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En la sala de espera de mi pediatra había un caballito de madera cuyo balanceo me consolaba cada vez que mi madre me anunciaba que no quedaba más remedio que acercarnos a la consulta de un señor que hablaba tan raro como escribía. Su dicción caótica (solo cuando me hice mayor, me enteré de que los adultos tampoco entendían nada de lo que explicaba) se correspondía milimétricamente con su proverbial mala caligrafía de galeno, con la que extendía recetas de jarabes que sabían a anís, justo antes de despedirte con un sugus de cereza. La verborrea de aquel hombre bondadoso y algo cómico aliviaba sobre todo a mi madre, una primeriza jovencísima que necesitaba que alguien sabio le asegurase, incluso a horas insospechadas, que de esa su nena no se iba a morir. A mí, en cambio, que fui una chavala doliente, constantemente consumida por unas fiebres valyrias que traían parejos unos dolores de oídos atroces (no he tenido hijos, de manera que eso es lo más cerca que he estado del suplicio un parto), lo único que de verdad me curaba era sentir las manos de ella, posadas sobre mis pabellones auditivos como orejeras de piel humana. Y, sin embargo, qué segura me sentía sobre aquella báscula con pesas, parecida a una romana, en la que se me quedaba el culo frío mientras él anotaba que yo progresaba adecuadamente. Se me curtió el sistema inmune, pegué el estirón, me salieron tetas, menstrué, cambié de médico porque así lo dicta la ley de la vida y ya nunca le volví a ver, pero mi hermana, que sí tuvo descendencia, también llevó a sus hijas a aquella consulta, donde a la mayor le detectó un problema en el riñón con solo mirarle el oído y a la pequeña le dijo que estaba sana como una manzana. En la sala de espera, el mismo caballito de madera seguía tranquilizando a los niños con su balanceo, tres generaciones después. Me lo confirmó la semana pasada, cuando nuestra progenitora nos mandó un wasap cortito: “Se murió el doctor Rojo. Me ha dado mucha pena”.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, comunicó ayer a los representantes de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que a principios del próximo año, entre enero y febrero, presentará una propuesta para nuevo modelo de financiación autonómica. El anuncio es una buena noticia, porque de esta bolsa dependen los recursos para los servicios más cercanos al ciudadano, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que prestan las comunidades. No puede caer en saco roto como pasó con iniciativas anteriores: la reforma del sistema es imprescindible y urgente, y el momento económico es propicio para llevarla a cabo. El actual sistema entró en vigor en 2009 con el compromiso de revisarlo a los cinco años. Sin embargo, ningún gobierno desde entonces ha cumplido con la tarea.

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Suena raro, pero en ocasiones conseguir un certificado de defunción, aunque sea uno con importantes lagunas, puede ser una alegría, una gran victoria a celebrar. Cualquiera que haya visto Aún Estoy Aquí, que le brindó a Brasil el primer Oscar de su historia, recuerda la escena. Eunice Paiva, viuda del diputado Rubens Paiva, al que la dictadura desapareció para siempre, posa orgullosa, con una sonrisa y el documento que acaba de recibir en el registro civil. Es 1996. Para entonces, la señora Paiva lleva 25 años de lucha para conocer el paradero de su esposo.

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Antonella Broglia es un torrente de energía en acción. Con un carrerón en publicidad, donde llegó a ser directora o CEO de grandes empresas, un día abandonó todo para saltar al activismo: del clima, la comunicación, el emprendimiento o la innovación. Italiana nacida en Módena en 1959 y doctora en Derecho, hoy aplica lo que aprendió a las causas que abraza. Ha pedido un capuchino, pero pone tal pasión al hablar que ni lo prueba.

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Jeremy Lewin tiene 28 años, pero argumenta como un chaval de 15 en un botellón. En su discurso, esta estrella en alza de la política exterior estadounidense combina las falsedades y el extractivismo propio de la doctrina Trump con un pasmoso desconocimiento de la historia y la geopolítica, lo que a menudo le lleva a colocarse en la posición de víctima: “Fuimos los pardillos del sistema global durante tanto tiempo”, dice. Su desprecio por los organismos internacionales y el sector público solo son comparables con su servilismo canino hacia el presidente y con la admiración que profesa por Elon Musk, en cuya unidad de demolición administrativa ―conocida como Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE― se fogueó. Lo que aprendió en aquellos meses tendrá consecuencias durante décadas.

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A veces la Comunidad de Madrid guarda un extraño silencio sobre las decisiones que toma en su sanidad. Por ejemplo, a partir de 2019 varios hospitales públicos gestionados por la empresa Quirónsalud comenzaron a citar a pacientes para hacerles resonancias en un nuevo turno de madrugada. Sus máquinas funcionan sin descanso, como las de una fábrica que nunca deja de producir. Pasada la medianoche del sábado en el Hospital de Villalba, en la sierra, los pacientes entraban a la sala de espera tras pasar por un pasillo y una recepción desiertos en los que solo se escuchaba un zumbido eléctrico. “Parecía que yo era la protagonista de una película de miedo”, decía Karen Angove, de 51 años, mientras esperaba su turno. “Pensé que abajo en el sótano había una morgue”.

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“¿Por qué no me dejan morir como quiero morir?”. Esta es la pregunta que Dolores Barrero le reiteraba a su hijo Lucas durante los dos meses y medio que transcurrieron desde que solicitó la eutanasia hasta que falleció el pasado 18 de febrero. Es muy similar a la que escucharon Gonzalo, Maxi, Marite o Laura -en su caso, nombre supuesto- de sus padres o sus parejas. La ley de la eutanasia entró en vigor en junio de 2021, pero Andalucía fue de las últimas en ponerla en marcha, en enero del año siguiente. Desde entonces, se han recibido 300 solicitudes, de las que se han realizado 103 prestaciones, el 34,3% -en lo que va de año, de 91 solicitudes, se han realizado 22, el 24%-. En el caso de los cuidados paliativos, 18.000 personas los reciben al año en la comunidad.

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El auge de la ultraderecha en España con su fuerte mensaje xenófobo tiene un reflejo acusado en algunas zonas rurales del interior, donde la presencia de los extranjeros es, sin embargo, escasa o prácticamente nula. ¿Quién va a limpiar en las casas si se les expulsa?, contestaba a Vox la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, con un interrogante interesado. Otros no se preguntan por la suciedad doméstica, sino por las posibilidades de empleo y desarrollo de una población que ya representa una quinta parte los residentes en España. Pero mientras los extranjeros sufren el repudio vecinal en algunos barrios de las grandes ciudades, mientras buscan trabajo desesperadamente, en la España rural crecen las ofertas laborales que nadie satisface: faltan electricistas, fontaneros, albañiles, carpinteros y desde luego personal que cuide a los ancianos de una Europa envejecida. ¿Por qué no hay migrantes en los pueblos más pequeños?

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El rey Juan Carlos estaba preocupado, incómodo. En los últimos despachos semanales el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, notaba una actitud inhabitual en el jefe del Estado. Era 2006 y pasados los años, el gobernante socialista ha explicado que esa incomodidad del monarca se justificaba por la intención del Ejecutivo de empezar la discusión y tramitación de una ley de Memoria Histórica antes de que terminara 2007. El presidente le preguntó directamente qué ocurría: “Bueno, tú sabes quién me puso aquí”. Ese “aquí”, era en La Zarzuela, en la jefatura del Estado. El dictador Francisco Franco decidió que muerto él, la Monarquía se restauraría en la persona del príncipe Juan Carlos como rey de España. De la muerte de Franco hasta la elaboración de la Constitución de 1978 pocas cosas estaban escritas, salvo que los Borbones volverían a reinar, aunque con las funciones y prerrogativas que decidieron los partidos políticos —ilegalizados durante 40 años y que protagonizaron la Transición junto a personajes del régimen que apostaron por la democracia— y el empuje de la calle.

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El 5 de noviembre de 1975. Franco agonizaba. Henry Kissinger, secretario de los Estados Unidos, envió un cable al embajador en España, Wells Stabler, con instrucciones sobre “la posición de US durante la transición”: favorecer cambios políticos graduales “hacia una sociedad más abierta y plural”; la transición debería estar en manos de “gente conservadora”; la participación de comunistas en un futuro gobierno sería “dañina” y “perjudicaría los vínculos con Estados Unidos y las instituciones de Europa occidental”. Además, Kissinger esperaba que los países occidentales europeos participaran en el funeral de Franco y en la coronación de Juan Carlos “como una valoración positiva del futuro, no en términos de recriminaciones sobre el pasado”.

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Solo recuerdo otras semanas de mi vida políticamente tan excitantes como las de noviembre de 1975: las del mayo del 1968 en París. En los dos casos, de pronto, sociedades estáticas y acartonadas, que ya no correspondían para nada a las expectativas de los jóvenes, parecían desmoronarse, caer en pedazos, exhaustas y decadentes, para dejar paso a una construcción nueva, a la imaginación y a la creatividad de unas generaciones que ya no se identificaban en absoluto con el marco en el que habían crecido. Momentos en los que todo pareció posible.

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La necesidad de dar forma a la realidad empezó con el primer Homo sapiens que talló en la cueva un hacha de sílex, golpe a golpe. Resulta trabajoso, requiere oficio, pero no hay alternativa: transformar la materia prima en herramienta útil para la vida exige fricción, incomodidad, incluso irritación cuando no salen las cosas.

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El algoritmo que domina mi timeline en X las últimas semanas resulta bastante efectista. Se divide en tres asuntos principales, con subtemas entrelazados. El primero trata de periodistas en la picota. La polémica recurrente estos días es la entrevista de Ricard Ustrell en El matí de Catalunya Ràdio a Luis Rubiales, quien solo unas horas después acabó siendo víctima de los huevazos de su tío. Este asunto deriva en varias tramas secundarias, que se resumen en criticar todo lo que haga Ustrell, desde sus editoriales en antena hasta la chaqueta que lleva, para acabar zurrando a la Corporación Catalana de Medios, en plena batalla por el cambio de nombre (3cat) que afecta a sus marcas históricas (TV3 y Catalunya Ràdio). La variante madrileña (que también copa mi feed) se ocupa de las batallas del ministro Óscar Puente, quien se lanza a pecho descubierto contra periodistas y medios. En este caso, la pendiente resbaladiza termina salpicando a RTVE y la supuesta instrumentalización que practica Pedro Sánchez. Todo muy pegajoso, con un sesgo inevitable de gremio.

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Las pesquisas de la dana que desarrolla la magistrada de Catarroja (Valencia) Nuria Ruiz Tobarra desde hace más de un año -recogidas en más de 42 tomos de sumario- ponen serias dudas en el discurso que el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, del PP, defendió este lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados.

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Si algo quedó claro este lunes tras las declaraciones de la exmilitante del PSOE Leire Díez y del empresario Javier Pérez-Dolset es que la causa acaba de arrancar. Ambos investigados, acusados de organizar un “plan delictivo” para “anular” investigaciones que afectaban a “políticos y empresarios” dejaron un reguero de nombres tal, que algunos abogados comentaban tras más de seis horas en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) que tenían dolor de cabeza. El juez del ya bautizado como caso Leire, Arturo Zamarriego, tiene tarea por delante para agendar la lista de testigos que no para de sumar apellidos. A uno de los que llamará de forma inmediata, según verbalizó en la sala y han confirmado distintas fuentes jurídicas, es al empresario constructor Luis del Rivero, que ejerció como enlace de la cita clave de ambos imputados con el fiscal Ignacio Stampa.

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Los cálculos son cada vez más alarmantes. Un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha cuantificado que 22,6 millones de personas ―casi la mitad de España― morirán de aquí a 2030 si se mantiene la brusca disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), es decir, de las subvenciones y préstamos que hacen países, ONG internacionales e instituciones multilaterales al sector oficial de países de ingresos bajos y medios o en situaciones de crisis. Si el pronóstico se cumple, la letalidad será mayor que la de la pandemia de covid 19. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2020 y 2021, hubo 14,9 millones de muertes adicionales en todo el mundo.

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Hay un polémico procedimiento médico que ha puesto en alerta a los neurólogos españoles: se trata de una cirugía mínimamente invasiva, realizada por cirujanos plásticos, que promete tratar la migraña. En España es una práctica residual, que ofertan solo algunas clínicas privadas, pero los neurólogos han lanzado la voz de alarma al detectar que estos procedimientos están proliferando: advierten de que no tiene evidencia científica suficiente, ni siquiera explicación biológica que lo justifique y piden a los pacientes que no se sometan a estas intervenciones.

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Han pasado seis años desde que el millonario pederasta Jeffrey Epstein se suicidó en la cárcel y el caso sigue sacudiendo la política de Estados Unidos. La Cámara de Representantes votará este martes si desclasifican más documentos en los que aparece el nombre de Trump. El presidente está contra las cuerdas. Les ha pedido a los suyos que voten a favor de la publicación porque, dice, no tiene “nada que ocultar”, pero ¿es cierto? ¿qué más detalles nos esperan en los documentos que se intenta desclasificar?

Bárbara Ayuso 

Ana Fuentes

Nacho Taboada

Ana Ribera 

José Juan Morales 

Ana Alonso 

Jorge Magaz 

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