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Si eres un apasionado del deporte y, en especial, del universo que abarca el fútbol y el baloncesto, este noviembre lo vas a recordar durante largo tiempo. En concreto, si te unes a la gran comunidad de suscriptores de Movistar Plus+. Durante este mes vas a poder disfrutar de los partidos del Real Madrid y el Barcelona que emite la plataforma online española al mejor precio: 9,99 euros al mes. Y con todas las ventajas asociadas que conlleva apuntarse a este formato de ocio (casi infinito): no se aplica ningún tipo de permanencia, no es necesario tener contratado ningún pack de internet ni datos móviles extra y, lo mejor de todo, la suscripción también incluye hasta ochenta canales temáticos, un estreno de cine al día y un excelso listado de series nacionales e internacionales.

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Creemos que en España no hay discursos de extrema izquierda atravesando el debate público, pero se pueden apreciar claramente con el tema de la vivienda. Se ha extendido el mantra de que no hay que construir más pisos para solucionar el problema, que las casas ya están en algún lado, y solo queda repartirlas expropiando a quien haga falta. Aunque esos relatos se disfracen de buenismo, solo están siendo útiles para sacar rédito del malestar ciudadano.

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Los sistemas tributarios son redes tejidas para atrapar los beneficios allí donde se generan, pero las multinacionales han aprendido a moverse entre sus hilos y escapar por algunos agujeros. España perdió casi 33.000 millones de dólares en impuestos corporativos entre 2016 y 2021 debido al “abuso” y la “elusión fiscal” de las grandes empresas. Es lo que asegura el informe State of Tax Justice 2025, publicado esta semana por la organización Tax Justice Network, una red internacional de investigadores y activistas que estudia los efectos de la evasión tributaria a nivel global. El estudio calcula que el país dejó de recaudar en esos años un total de 32.982 millones de dólares ―unos 31.000 millones de euros al cambio― a causa de las estrategias de traslado de beneficios a paraísos fiscales y jurisdicciones tributarias más laxas. De esa cantidad, unos 3.200 millones corresponden exclusivamente a multinacionales con sede en Estados Unidos.

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Han pasado cincuenta años desde aquel 6 de noviembre de 1975 en que Marruecos movilizó a cientos de miles de personas hacia el Sáhara Occidental, entonces administrado por España. Aquel avance civil, conocido como la Marcha Verde, entró en territorio saharaui mientras la administración española se replegaba dejando atrás muertos, familias separadas y una promesa de descolonización que nunca se cumplió.

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Nacho Taboada y Jimena Marcos

Ana Fuentes 

Nacho Taboada

Ana Ribera

José Juan Morales

Silva Cruz Lapeña

Jorge Magaz

Sería “la inversión industrial más importante de la década en España” y “la mayor en Valladolid desde la fábrica de Renault de 1953”. Habla así el ministro de Transportes y exalcalde vallisoletano, Óscar Puente (PSOE), porque la multinacional china Gotion High-Tech planea dedicar unos 5.000 millones de euros para construir en Valladolid una cadena completa de suministro de baterías para vehículos. Sería la primera factoría de este perfil en suelo europeo, pues actualmente solo existen en el país asiático. El proyecto viene de mano del grupo eslovaco Inobat, que desde 2023 trabaja para implantar en Valladolid una gigafactoría de baterías eléctricas y en cuyo accionariado ha entrado Gotion. El grupo oriental persigue afianzarse en Europa en un plan bendecido por el Gobierno, pues el viernes 31 de octubre se reunieron los dirigentes de la empresa con el presidente, Pedro Sánchez, y el propio Puente, interlocutor de los asiáticos y coordinado con el Ministerio de Industria. Los inversores ya han visitado los terrenos y esperan avanzar cuanto antes para asegurar la producción europea en tiempos de aranceles y fallos de distribución.

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Rusos y ucranios explican, cada uno según su propia versión, los bombardeos, movimientos de tropas, asaltos a edificios durante la batalla urbana y los avances y retrocesos que estos días tienen lugar en torno a la disputada ciudad de Pokrovsk (este de Ucrania). Pese a que el cerco de las tropas de Moscú está cada vez más próximo ―están a unos cinco kilómetros de completarlo―, Kiev se resiste a dar por perdida la que sería la principal plaza ganada por los rusos en más de dos años, desde que tomaron Bajmut en 2023.

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Si la apodan la chamana del punk es por algo. No solo porque comenzara su carrera recitando en iglesias. Patti Smith (Chicago, Estados Unidos, 78 años) sigue a rajatabla sus rituales profanos y tiene una simbología propia y privada, que encapsula en objetos aparentemente banales que en ella, a lo Proust, condensan emociones y recuerdos. En el momento de esta entrevista, la artista acaba de llevar a cabo dos de esos rituales. Ha aterrizado en Madrid a las tres de la tarde, procedente de Dublín, y se ha ido, como siempre, al Reina Sofía a rendir pleitesía al Guernica (un ritual que cumplía semanalmente cuando el cuadro estaba en el MoMA de Nueva York), a comerse un bocadillo de calamares y a tomarse un café solo observando a la clientela. Llega al encuentro acariciando un libro de Rimbaud, su adorado Rimbaud, al que debe su vocación como poeta y que le ha regalado Lumen, su editorial española. “He ido acumulando objetos. Tengo algunas postales que aparecen en este libro, manuscritos de Artaud, de Emily Dickinson…, pero no soy una coleccionista en realidad. Guardo cosas que me permiten recordar y sentirme bien. Una piedra que encontré en la tumba de Osamu Dazai, el libro de Pinocho que leía de pequeña…, aunque si tuviera que quedarme con una sola cosa, sería mi alianza”, dice, señalando un sencillo anillo de oro colgado de su cuello. “Del resto podría prescindir. De esto no”.

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“Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes. Va a ser la época dorada. Vamos a darle la vuelta a todo y lo haremos rápido”. Hace exactamente un año, Donald Trump pronunciaba exultante estas palabras para celebrar su victoria en las urnas frente a la candidata demócrata Kamala Harris. Doce meses después, el republicano celebra un aniversario agridulce.

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“Nada ha cambiado, pero todo es distinto medio siglo después”, musita Juan José Escribá, de 76 años, mientras otea las dunas desde un todoterreno camino de la frontera norte del Sáhara Occidental. En 1975, este jubilado valenciano cumplía el servicio militar obligatorio tras haber concluido los estudios de Economía. “No supimos lo que estaba pasando hasta que nos ordenaron evacuar el territorio”, rememora poco antes de que se cumpla este jueves el 50º aniversario de la Marcha Verde, la masiva movilización humana con la que Marruecos forzó la salida de España de su última colonia norteafricana. Va camino de encontrarse en Tarfaya (100 kilómetros al norte de El Aaaiún, capital saharaui) con Mohamed Zuita, de 73 años, un enfermero llegado desde Marraquech para sumarse a la Marcha Verde. “No teníamos miedo. Nos dijeron que atravesáramos la frontera porque los militares españoles se habían replegado”, recuerda, ya retirado de su profesión, una vez en Tarfaya, desde donde partió una marea de más de 350.000 marroquíes por orden de su entonces rey, Hasán II, en dirección a la cercana línea fronteriza del Sáhara.

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De una manera u otra, la sombra del pasado siempre acecha en Rumania. En esta ocasión ha sido un himno con tinte fascista interpretado por un coro infantil en la recién inaugurada catedral de la Salvación del Pueblo de Bucarest, el templo ortodoxo más grande del mundo, lo que ha desatado una tormenta de críticas al recordar el régimen de Ion Antonescu, fiel aliado de la Alemania nazi de Adolf Hitler hasta 1944 y quien, pese a perpetrar su propio Holocausto contra judíos y gitanos, es recordado por parte del nacionalismo patrio por la supuesta época de progreso bajo su mando.

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Los ejecutivos con visión de futuro suelen soñar con liberar el valor oculto mediante la desintegración de conglomerados poco flexibles. La esperanza es que los inversores puedan evaluar mejor los diferentes negocios una vez que se hayan separado. Associated British Foods (ABF) podría ser la próxima en poner a prueba esa teoría, ya que el martes anunció que está considerando separar su minorista de moda rápida, Primark, de su división alimentaria. Aunque la medida tiene sentido, es poco probable que suponga una gran recompensa para los accionistas.

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La carestía de la vivienda es el principal y más apremiante problema de España. Cualquier iniciativa ambiciosa que sirva para impulsar el debate y llegar a políticas útiles sobre este asunto debe ser bienvenida. Ese es el principal valor de la proposición de ley de los Comunes presentada en el Parlamento de Cataluña. Sustancialmente, plantea que en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado los ayuntamientos puedan, con condiciones, limitar la compra de pisos o de edificios residenciales, con el objetivo de evitar la especulación. La proposición se inspira en un reciente estudio jurídico encargado por un organismo oficial barcelonés que defiende el encaje constitucional de limitar, tanto a nivel estatal como autonómico y municipal, la adquisición de pisos. Sería una medida urgente y excepcional, limitada en el tiempo y restringida a determinados requisitos —por ejemplo, solo se podría comprar una vivienda para que sea la residencia habitual del comprador durante al menos un lustro—.

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Tengo 17 años y, aunque todavía vivo con mis padres, ya empiezo a pensar en el futuro. Me preocupa ver que en este país los jóvenes apenas pueden independizarse. Los precios de los pisos son imposibles y los sueldos no acompañan. Parece que tener una casa propia se ha convertido en un lujo. Nuestros padres pudieron empezar una vida a los 20 y pocos; nosotros ni siquiera sabemos si podremos irnos de casa antes de los 30. Y no es por falta de ganas o esfuerzo, sino porque el sistema no lo pone fácil. Si queremos que los jóvenes podamos construir un futuro aquí, hacen falta políticas reales: más vivienda asequible, ayudas efectivas y oportunidades laborales dignas. No pedimos privilegios, solo una oportunidad de empezar.

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Las grandes batallas del pasado capturan inevitablemente nuestra atención por su dramatismo, ya sea por la gloria de los vencedores o la tragedia de los vencidos. Tras la victoria llega la paz, y parece que es en esos momentos donde la historia resuelve la encrucijada abierta por la guerra, donde los acontecimientos fijan su curso y ciertas alternativas quedan descartadas. La historiadora Lauren Benton sostiene en Lo llamaron paz que esta no es necesariamente la mejor manera de entender la violencia en la historia.

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Nuevo golpe para Carlos Mazón. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, magistrada de Catarroja que instruye el juicio sobre la dana, ha pedido este miércoles la citación como testigo de seis altos cargos del núcleo duro del Gobierno del president valenciano (ahora en funciones) para conocer qué conversaciones telefónicas mantuvieron tanto con Mazón como con la exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, imputada en el proceso durante las inundaciones provocadas por la dana y que causó la muerte de 229 personas.

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Dos días después de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat valenciana, el PP no tiene todavía un candidato a sucederle. La situación carece de precedentes en el PP: cuando Francisco Camps dimitió como presidente de la Generalitat en 2011 por su imputación en la causa de los trajes, el PP tardó solo tres horas en elegir a su sustituto.

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Cuando anuncia una política agresiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suele ofrecer alguna justificación grotesca —una ficción sin sentido que se supone que debe quedar grabada en nuestras mentes como fundamento de la violencia. Cuanto más nos traguemos estas mentiras ahora, más difícil nos resultará cuestionar futuras falsedades, porque eso pondría en tela de juicio nuestra visión de nosotros mismos como seres inteligentes.

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Juan Carlos I aprovecha sus memorias para ofrecer por vez primera su versión sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y el papel que jugó aquella noche, que ha sido objeto de múltiples especulaciones y controversias. “No tengo nada que ocultar”, proclama. Lo primero que hace es negar que perdiera la confianza en Adolfo Suárez y que este hecho precipitase su dimisión como presidente del Gobierno en enero de aquel mismo año. “Se ha pretendido que yo había tomado distancias con él. Nada más falso. Él conservaba mi confianza, mi reconocimiento y mi sincera amistad. Pero mi papel estaba entonces limitado por la Constitución [en vigor desde diciembre de 1978], una distancia institucional de mi parte era en esos momentos de rigor”, alega para explicar su frialdad hacia él. El Rey revela que Suárez le anticipó su decisión de dimitir en uno de sus despachos habituales. “No es necesario ni obligatorio que dimitas”, asegura que le dijo. A lo que este le respondió: “He tomado mi decisión y no me volveré atrás”.

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