con las exigencias de la Unión Europea (UE) en materia de reciclaje. La oposición critica al Ayuntamiento por no haber maniobrado dentro de los márgenes que le permitía la norma estatal para gravar la gestión de la basura en función de la renta de la población, o penalizar el uso turístico de las viviendas. Ni siquiera la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que aprobó Almeida en octubre de 2024 para compensar la nueva tasa sirvió para calmar las aguas.

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El presente es brumoso y el futuro no está, pero el pasado nunca nos abandona y, además, tiene la capacidad de transfigurarse sin fin. De la época victoriana y posvictoriana británica permanecen la idea de excepcionalismo, la obsesión por la clase y el dinero, la adoración por la técnica y la irrupción de las luchas por diferentes tipos de igualdad. Fue el punto álgido y el inicio de la caída de un imperio regido por una sociedad organizada bajo un sistema de castas no tan diferente —con otros códigos y en otro contexto— al de la India, la Joya de la Corona entonces.

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“Ha escrito un tremendo ‘basta ya’ a la cultura antifeminista y antifemenina de las chicas buenas que nos devora, esta cosa pentecostal del clean look, la de las madres amantísimas, la de la putofobia, la de la plumofobia y la de la estética de amasar pan mirando por la ventana”. Estas palabras llevan el sello de Alana Portero y se refieren a Noemí López Trujillo, autora de Me dibujaron así (Península, 2025). Desde niña aprendió que la hiperfeminidad se relacionaba con la frivolidad y con la maldad. Fue al descubrir a figuras como Pamela Anderson, Britney Spears o La Veneno cuando comprendió que la feminidad, vista por tantos como una amenaza, era, es y será parte de su identidad. En un mundo que aplaude y teoriza sobre “las nuevas masculinidades” (“ni sé qué son, ni me interpelan”, dice con firmeza antes de aclarar que de lo que hay que hablar es de la feminidad), la autora celebra todo lo que se considera “de chicas”.

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La aprobación por parte de Israel y Hamás del plan auspiciado por Donald Trump para detener la guerra de Gaza es, sin duda, una noticia que merece ser saludada por cuanto el alto el fuego —que debe entrar en vigor esta tarde— supone el fin inmediato de una matanza indiscriminada de civiles gazatíes que ha costado la vida a más de 67.000 personas y horrorizado al mundo.

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El 10 de octubre celebramos el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Se cumplen 15 años desde que se creara la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM). La Comisión, con sede en España, es una organización independiente que cuenta con el apoyo de 24 países de diversos continentes. Está integrada por expresidentes, antiguos primeros ministros y jueces, abogados y expertos hasta completar un total de 25 comisionados. Su principal misión es la de extender la abolición de la pena capital siempre que sea posible; y, si no, al menos la de lograr de los Estados retencionistas moratorias y suspensiones de condenas. Desarrolla esta tarea a través de una actividad de diplomacia persuasiva y discreta, impulsando foros y encuentros públicos, y prestando apoyo técnico cuando le es requerido.

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La tradicional educación represora señala el cuerpo como algo sucio y abyecto que hay que ocultar a la mirada de los demás. Las religiones monoteístas abrahámicas han sido especialmente eficaces en su empeño en disociar al ser humano. El alma es pureza, la materialidad en la que se encarna un recipiente que hay que tapar, someter, dominar y amordazar. La desnudez se convierte así en pecado y prohibición y por eso se transmite la vergüenza hacia la propia carne y sus pulsiones.

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Reñir a nuestra juventud porque no se siente vinculada con el Estado del bienestar habla más de nuestra hipocresía que de su egoísmo. Cabría preguntarse qué les hemos ofrecido a esos muchachos, más allá de precariedad salarial y vivienda imposible, para que apoyen nuestro modelo. Luego lamentamos que algunos de sus ídolos sean streamers huidos a Andorra. Quizás, aquellos que dan la patada a un sistema que a muchos no les ha permitido autorrealizarse, ni ser felices, sean vistos como los listos, a modo de nuevo ideal escapista.

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La cita oficial volverá a ocupar los focos: desfile, aviones, recepción de los reyes y, finalmente, muchos discursos en nombre de la hispanidad, un concepto abstracto que la RAE define como un intento de tratar de agrupar a todos los pueblos de habla hispana, pero del que, en la práctica, muchos de quienes forman parte de esos mismos pueblos se sienten excluidos. El origen de la polémica es fácil de entender: la efeméride conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, símbolo del poder de la España imperial para algunos y, para otros, inicio de un proceso de colonización que trajo consigo violencia, esclavitud y el expolio de los recursos de territorios enteros.

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“Tenía 16 años, venía con gorra y con cara de ‘yo no necesito estar aquí’. Su madre lloraba, el padre apretaba los puños. Y él, mientras tanto, respondía con monosílabos y ni levantaba la vista del móvil. Hasta que solté una frase mágica: '¿Tú estás aquí porque has querido o porque te han pillado?’. Me miró por fin. Sonrió, casi aliviado. Bingo". Quién cuenta este caso es Luis Miguel Real, psicólogo especializado en adicciones que plasmó cómo funcionan estas en su libro La mentira de la fuerza de la voluntad (Vergara, 2023). Este chico, según explica Real, “había estado apostando desde hacía más de un año, no a escondidas, sino con una naturalidad pasmosa”. Empezó con apuestas deportivas desde el móvil, primero con el dinero de los almuerzos, luego usando los datos del DNI de su tío. Al final ya no solo apostaba: mentía, manipulaba y robaba. A veces decía que necesitaba dinero para fotocopias o para el bus y, agrega el experto, “su madre, con una mezcla de culpa y desesperación, se lo daba”.

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