ARTICULO PRIMERO.- Conformar, el Comité de Dirección de...
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
En la recta final de la elección presidencial chilena del domingo 16 de noviembre, uno de los fenómenos que llama la atención de los analistas apunta a la fuerza de la derecha radical en esta carrera por La Moneda 2026. El candidato republicano José Antonio Kast, en su tercera postulación, obtiene un 23,26% en los promedios de las encuestas. Johannes Kaiser, candidato presidencial y diputado del Partido Nacional Libertario, que ha sobrepasado a Kast en la radicalidad de sus propuestas, alcanza un promedio de 11,95%. Juntos, por lo tanto, alcanzan un 35,16% y más que duplican a Evelyn Matthei, de la derecha moderada, que llega al 15,9% a menos de un mes de la primera vuelta.
Un robo histórico ha sacudido al Louvre. En solo siete minutos han desaparecido nueve joyas de valor incalculable: diademas, collares y broches con miles de piedras preciosas que pertenecieron a Napoleón y a la emperatriz Eugenia de Montijo. Se desconoce si los ladrones pedirán un rescate, si las piezas acabarán troceadas o si reaparecerán en el mercado negro del arte.
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Cuando Suzy Menkes le dedicó un perfil en The New York Times y lo tituló ‘La Freud de la moda’, poco sabía que 13 años y medio después orquestaría la primera exposición dispuesta a explorar de forma directa la relación entre el psicoanálisis y el vestidor. Dress, Dreams and Desire, la ha llamado. Apuntaba maneras. Comisaria en jefe del Museo del Fashion Institute of Technology de Nueva York desde 1997, y directora desde 2003, Valerie Steele (Boston, Massachusetts, 70 años) es la decana de la intelectualización de los “trapos”. Muy a su pesar. “A la moda se la desdeña. Es frívola, fútil, banal, estúpida, materialista, burguesa. Todas las cosas con las que los intelectuales no quieren que se les relacione”, espeta desde un despacho lleno de libros y flores. Los primeros son fuerza de hábito —es frecuente encontrarla los domingos en The Strand o en la biblioteca pública—. Las segundas, la resaca del día anterior: la tarde previa a nuestro encuentro telemático se inauguró la muestra, y las felicitaciones llegaban con buqué. “Parece un jardín”, dice con una sonrisa genuina.
La actividad en el frente de la disputada ciudad de Pokrovsk (este de Ucrania) vuelva a estar dominada, una jornada más, por el movimiento de los drones, convertidos en los protagonistas principales de la contienda. Un hecho insólito está a punto de ocurrir. Despega desde posiciones ucranias un pequeño aparato kamikaze, dotado, además de con un pequeño explosivo, de una cámara que permite observar la trayectoria del vuelo en directo. Poco después, se encuentra con un helicóptero militar ruso modelo Mi-8 contra el que el piloto ucranio logra impactar. Casi de inmediato, el aparato enemigo cae al terreno convertido en un amasijo de fuego. Con acciones como esta, el ejército ucranio trata de mantener sus posiciones más allá de los avatares diplomáticos que rodean el conflicto, con Kiev de nuevo bajo la presión del presidente de EE UU, Donald Trump, para que ceda ante Rusia en la mesa de negociaciones.
La fascinación de Tim Weiner (Nueva York, 69 años) por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) empezó cuando apenas tenía 13 años, al sorprender a un hombre que apuntaba la matrícula del coche de su padre, un reconocido psiquiatra y profesor universitario, después de que ambos asistieran a una protesta masiva en Washington contra la guerra de Vietnam. La familia enfrentó tres años de agresivas auditorías fiscales después del incidente.
La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”. El famoso dogma de Milton Friedman parece cada vez más anticuado hoy en día. Ante unas deudas públicas sin precedentes, unos déficits presupuestarios abismales y unas demandas cada vez mayores sobre las arcas públicas, la capacidad de la política monetaria para contener la inflación parece una tarea cada vez más quijotesca. Las nuevas investigaciones recuerdan a los inversores que siempre ha sido así. Si se quiere controlar la inflación, la disciplina presupuestaria es siempre y en todas partes el requisito previo definitivo.
Hasta hace no mucho los guardianes del patrimonio vivían de cara a los monumentos y de espaldas a la sociedad. Historiadores del arte, arquitectos, arqueólogos o restauradores han velado con rigor, sentimiento y ahínco para que la preservación de edificios, monumentos, esculturas o antigüedades con cientos o miles de años permanecieran en el mejor estado posible a pesar de la erosión del tiempo o la suciedad y el vandalismo generado por los seres humanos. Lo cierto es que la rentabilidad del turismo y de las acciones de marketing inmersivas han provocado el aumento de las interacciones humanas con el patrimonio convertido en reclamo publicitario.
Cuatro trabajadores fallecieron hace dos semanas en Madrid al derrumbarse un edificio en obras. Es una de las últimas tragedias que vuelve a poner dramáticamente nombres a un problema en el que España sigue lamentablemente lejos de los países europeos más avanzados: la elevada siniestralidad laboral, muy especialmente en la construcción. La estructura de la economía española, con un peso cada vez mayor de los servicios, debería favorecer la tendencia a la caída de la siniestralidad, incluso en un contexto de creación de empleo. Entre enero y agosto pasados, murieron durante su jornada laboral 398 trabajadores, un ligero descenso del 1,8% con respecto a igual periodo de 2024. Sin embargo, los fallecidos en la construcción subieron un 21,5% hasta sumar 113, más de un muerto cada tres días y la cifra más alta desde 2020 en este sector. En conjunto, la tasa de accidentes mortales se sitúo en España en 2023 en 1,71 por cada 100.000 trabajadores, frente a una media europea de 1,76. Es una tasa mejor que la de Italia, pero lejos de economías como Países Bajos o Alemania, el nivel que hay que ambicionar.
El equipo de gobierno de Jaume Collboni busca, este martes, un acuerdo en el tiempo de descuento para encarrilar las obras que permitirán unir el tranvía por la Diagonal. El PSC lleva a votación, en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, dos puntos básicos para instalar un colector y urbanizar la calle por donde la Autoridad del Transporte Metropolitano colocará, posteriormente, las vías del tranvía. Sin acuerdo en la Comisión, no hay urbanización y, por ende, tampoco tranvía. Barcelona cuenta con 41 concejales en el Ayuntamiento. Junts (11 concejales), PP (4) y Vox (2) ya han anunciado que votarán en contra de esas propuestas por lo que hay asegurados 17 votos contrarios a la urbanización. El PSC (10) cuenta con los votos de ERC (5) pero, cuando solo faltan unas horas para que se celebre la comisión, BComú (9) no ha decidido su voto. Todo apunta a que votarán a favor, pero la decisión es un tanto impredecible. Fuentes del partido aseguran que no les regalarán la aprobación de la urbanización de la Diagonal sin tener algunos compromisos en los presupuestos y ordenanzas fiscales de 2026.
La polémica sobre la próxima subida de cuotas sociales a los trabajadores autónomos vivió este lunes un nuevo capítulo que ha clarificado algo más el horizonte de pagos del colectivo para el año próximo. La nueva propuesta del Gobierno para subir estas cuotas en 2026, que rebaja notablemente el primer planteamiento que hizo Seguridad Social, incluirá una congelación de las cuotas para alrededor de 1,4 millones de autónomos, según los datos que maneja el ministerio. En concreto, la medida se dirige a aquellos encuadrados en los tres tramos de la denominada tabla reducida de cotización, porque declaran ganar menos de 1.166,70 euros al mes (14.000 euros al año), tal y como avanzó este lunes la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en una entrevista con EL PAÍS.
Un fallo de cálculo político de libro. Esta es la idea que se ha instalado en todo el Gobierno, tanto en el sector socialista como en el de Sumar, sobre el último incendio del Ejecutivo, esto es su enfrentamiento con los autónomos por las subidas de cuotas, que empezó a controlarse este lunes con una rectificación en toda regla de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
Las primeras pintadas que aparecieron en los muros del colegio privado concertado Irlandesas de Loreto de Sevilla -pocas horas después de que la Junta de Andalucía confirmara que la dirección no había activado el protocolo antiacoso en el caso de Sandra, la alumna que se quitó la vida tras haber denunciado en dos ocasiones bullying por parte de tres compañeras del centro- eran genéricas. Se dirigían a sus responsables y pedían justicia. Después del fin de semana, a esas advertencias -que se han multiplicado- se han sumado los nombres de esas niñas, todas menores de edad, junto al apelativo asesinas. Ese señalamiento también se ha trasladado a otros muros, los de las redes sociales, donde distintos perfiles, todos anónimos, han publicado sus fotos, sus apellidos e incluso las direcciones. La Fiscalía de Menores, que ha abierto un expediente de reforma sobre las presuntas implicadas, aún no ha recibido el informe policial con su identificación; en las paredes de su centro y en el ciberespacio, ya han sido condenadas.
Durante su VI Congreso, celebrado en Moscú en 1928, la Internacional Comunista aprobó la doctrina de “clase contra clase”, según el cual la revolución sólo podía triunfar si el proletariado rompía toda vía de entendimiento con el resto de clases sociales. En la medida en que los partidos socialdemócratas mantenían relaciones con fuerzas burguesas, no cabía colaboración alguna entre comunistas y socialdemócratas. Esta política de la intransigencia conducía a un enfrentamiento definitivo entre el proletariado y todas las demás clases. La socialdemocracia pasó a ser considerada no solo parte del enemigo, sino uno de sus elementos más peligrosos.
No sé si lo recuerdan ustedes, porque fue antes del verano, ergo hace cinco siglos (desde la pandemia andamos con la noción del tiempo averiada), pero este año nos quedamos sin corriente un día entero. Digo yo si es por eso que el presidente del Gobierno, quien aquel día no tranquilizó a la opinión pública hasta casi el atardecer (cuando el claroscuro ya jugaba con el ánimo de las familias y el Consejo de Ministros empezaba a parecer un cuadro de Caravaggio), salió ayer a primera hora del lunes a insinuar que nos va a devolver horas de luz.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dado este lunes un paso más en su investigación y ha citado por primera vez a cargos del PSOE para que declaren como testigos e intenten aclarar los pagos en efectivo de la formación a José Luis Ábalos y su hombre de confianza, Koldo García. Fuentes de Ferraz garantizan la “total colaboración con la justicia” del partido y aseguran que el PSOE ha recibido el requerimiento con “tranquilidad”. “No existe la financiación ilegal”, insisten las mismas fuentes en referencia a las pesquisas del Tribunal Supremo sobre esos desembolsos en metálico y después de negarse el exministro y su asesor la semana pasada a dar explicaciones ante el juez, acogiéndose a su derecho a no declarar tras los indicios de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre ingresos “irregulares y opacos“.
“Dimite o te haremos dimitir”, “rata”, “zorra”, “hija de puta vendida”, “dios te reprenda”, “chaquetero”... En estos términos se reproducen cientos de mensajes recogidos entre abril y junio contra los eurodiputados Nora Junco y Diego Solier, acusados por el líder de su partido Luis Pérez (conocido como Alvise) de haberse entregado a un lobby armamentístico. El Tribunal Supremo ha abierto una causa, la cuarta, contra el fundador de Se Acabó La Fiesta (SALF) por coacciones, amenazas y revelación de secretos tras instar a los votantes a “perseguir” a sus dos excompañeros. Las diligencias revelan que tuvieron que restringir sus redes sociales y cambiar de teléfono móvil.
Los médicos de algunos centros de salud de la Comunidad de Madrid que piden una ecografía para sus pacientes no consiguen que les citen. No es que se encuentren con grandes demoras (que también): cuando los administrativos intentan fijarles una fecha, se encuentran que las agendas están cerradas. Los pacientes se van a su casa sin cita y sin formar parte de las listas de espera oficiales.
Los museos son mucho más que lugares en los que se exponen obras de arte. Su poder simbólico es enorme. Cuando estalló la Guerra Civil española, los cuadros del Museo del Prado fueron evacuados y acabaron en Ginebra, en la Sociedad de Naciones, que los devolvió acabado el conflicto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rosa Valland, conservadora del Jeu de Paume, que entonces atesoraba a los impresionistas, se dedicó a inventariar las obras robadas para que pudiesen ser localizadas tras la derrota de los nazis. Su hazaña inspiró la película El tren, una obra maestra de John Frankenheimer, que relata cómo los trabajadores de los ferrocarriles franceses se coordinaron para impedir que un convoy cargado de obras de arte saliese del país hacia Alemania. Para ellos, evitar ese robo masivo de arte era salvar la memoria de un país que estaba sometido al yugo del nazismo y a la inmundicia de la colaboración.
Jesús Nebreda (Madrid, 38 años) salvó su vida por estar en su habitación y no en el salón de su casa. El domingo 20 de abril le despertó un fuerte estruendo a las seis de la mañana. Lo primero que vio fue una nube de polvo en suspensión y cuando llegó a la sala de estar, comprobó que se había desplomado parte del hostal ilegal (o piso turístico, a efectos prácticos) situado encima de su vivienda, aplastando todo lo que tenía debajo. “Esa semana había estado en ese salón con mis amigos. Pensé que podían estar muertos”, cuenta. El edificio entero, ubicado en el número 18 de la cuesta de Santo Domingo ―en pleno centro de Madrid― fue desalojado en cuestión de minutos. El hostal tiene 10 habitaciones, 10 baños, ninguna licencia de actividad válida y una orden de cese de 2024 que el Ayuntamiento de Madrid nunca ha llegado a ejecutar. Desde el área municipal de Urbanismo alegan que “lleva un procedimiento que aún está en curso” y que “falta estudiar las alegaciones presentadas por el interesado, ordenar mediante resolución el cese, comprobar con policía su incumplimiento e iniciar medidas de ejecución forzosa”.
España está a la cola de los países europeos en gasto público en vivienda. Esa es una realidad conocida entre los poderes públicos y el sector inmobiliario, pero que el lobby del alquiler residencial propone que se reconduzca a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que el Gobierno presentó el pasado mes. Concretamente, la cifra debería multiplicarse por prácticamente seis veces hasta llegar a los 8.000 millones de euros al año para llegar a la media europea, o lo que es lo mismo 40.000 millones en cinco años frente a los 7.000 millones que propone el plan del Ejecutivo.