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La autonomía de Europa no la resuelve una mina en Galicia, pero lo más probable es que en 2026 China también sea el país que lidere la producción mundial de litio. En marzo de 2024, la Unión Europea se dotó de un Reglamento de Materias Primas Críticas (enumera 34) y se propuso identificar proyectos estratégicos a los que reconocería como de interés público porque la industria del continente necesita, en la medida de lo posible, garantizarse su suministro. Un año después, se publicó la lista de los elegidos: 7 de los 47 son españoles. Uno es Doade en Beariz (Ourense). Este proyecto de minería subterránea para extraer litio quiere construirse en una superficie de 13,62 hectáreas, cuya propiedad es de la Comunidad de Montes Vecinal en Mano Común (CMVMC) Lama, Cega y Bisticobo. Su impulsora es la empresa aragonesa Samca, que ha creado una filial domiciliada en Galicia con este propósito: Recursos Minerales de Galicia. A su vez, dicha filial está participada en un 10% por Recursos de Galicia, una empresa de servicios públicos impulsada por la Xunta para invertir en proyectos de energía en la comunidad y de cuyo accionariado forman parte 30 empresas. Y existe una movilización popular para impedir la construcción de la mina: se acaban de registrar 3.000 alegaciones en contra por las tóxicas consecuencias medioambientales que podría tener.

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Mientras el Gobierno de Benjamín Netanyahu aseguraba que está dispuesto a aceptar el cese inmediato de las operaciones militares, como ha pactado con Donald Trump, el ejército de Israel mató este sábado al menos a 20 palestinos más. Esa es la realidad sobre el terreno cada día y cada hora que se prolonga la matanza indiscriminada de inocentes que Israel está ejecutando en Gaza. Resulta importante tener esto en cuenta cuando se juzga la propuesta de paz impuesta por el presidente de Estados Unidos el pasado lunes y aceptada por Hamás el viernes. Para los gazatíes no existen las consideraciones geopolíticas, legales o ideológicas. Tras dos años de horror, impunidad e impotencia, las opciones han quedado reducidas a una sola: vivir o morir. En estas horas cruciales, hacer que cesen los bombardeos es una prioridad absoluta. Agarrarse a una oportunidad para salvar vidas es una obligación moral. No mañana, hoy.

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Cuesta creerlo, pero han pasado dos años desde el 7 de octubre de 2023. Veinticuatro meses de terror y furia, 104 semanas de discursos en los que nos dicen que no falta nada para la victoria total, 730 días de muerte, bombardeos y hambruna. El tiempo vuela cuando está detenido. Hace solo dos años, una nación entera vio con impotencia cómo de la oscuridad surgía una pesadilla; y aquí estamos hoy, sin despertar de ese sueño escalofriante, sino viviéndolo a diario como una parte continua y asesina de nuestra vida: nuestra nueva rutina.

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Drama: no encuentran papelillos para fumar. Se palpan los dos sus chaquetas, pero nada. Buscan con los ojos algún estanco o bazar donde comprar. Ninguno de estos establecimientos a la vista. “Ey, sabía que los tenía en algún lugar”, anuncia de repente Íñigo Bregel, con la misma alegría que le produciría encontrar su tarjeta visa que creía extraviada, y saca los ansiados papelillos de un bolsillo del pantalón. El Canijo de Jerez respira aliviado. “¿Podemos posar con un porro?”, pregunta al fotógrafo de EL PAÍS. Son las 18.00 y la tarde luce agradable en el centro de Madrid. Los dos músicos se desperezan después de una noche larga que no acabó hasta las cinco de la madrugada. Se han puesto unos trajes de rumberos setenteros: de corte entallado, color ocre, con cuellos exagerados. Al Canijo el pantalón le queda grande, a Bregel, que mide 1,93, pequeño. Compró los trajes por Amazon la prima del Canijo. Así de chiripitifláutico es todo con estos tipos.

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Prácticamente sin moverse, sin apenas iniciativa política ni gestos de impacto, con apariciones muy escasas de su líder, Santiago Abascal, y una actividad parlamentaria nada destacable, Vox se está convirtiendo en el gran protagonista silencioso de la política española. Montado en la antipolítica que crece con las catástrofes ―ya sea incendios o danas―, en la ola antiinmigración que recorre el mundo, y en su éxito en las redes sociales y especialmente entre los más jóvenes, el crecimiento de Vox, que amenaza el espacio natural del PP, está poniendo tan nerviosos a los populares que les hace cometer errores claros como sumarse a su posición sobre un supuesto síndrome posaborto que la ciencia no avala.

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Ninguna de las esposas de los siete presidentes del Gobierno desde las primeras elecciones democráticas tras la dictadura ha seguido un manual o estatuto específico porque no lo hay. Cada una ha hecho lo que ha estimado conveniente con su carrera profesional. Unas pidieron excedencias y abandonaron sus respectivos trabajos; otras decidieron mantenerlos; todas tuvieron a su disposición asistentes sufragados por La Moncloa. Alguna vez ha surgido alguna polémica, como puede comprobarse en los diarios de sesiones del Congreso y del Senado, donde llegó a discutirse el uso de una piscina de la Guardia Civil, el séquito o los motivos de algún viaje o entrevista, pero nunca habían llegado tan lejos como hasta ahora, cuando el juez Juan Carlos Peinado acusa a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, de cinco delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional) y el PP habla más de ella que del propio Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde junio acusado de ser pieza clave en una trama de corrupción y mordidas millonarias.

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La instrucción del juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se ha convertido en un largo proceso cuestionado por juristas por ir más allá de lo debido en algunas decisiones y por la falta de indicios y de argumentación en otras. Algunas de ellas (como intentar imputar al ministro Félix Bolaños por malversación u ordenar ciertos registros) fueron corregidas por instancias superiores, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que Peinado se había “excedido” en sus actuaciones. Desde que se abriera la causa contra Gómez en abril de 2024, Peinado le imputa cinco delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional) y ya ha comunicado que, de llegar a juicio, su caso lo vería un jurado popular.

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Mensaje 1. “¡Eh, tú, ven, que te están robando! Da igual cuánto te esfuerces si el sistema está diseñado para que pierdas. La mejor opción que tienes para vivir mejor es cambiar el lugar en el que resides”, afirma el “consultor de negocios” Carlos Adams, extremeño residente en Andorra, dirigiéndose al espectador, al que luego tienta con un “plan de escape” de la Hacienda española. Mensaje 2. Tan cabreado que ha decidido tomarse el día libre, Pedro Buerbaum, el empresario que ganó fama con sus gofres de forma fálica, clama contra su “socio parásito”, el fisco, después de que su asesor fiscal le haya contado lo que le toca pagar a ese “ente externo que —dice— no me aporta nada”. Mensaje 3. Tras desvelarse que cobró 100.000 euros en negro, Alvise Pérez, lejos de avergonzarse, anima a los suyos a imitarlo: “Hacienda es una mafia. Todo impuesto que podáis evitar, no lo paguéis”.

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Se conocieron en un supermercado. Ella era la hija del jefe, un empresario pakistaní que la había enviado a supervisar uno de los establecimientos que regenta en Barcelona. Él era un empleado más, un chico indio que hacía poco tiempo había aterrizado en España. Sara y Arush se gustaron enseguida. “Había mucha simpatía, nos encantaba pasar tiempo juntos”, explica ella. Pero su amor estaba condenado, sobre el papel, al fracaso. Lo tenían todo en contra: la religión, la clase social, la geopolítica… Y sobre todo al padre de ella, que nunca iba a aceptar la relación (no la ha asumido aún hoy) y pretendía casar a Sara, en Pakistán, con el hijo de un amigo.

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Un día internacional contra el matrimonio forzado

La asociación Valentes i Acompanyades apoya a las víctimas de matrimonio forzado, pero también promueve la "sensibilización" contra un fenómeno que persiste y se resiste a desaparecer, también en las sociedades occidentales. La entidad está impulsando una campaña para que se declare un día internacional contra los matrimonios forzados. "Se trata de que el tema vuelva a situarse en la agenda internacional y renueve la voluntad de la ONU de combatirlo", explica Pia Bosch, secretaria de la junta y persona que está impulsando la iniciativa. Este tipo de conmemoraciones tienen más probabilidades de prosperar si un Estado, en este caso España, presenta la propuesta ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

En ese flanco está trabajando precisamente Bosch, que ha mantenido ya contactos con representantes del Ministerio de Igualdad. La propuesta, afirma, ha sido bien recibida. "El ministerio nos ha confirmado su interés, son conscientes de la afectación que tiene este asunto en mujeres que viven en nuestro país", explica Bosch. Tanto los estudios como la observación de las responsables de Valentes —una entidad única en España por sus funciones— demuestran que la realidad de los matrimonios forzados sigue arraigada. Un informe de Naciones Unidas alerta de que, al ritmo actual, llevaría 300 años acabar con esa práctica. "Se produce una mejora, pero muy lentamente", agrega Bosch. El asesinato, en 2022, de las hermanas Arooj y Aneesa, dos jóvenes pakistaníes residentes en Terrassa, puso el problema en el foco en España, pero los matrimonios forzados persisten y amenazan las vidas y las esperanzas de cientos de jóvenes.

Carme Vinyoles, directora de la entidad, explica que también se ha puesto en marcha una campaña para conseguir que municipios de Cataluña se declaren "libres de matrimonios forzados" y se comprometan a destinar recursos para erradicarlos. "Es una manifestación más de violencia machista", explica Vinyoles. Diversos ayuntamientos catalanes, muchos de ellos de la provincia de Girona, ya se han sumado a la iniciativa. Las mociones incluyen el apoyo a la propuesta de Valentes para lograr que la ONU declare un día internacional para eliminar los matrimonios forzados y los mal llamados "crímenes de honor".

Corre el mes de julio, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está exultante. A sus palabras les han precedido las de India Martínez cantando 90 minutos. Con la sede del gobierno regional como escenario, la escucha hablar Gloria Estefan, estrella mundial de la música. Y la líder conservadora tiene un anuncio que hacer sobre la quinta edición de la Semana de la Hispanidad, un ciclo de conciertos y actividades culturales que se celebra entre el 3 y el 12 de octubre: “Gracias a Univisión, nuestra celebración de la hispanidad se va a retransmitir en EEUU y México, y gracias a las redes sociales, llegará aún más lejos. Queremos que llegue a millones de hogares al otro lado del Atlántico”, dice. Contar con el altavoz de una televisión de referencia para el público de habla hispana de Estados Unidos es todo un golpe de efecto. Ahí está la punta de lanza de la “estrategia de diplomacia cultural” para la que emplea el ejecutivo la organización del festival, en palabras del consejero de Cultura, Mariano de Paco. Pero no es gratis: Madrid ha desembolsado 400.000 euros por ello, y por promocionar la región como destino turístico, según detalla ahora a EL PAÍS un portavoz.

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A la sanidad pública andaluza, mil veces cuestionada por usuarios, médicos y enfermeras, con retrasos acuciantes en su atención primaria y hospitales, y graves errores que reconoce la propia Junta de Juan Manuel Moreno (PP), solo le faltaba para estar contra las cuerdas un escándalo con enfermas de cáncer que se juegan la vida con cada resultado clínico. El deterioro de un servicio sanitario desbordado ha tocado una tecla muy sensible: algunas pacientes de cáncer de mama con diagnóstico dudoso han visto cómo ese mal funcionamiento ha abierto la puerta al desarrollo de sus tumores y ha provocado incluso la muerte de personas, según los testimonios recogidos.

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Las novias vestían de Louis Vuitton. Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casaron el último fin de semana de agosto luciendo sendas creaciones exclusivas de Nicolas Ghesquière. Ventajas de ser embajadora y amiga de la casa, que es el caso de la joven actriz estadounidense, porque ni la firma parisién ha comercializado jamás colección nupcial alguna ni su director artístico ha sido nunca de los de cerrar los desfiles con el viejo guiño a las clientas casaderas.

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Manuel Segade (A Coruña, 48 años) llega a la mitad de su mandato al frente del Museo Reina Sofía, pero este ecuador se parece más al inicio de su gestión porque en este tiempo ha tenido que dedicarse a las exposiciones que su antecesor en el cargo, Manuel Borja-Villel, dejó programadas. “A nivel de visibilidad pública es ahora cuando se va a notar la transformación en el programa”, reconoce. En este tiempo, cuenta, se ha centrado en cambiar la cultura laboral de un transatlántico del arte contemporáneo con más de 700 empleados, a idear la reordenación de la colección permanente a través del proyecto de un nuevo modelo de museo que pretende que sea más amable con el visitante. Es decir, que le dejen de repetir que dirige un laberinto en el que es complicado hasta encontrar el Guernica.

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1. Por aquí, la sociedad está dividida entre quienes ya no soportan oír hablar de Gaza y quienes son incapaces de dejar de pensar en nada que no sea Gaza. Me incluyo en estos últimos, porque la magnitud de cuanto se está viviendo en esa franja de tierra a orillas del Mediterráneo, y lo que ocurre ahora en la propia Ciudad de Gaza, cuyo grado de sufrimiento no podemos ver sobre el terreno, pero podemos intuir gracias a los satélites, ha alcanzado una dimensión simbólica que parece condensar algo que tiene que ver con el destino de la humanidad.

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¿Podemos llamar “paz” a la administración burocrática de la derrota? Mientras Trump y Netanyahu anunciaban su propuesta de “paz” para Gaza, el lenguaje mismo revelaba su función. Más que lograr la paz entre pueblos en conflicto, el plan parece buscar remover el obstáculo político que bloquea un corredor comercial entre la India y Europa. El corredor IMEC, firmado en 2023, requiere normalización entre Israel y Arabia Saudí. La guerra de Gaza congeló esas negociaciones. El plan Trump ofrece la “paz” necesaria para reactivarlas. Palestina no desaparecerá solo por fanatismo religioso sino también porque su conflicto bloquea proyectos comerciales como el corredor IMEC. La lógica es despiadada: aceptar una administración colonial o ser eliminados. Mientras, las flotillas zarpan hacia Gaza y miles de personas se manifiestan en las capitales europeas. Todos entendemos lo que las élites políticas no pueden permitirse admitir: que la “paz” ya no requiere justicia ni legitimidad democrática, solo la administración eficiente de los vencidos por operadores que trabajan en los márgenes de las instituciones formales, sin rendir cuentas a nadie. El plan Trump revela cómo funciona este nuevo orden.

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Nadie puede decentemente oponerse a que callen de una vez las armas y renazca la vida entre las ruinas. Aunque sea una paz dictada e impuesta por designio e interés del emperador. Si esto ha sido una guerra, no hay duda de quién ha obtenido la victoria militar. Ciertamente, es dudoso que haya sido exactamente una guerra y no una descomunal e insoportable matanza civil, tal como reflejan las desiguales y desproporcionadas cifras de muertos y la envergadura de la destrucción. Pero más dudoso todavía es que a la victoria militar le siga una victoria política, que solo se alcanza cuando la paz no es la mera ausencia de guerra sino el nuevo equilibrio que amortigua e incluso supera las causas de la guerra y abre el camino a la reconstrucción, la reconciliación y la justicia.

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Hussein Agha y Robert Malley. 'Tomorrow Is Yesterday: Life, Death, and the Pursuit of Peace in Israel/Palestine’ (MacMillan Publishers).Thomas. L. Friedmann. ‘Can the Trump Peace Plan Overcome Unprecedented Cruelty?’ ('The New York Times', 29 de septiembre).David Ignatius. ’Trump’s ‘New Gaza’ is opening a door to something different’ ('The Washington Post', 29 de septiembre).

El aeropuerto de Múnich estuvo dos días cerrado por el avistamiento de drones; unos días antes les tocó a otros como los de Copenhague o Bruselas; en Polonia se interceptaron algunos de la veintena que penetraron en el país; dos aviones de combate rusos invadieron el espacio aéreo de Estonia y en el Reino Unido se quejan de constantes interferencias a los satélites militares británicos; por otro lado, los actos de sabotaje en el ciberespacio, y no solo aquí, están a la orden del día. Lo llaman guerra híbrida, que es una especie de guerra sin frente y sin autoría declarada, aunque a nadie se le escapa que Rusia está detrás de todas estas acciones. Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, ha dicho ya que es la situación más grave desde la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué está jugando Putin? La respuesta más generalizada es que lo que busca es poner a prueba la eficacia de las defensas de la OTAN frente a este tipo de ataques y que se generalice la sensación de miedo por parte de la población de los países afectados, amedrentar; hacer ver a los países europeos, sobre todo a los de su parte oriental, que la guerra de Ucrania también les salpica a ellos. Con la secreta esperanza, quizás, de que se presione a las autoridades para buscar una rápida solución de dicho conflicto bélico.

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El aumento de ventas de los coches eléctricos —en septiembre rozaron el 12% del total— e híbridos enchufables —otro 12%— anticipa un cambio en los talleres mecánicos, que necesitan profesionales capaces de enfrentarse a estos nuevos modelos. Algunos ya han comenzado a reciclarse, incluso a costa de tener que viajar cientos de kilómetros para lograrlo. “Hay que ponerse las pilas, cada vez nos llegan más electrificados”, explica Josep Tomás, mecánico en Talleres Vicasa de Valencia, que asiste a un curso de diagnosis de averías en cero emisiones en Valmojado (Toledo). El sector reconoce que estos profesionales son cada vez más demandados. El programa estatal de Formación Profesional (FP) ha puesto en marcha dos titulaciones oficiales para híbridos y eléctricos en las que el año pasado se matricularon más de 6.000 alumnos, con altísimas tasas de empleabilidad.

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