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Después de semanas con el discurso centrado en los casos de corrupción en torno al PSOE, Alberto Núñez Feijóo empezó este miércoles a cambiar el paso. El mismo día en el que el exministro José Luis Ábalos declaraba ante el Tribunal Supremo, el líder del PP podría haber seguido el mismo guion y haberse ocupado solo de las consecuencias políticas de que los indicios delictivos que pesan sobre el ex secretario de Organización del PSOE. Pero Feijóo dedicó gran parte de su intervención en la sesión de control en el Congreso a hablar de los impuestos, para acusar al presidente del Gobierno de “exprimir el país” y de “crujir a los españoles” con su política fiscal, haciendo hincapié en la propuesta del Ejecutivo para subir las cuotas a los autónomos. No era casual. Los populares, acosados por la crecida de Vox y en medio de una discusión interna sobre cómo combatir a los ultras, mueven ficha. El PP reorienta su estrategia y retoma la economía como uno de los ejes de su oposición, como venían reclamando en privado barones populares.

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En mi familia admiramos a quienes se mueren bien. Es un arte que, desgraciadamente, no está al alcance de todo el mundo y tampoco se puede hacer mucho por dominarlo, pero por lo general consideramos una buena muerte a aquella que no genera más sufrimiento del imprescindible en los demás ni en uno mismo. A ser posible debe llegar tras una vida bien vivida, y una vez inevitable no debe alargarse demasiado, aunque sí lo suficiente como para poder despedirse. Mercedes, mi prima querida de Zaragoza, falleció el mes pasado con la profunda sabiduría de quien lleva toda la vida muriéndose. Le diagnosticaron de niña un problema renal y sufrió innumerables sesiones de diálisis y dos trasplantes. Vivió hasta los 48, cuando decidió que no quería seguir prolongando su existencia con tratamientos agresivos. Cuando la oncóloga le dio las últimas malas noticias, le pidió permiso para hacerle dos preguntas: “La primera es si existe vida después de la muerte. La segunda es qué perfume usa, me gusta”. Paciente consciente y entera, fue crítica con el proceso de diagnóstico de la enfermedad que finalmente se la llevó, por si acaso así mejoraba la situación de otras personas. Incluso cuando quienes la rodeaban no podían más, ella desplegaba su sentido del humor, intenso y negrísimo.

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Isabel Natividad Díaz Ayuso es una mujer de 47 años, los cumple mañana, que quiere ser madre y no puede o, al menos, no ha podido hasta ahora. Lo sabemos porque lo contó ella este mismo martes sin que nadie se lo preguntara. Dos veces se ha quedado encinta la señora Ayuso queriendo y las dos la naturaleza no ha dejado que sus deseados embarazos llegaran a término. Un contratiempo, una hostia de la vida, un devastador drama, dependiendo de a quién le toque y de cómo le afecte, que afrontan cada año miles de mujeres que ven cómo sus ilusiones más íntimas se truncan de un momento a otro sin que puedan hacer nada más al respecto que intentarlo de nuevo o resignarse a no ser madres biológicas. Los médicos estiman que, para las embarazadas de entre 40 y 45 años, el riesgo de sufrir un aborto espontáneo oscila entre el 37% y el 50%. Isabel Díaz Ayuso ha pasado dos veces por ese trance. ¿Cómo no compadecerse y solidarizarse con ella? Imposible.

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Hubo un momento en el que vi en Ana Rosa Quintana el summum de la modernidad, quizás porque María Teresa Campos parecía permanentemente enfadada, algo que combina fatal con el primer café de la mañana, o tal vez por lo mucho que llegué a detestar aquel rancísimo Tendedero con Rocío Carrasco y el maravilloso Paco Valladares. Pero como el tiempo agria el carácter que es una barbaridad, abandoné a Quintana cuando apareció una muchísimo más desenfadada y menos indignada Susanna Griso. El amor por Espejo público se me rompió en cuanto dio voz a alguna de las personas más extremas del panorama actual: si había que hablar de ocupación, llamaban al líder de Desokupa y, si había que tocar la falta de mano de obra, al negrero del Asador de Guadalmina. Una senda peligrosa que siguió recorriendo porque el share parecía darle la razón. Por eso, para debatir sobre el precio del alquiler, llaman a un agente inmobiliario que vende pisos de un millón de euros por TikTok con vídeos que parecen parodias de Pantomima Full. La voz del pueblo.

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La evidencia científica es clara sobre la inexistencia del síndrome posaborto. Es un concepto no reconocido médicamente, arrinconado en el terreno académico. Lo ha admitido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del PP, que ha dado marcha atrás a una medida impulsada por Vox y aprobada por el pleno para informar a las mujeres sobre el mismo porque “no es una categoría científica reconocida”. Incluso Pablo Mariñoso, el coordinador de la web Quiero ser Madre, que se presenta como “la mayor plataforma web del movimiento provida” en España, ha afirmado que “no es un síndrome reconocido”. Y, pese a todo ello, puede servir para ganar un proceso judicial.

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La Comunidad de Madrid va a implantar un nuevo programa masivo de detección precoz del cáncer de cuello uterino, uno de los más frecuentes, con la oferta de tests más barata de cinco posibles. En principio esto parece la mejor opción para las arcas públicas, pero lo llamativo es que los propios expertos de la Consejería de Sanidad consideraron durante el proceso de compra que esa opción era técnicamente inferior debido a la menor cantidad de información que ofrece el test o al riesgo de toma incorrecta cuando la recogida de la muestra la hace la propia mujer y no un sanitario (una posibilidad que no descarta la Comunidad). El PSOE adelanta que pedirá explicaciones por vía parlamentaria sobre esta decisión, que ha sido posible porque el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso premiaba con 70 de los 100 puntos a la empresa con mejor oferta económica. Con todo, el tipo de test elegido por Madrid cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Juan Manuel Moreno tiene una alergia absoluta a las crisis de gobierno. En sus siete años de mandato ha cambiado piezas sin tener que cortar cabezas de manera traumática, los ha movido de un sitio a otro, pero todo muy estilo Moreno: limpito, con buenos modales y sonrisas. La grave crisis por el escándalo de los cribados de cáncer de mama del que se desconoce con exactitud su profundidad —¿cuántas mujeres hay afectadas en toda Andalucía?, ¿cuántos de otros cribados?, ¿cuántas personas están esperando tener su primer diagnóstico?— es, además, una grave crisis política, la principal y mayor de Juan Manuel Moreno desde que en enero de 2019 juró como presidente de la Junta de Andalucía.

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La creación de la especialidad médica de Enfermedades Infecciosas, una medida que llegó a verse como un paso natural y necesario tras el protagonismo que esta disciplina adquirió durante la pandemia —la ministra de Sanidad, Mónica García, mostró su apoyo a que esta “reivindicación histórica” se hiciera realidad—, amenaza ahora con enquistarse como problema de difícil solución para la sanidad pública.

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El sistema público de salud es, junto al educativo, uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Su importancia como elemento clave en lucha por la equidad social deriva de su eficacia y de la demostrada capacidad de sus profesionales, pero también de su transparencia y de cómo responda a las preocupaciones de los ciudadanos. En lo que respecta a estos dos últimos factores, España sigue teniendo en las listas de espera uno de sus principales fallos de gestión. Pese a que no son ni el único baremo de cómo funciona un sistema sanitario ni la imagen que arrojan resulta siempre fidedigna, siguen siendo uno de los mejores termómetros de la actuación de los poderes públicos y una de las cuestiones que causa mayor malestar social si la demora resulta desmesurada. Muestra palpable de esos fallos es que cinco autonomías (Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, todas gobernadas por el PP, y Navarra, con Ejecutivo socialista) oculten las listas de espera de las pruebas diagnósticas pese a que un decreto de 2003 obliga a publicar dicha estadística.

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“El mundo en el que crecimos ya no existe”. Esta frase es el pie de foto perfecto para cualquier imagen de los devastadores incendios de este verano. Otra catástrofe anunciada que vuelve a traducir a experiencia traumática un mensaje que la ciencia lleva décadas advirtiendo: por sus condiciones geográficas, España es el país europeo más vulnerable al cambio climático. Si a esto se le suman malas decisiones políticas, como el abandono forestal acumulado, la infradotación de servicios públicos o la incompetencia de gobiernos en manos de retardistas, el resultado es agosto de 2025.

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Pedro Sánchez quiere ganar las elecciones de 2027. No es tan descabellado pensar que eso pudiera ocurrir, viendo el estancamiento del Partido Popular en varias encuestas. La actualidad judicial se recrudece, pero aún queda mucho tiempo por delante. El Gobierno ha llegado a la conclusión de que su mayor baza en lo que queda de legislatura no será aprobar unos presupuestos ni exhibir músculo de gestión, sino lanzarse a la batalla cultural, a izquierda y derecha. De eso han ido las últimas semanas. La Moncloa ha sacado del cajón la propuesta de Sumar sobre incluir el derecho al aborto en la Constitución, tras los últimos envites de Vox. Sin embargo, cabe sospechar que el objetivo del Gobierno no pasa tanto por blindar ese derecho como por arrinconar a un PP timorato ante el auge de la ultraderecha. Si la reforma se llevara a cabo mediante el procedimiento que publicó EL PAÍS, el derecho a la interrupción del embarazo podría quedar incluso menos protegido que ahora. Así lo explican catedráticos de Derecho Constitucional como Miguel Presno Linera. Al incluirlo en el artículo 43 de la Carta Magna —en lugar del artículo 15, para evitar la reforma agravada del texto constitucional, que implicaría convocar elecciones y celebrar un referéndum—, el aborto podría perder su actual estatus de derecho fundamental. Se podría regular —a la baja— por ley, y quizás no podría ser protegido por el Tribunal Constitucional. Sánchez ha encontrado así un filón para dejar fuera de juego a Alberto Núñez Feijóo, aunque sea a costa de alimentar a la derecha más desacomplejada. Isabel Díaz Ayuso ya ha entrado en la polémica.

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Una de las frases que, después del franquismo, quedaron en la conciencia de los españoles, es que lleves cuidado con lo que dices o haces, porque un día podrían ir a por ti. La frase se escucha todavía recurrentemente, cincuenta años después, y responde a un modo netamente mafioso de entender el ejercicio del poder imponiendo una especie de omertà, es decir, de silencio forzosamente cómplice, ante los abusos y atropellos. No es algo, ni mucho menos, que haya pasado solamente en España —acuérdense del pobre Émile Zola en Francia—, pero sí que es un comentario que se escucha con frecuencia en España, y no realmente en el resto de países europeos.

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En un episodio de Padre de familia, los hermanos Jake y Maggie Gyllenhaal discuten sobre quién es peor actor de los dos. En estas entra el padre y dice, con tono conciliador: “Niños, niños… Los dos sois de pena”. El chiste es injusto con los Gyllenhaal, pero ayuda a ilustrar el sentir de muchos con la opa del BBVA al Sabadell, accionistas incluidos, y con el intercambio de anuncios y declaraciones. Da igual quien gane, por mucho que le pueda costar al BBVA 17.000 millones de euros, lo importante es que al menos dejen de discutir.

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El Gobierno está en el lado correcto de la historia y el lado correcto de la historia es en el que está el Gobierno. Es un lugar concurrido. En septiembre Abascal declaró que Vox estaba en el lado bueno de la historia y la lista que se puede hacer es casi infinita. Cualquiera diría que la historia no tiene un lado malo, lo que me hace pensar en el fotógrafo de un pueblo de Teruel que decía hace casi un siglo: “Póngase de perfil, que le voy a sacar dos orejas como dos abadejos”.

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No fue casual que Julio César pusiera la mirada en la ciudad romana de Obulco para preparar la contienda contra los hijos de Pompeyo. La batalla de Munda, que puso fin a las guerras civiles y a la época de la República para dar paso al Imperio, se fraguó desde Obulco, que llegó a ser la ciudad romana más extensa de Hispania, con 100 hectáreas amuralladas.

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Hay un cuento de los hermanos Grimm de nombre enrevesado, Rumpelstiltskin, que narra cómo una joven promete entregar su primogénito a una especie de duende cruel a cambio de que este le otorgue la habilidad de hilar paja para convertirla en oro. Cuando el hombrecillo va a cobrar la deuda, ella pide clemencia y él le ofrece una salida: si adivina cómo se llama, estarán en paz y el niño podrá quedarse con ella. La joven lo intenta una y otra vez, repasa todos los nombres conocidos, pero no lo adivina. Hasta que un sirviente llega con un extraño mote, Rumpelstiltskin. Ella lo pronuncia, acierta y se libera de cumplir el trato. El problema se resuelve.

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Cuando llegaron a La Moncloa, a los asesores de Mariano Rajoy les llamaba la atención una sala que siempre estaba cerrada. Un día, por fin, se acercaron a la puerta, oyeron a alguien, finalmente, se atrevieron a entrar.

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Para Eric Wamugu (Nairobi, Kenia), director sénior de programas y del laboratorio de datos de Code for Africa, la mayor red de laboratorios de tecnología cívica y democracia del continente africano, invertir en datos es capital para “acelerar el progreso” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a 2030. “Por cada dólar invertido en ecosistemas de datos en países de ingresos bajos y medios, se obtiene un retorno económico promedio de 32 dólares”, explica durante una entrevista con EL PAÍS en Vitoria, donde participa en el evento Diseñando la participación pública que deseamos en un mundo digitalizado: IA y tecnologías cívicas, organizado por Political Watch y My Society durante la Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto. “Queremos un desarrollo sostenible basado en datos y evidencia”, enfatiza.

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