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Nos encontramos en el Parque Nacional de Amboseli (Kenia), en la década de 1980. Hace calor, y una cría de elefante parece demasiado débil para incorporarse. Han pasado ya cuatro horas desde su nacimiento y aún no ha probado ni una gota de leche. Junto a ella, hay tres hembras desesperadas: su madre, Tallulah, una primeriza de 17 años; Tara, una adolescente de su grupo familiar; y Cynthia Moss, una científica estadounidense que observa la escena desde su coche.

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Un estudio aparecido en 2024 en Nature identificó seis biotipos de depresión a partir de las dinámicas cerebrales de más de 800 pacientes. Mediante resonancias magnéticas funcionales, se vio, por ejemplo, que algunos de ellos reportaban sobreactividad cognitiva, mientras que otros arrojaban un patrón de bajo rendimiento en el circuito neuronal que controla la atención. En su correlato terapéutico, los primeros respondían mejor a ciertos tipos de antidepresivos y, entre los segundos, la psicoterapia no funcionaba, al parecer, demasiado bien. En otro grupo de pacientes, la norma era una hiperconectividad de circuitos cerebrales y el alto beneficio de las intervenciones conductuales. Los otros tres biotipos también presentaban sus particularidades neurológicas y sus distintos niveles de respuesta terapéutica.

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La inteligencia artificial (IA) es una devoradora de datos. Depende de ellos para ser eficaz, pero la escasez de su alimento en la proporción necesaria es un problema grave, especialmente para los agentes de IA, los robots conversacionales con capacidad para actuar en nombre del usuario y comprar, responder correos o gestionar facturas y agendas, entre decenas de posibilidades. Para ello necesitan saber del interlocutor, conocer su vida, vulnerar la privacidad, aunque sea con permiso. Las grandes tecnológicas ya investigan cómo hacer frente a este problema con varios frentes. Pero mientras, el acceso a datos, según Hervé Lambert, gerente de operaciones de servicio al cliente en Panda Security, supone un riesgo de “manipulación comercial, exclusión o incluso extorsión”.

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Cataluña vive con los presupuestos prorrogados desde 2023 y el Govern se ha propuesto acabar con esa anomalía y aprobar las cuentas. El Ejecutivo de Salvador Illa ha logrado en su primer año de mandato esquivar ese enorme escollo pactando con sus socios de ERC y los comunes tres suplementos de crédito por un importe de 4.000 millones de euros, pero aspira a no tener que repetir esta fórmula. Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO reclaman con firmeza al Govern que esta vez pacte los presupuestos para profundizar en recursos y fijar las prioridades de las políticas públicas. El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, afirma que Cataluña no se puede permitir carecer de cuentas otra vez y que no imagina otro escenario, pero Esquerra ha reiterado que no habrá pacto sin mejoras sustanciales en la financiación.

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En Barcelona, el alcalde, Jaume Collboni, admitió este martes que en el Ayuntamiento el primer debate del curso será el presupuesto. “Lo presentaremos en tiempo y forma”, dijo sin adelantar fechas el primer edil, que en los dos años que lleva de mandato no ha logrado apoyo político para aprobar las cuentas. El primer año (2024) recurrió a una cuestión de confianza y este ejercicio, 2025, prorrogó.
En vistas a 2026, Collboni aseguró que tiene “un preacuerdo muy avanzado con Esquerra Republicana” que espera que “acabe bien”.  A partir de ahí, dijo: “Haremos ronda con los grupos políticos municipales para aprobar tanto los presupuestos como las ordenanzas fiscales. Estamos dispuestos a dialogar y ser flexibles” para lograr consenso. ERC negó la existencia de un preacuerdo.

El proyecto audiovisual del expresidente de Inditex, Pablo Isla, ya genera los primeros beneficios. Fonte Films, una de las primeras iniciativas empresariales que el ejecutivo puso en marcha tras su salida del gigante textil, alcanzó en el ejercicio 2024 un beneficio neto de 230.000 euros, según las cuentas que acaba de depositar en el Registro Mercantil.

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Los accionistas de la promotora de viviendas Vía Célere continuaron en 2024 con un elevado reparto de dividendo, mucho mayor que el beneficio de la inmobiliaria, tal como lo han hecho en los últimos cuatro años. Una de las consecuencias es la rebaja del patrimonio neto y de la prima de emisión de la compañía. Este desembolso para los dueños de la inmobiliaria llegó meses antes de que el fondo CBRE Investment Management (CBRE IM) decidiese entrar en el capital de la promotora, con compromiso de inversión de 300 millones de euros, según anunciaron ambas firmas a mediados de julio. La entrada de CBRE IM dará salida a algunos accionistas, según indican desde esta empresa.

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“Nos acompaña un personaje clave en la historia de España. Durante mucho tiempo vivió en los márgenes y acabó colándose en los despachos de los más altos representantes del país. En los despachos y en algunas de sus camas”. Así presentaba la periodista Marina Fernández a la inclasificable Bárbara Rey. La locutora entrevistaba a la amante del emérito en el programa Aquí Catalunya de la Cadena Ser. Lo hacía en el estudio Toresky de la capital catalana. Para ella reservaron el espacio más noble del edificio de Prisa en Cataluña, justo tres pisos por debajo de mi escritorio en la redacción de EL PAÍS. Fue a principios de julio. Una de las grandes muñecas rotas de España atravesaba la puerta que yo cruzo a diario. Hablaba con uno de los vigilantes a los que saludo, pasaba el torno… entraba en el Toresky. La vida de una de las mujeres más deseadas y envidiadas de este país estaba a punto de coincidir con la mía. Así hubiera sido si ese día yo no hubiera estado a 130 kilómetros del Toresky intentando informar sobre unos incendios en el corazón de Lleida.

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En medio de un auténtico bum turístico, con 63,7 millones de turistas llegados entre enero y julio solo por avión (un 6% más que en los primeros siete meses de 2024), España tiene previsto ampliar su oferta hotelera con la construcción y renovación de 775 hoteles hasta finales de 2028. La nueva oferta supone un aumento del 4,7% sobre el parque hotelero actual y exigirá una inversión de cerca de 7.800 millones de euros. Ese aumento de la planta hotelera consolida la posición de España entre las principales potencias turísticas mundiales, pero exige a su vez una planificación cuidadosa para no saturar destinos ya masificados, limitar su impacto sobre el medio ambiente y evitar desplazamientos de otras actividades económicas o de los vecinos por culpa de los nuevos proyectos. Todo lo cual hace no solo deseable, sino imprescindible la colaboración entre todos los niveles de la administración para evitar que la industria turística española muera de éxito.

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El verano pasado fueron las caravanas. Aparcaban por doquier y convertían el pueblo donde veraneo en un campamento nómada. Este año ya no se ven tantas. Las han sustituido las furgonetas camperizadas, la mayoría con técnicas caseras. Los tutoriales sobre cómo convertir una furgoneta vieja en salón-dormitorio son un éxito en YouTube. El pueblo ya no parece un campamento nómada, sino un episodio de dibujos animados de Los autos locos: hasta pasaron un señor francés y un perro que recordaban a Pierre Nodoyuna con su perro Patán. Vehículos de todo tipo apañados en mil estilos intentan darle un toque chic o aventurero a la precariedad vacacional. En los hoteles y en los restaurantes, cada vez más extranjeros y gente mayor y bien vestida, veraneantes de toda la vida. Fuera, la plebe viaja y duerme en cacharros porque, con la ración de navajas a 20 euros; el pulpo, a 30, y la noche en el hostal, a 200, ya no hay quien vacacione como antes.

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El Museo Británico, en Londres, es una de las maravillas del mundo. Aun si uno proviene de esos lugares concienzudamente saqueados para abastecerlo de artefactos, debe reconocer que es un sitio asombroso. Millones de visitantes cruzan sus puertas cada año, y muchos acuden a ver algo en concreto: la piedra de Rosetta, los mármoles del Partenón o los leones de Nimrod. Pero en los últimos años ha habido una novedad. Cada vez más gente llega buscando en el departamento de asiriología una tablilla de barro más pequeña que un teléfono móvil, e incluso se saca fotos con ella.

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Como buen veneciano —aunque nació en una casita de verano en una playa entre Rímini y Rávena—, el historietista Hugo Pratt (1927-1995) no tenía carnet de conducir. Pero eso no le impidió ser un viajero entregado, de esos que se adentran en nuevos territorios y culturas a tumba abierta. Quizás porque antes de esos pasos hubo libros. Decenas de libros. “Un viaje es una búsqueda que surge de una lectura”, afirmaba el autor de Corto Maltés.

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Hubo un tiempo en el que por esta urbanización de lujo desfilaron apellidos ilustres como los de Botín o Manrique. Hoy uno menos sonoro, García, vincula a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, con parte de la propiedad de un chalet en Camorritos, Cercedilla. Pero nadie sabe cuánto tiempo podrán seguir disfrutando ella y el resto de vecinos de las viviendas. La Comunidad de Madrid decidió en septiembre de 2024 que debían abandonarlas, pues su construcción en este monte de utilidad pública fue amparada por una concesión del suelo de 99 años que ya ha terminado. Y eso ha abierto un conflicto político, administrativo y judicial de tal magnitud, que el gobierno regional ha tenido que buscar ayuda externa para afrontarlo: los 900 afectados han registrado ya 329 recursos de reposición, y, por el momento, 43 recursos contenciosos administrativos contra su salida de las viviendas. Una guerra total que ha llevado al Ayuntamiento de Cercedilla a licitar otro contrato de asesoría jurídica de casi tres millones de euros, pues el caso puede acabar en el Supremo y el Constitucional.

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Como la mayoría de los 16.500 vecinos del Casco Histórico de Toledo, Mari Carmen Zamorano está acostumbrada, muy a su pesar, a sortear las riadas de turistas que los fines de semana inundan la calle Hombre de Palo, una de las tres zonas, junto a la Plaza del Consistorio y el Pasadizo Balaguer, declaradas “saturadas” en la primera ordenanza turística de la ciudad. El texto, defienden desde el bipartito de PP y Vox, busca equilibrar esta actividad con la calidad de vida de sus residentes. “Es un buen paso para empezar, aunque insuficiente”, dice esta vecina de 47 años, que desde hace siete reside en una de las calles más estrechas del Casco toledano y que ha tenido que aguantar cómo algunos turistas le reprochan su osadía cada vez que intenta salir o llegar a su garaje. “Hay turistas que me han dicho que cómo se me ocurre vivir aquí, que me vaya fuera. Sientes que estorbas en tu ciudad”, cuenta a EL PAÍS desde el portal de su casa. Es la llamada turistificación, que junto a la gentrificación y la explosión de viviendas turísticas vacía de comercios tradicionales y de vecinos estos barrios.

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Horas antes de que Donald Trump recibiera el lunes en Washington a Volodímir Zelenski para trasladarle los términos en los que Vladímir Putin estaría dispuesto a hablar del final de la guerra, el propio presidente ruso envió al mundo un nítido mensaje sobre su posición. Los drones del ejército ruso atacaron de madrugada un edificio de viviendas en el norte de la ciudad de Járkov mientras sus residentes dormían. Las bombas arrasaron pisos enteros. Murieron siete personas en el acto, entre ellos una familia entera con dos hijos menores. El día antes, en una victoria diplomática para Putin inconcebible hasta este fin de semana, el presidente de Estados Unidos había aceptado la idea que no es necesario un alto el fuego en Ucrania antes de sentarse a negociar un acuerdo de paz.

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En los últimos días, el Congreso brasileño se ha centrado en un único tema: la elaboración de leyes contra la “adultización” y la “sexualización” de los niños. Hasta los diputados que se habían amotinado en protesta por el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro han vuelto al trabajo. En siete años, el Congreso brasileño no ha aprobado ni una sola ley sobre el tema. En la última década, 75 propuestas relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes en internet han acumulado polvo en el Parlamento. Pero solo entre el 11 y el 15 de este mes se han creado 59 nuevos proyectos de ley sobre el asunto.

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Incendios devastadores arrasan España. Cuatro muertos, numerosos heridos, bomberos exhaustos, 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) movilizados en labores de extinción, decenas de miles de vecinos desalojados, agotados y angustiados, casas y pueblos incendiados, 350.000 hectáreas de bosque destruidas, numerosísimos fuegos simultáneos, sensación por momentos de desbordamiento de los equipos ante la extraordinaria extensión, fuerza y velocidad de las llamas, el mayor dispositivo europeo de colaboración contra incendios de la historia,… La sociedad española se siente conmocionada, hay sensación de impotencia, existe alarma social. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acertado al proponer un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Estamos de hecho ante una iniciativa de calado histórico. Para situarla en su contexto, se necesita comprender la fase de la emergencia climática en la que nos hemos adentrado.

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Han contado los vecinos la rapidez con la que tuvieron que salir de sus casas y dejar sus pueblos, y cómo muchos de ellos se negaron a marcharse. Han contado que se sintieron solos y que ese abandono no es de ahora, sino que es de antes. Han descrito una fractura entre el campo y la ciudad de la que no son conscientes en muchos despachos de la gran ciudad. Han descrito un malestar.

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En los últimos años, una sucesión de crisis globales y un aumento de las desigualdades, así como la consolidación de las redes sociales como vía de comunicación, en las que se premia el conflicto, han dado paso a un aumento de la polarización política en las principales democracias del mundo. En lugar de buscar consensos, los actores políticos han explotado estas divisiones.

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Konrad Morgen, con cara de gris oficinista o empollón de instituto y que no resultaba de entrada intimidante ni embutido en su uniforme de las SS, no se parece físicamente en nada al correoso y recio detective de ficción Bernie Gunther, creado por la pluma del añorado escritor Philip Kerr, que también investigaba crímenes desde dentro del sistema policial del III Reich. Pero ese hombre de gafas de culo de botella y aire de anodino burócrata fue alguien real. Un juez y policía de las SS que vivió una vida peligrosísima actuando contra sus propios camaradas de la orden de la calavera en el filo de la navaja del perverso sistema judicial nazi y utilizando lo que quedaba de las leyes en el corrupto y amoral universo hitleriano para investigar y llevar ante los tribunales a la friolera de 200 miembros de la organización.

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