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Este sábado, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, veía “muy cerca” un acuerdo que ponga fin a los casi dos años de horror en Gaza —se cumplen el próximo martes—, Ali Musa al Dibs cuidaba en la asediada capital de la Franja de su hijo adolescente Musab, en coma desde mayo, cuando un ataque israelí lo hirió de gravedad en la cabeza. Musab tiene necrosis y está enormemente desnutrido, cuenta su padre. En las fotos aparece esquelético y ha perdido mucho pelo, uno de los síntomas de la inanición.

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos, que este lunes, el primero de octubre, abre uno de los cursos judiciales más trascendentales (otro) de su historia reciente, estudia cada año unos 70 casos. Solo un puñado tiene papeletas para atraer la atención mediática. Menos aún cambian el curso de las cosas, como el que en 2022 acabó con el derecho federal al aborto o Citizens United contra la FEC (2010), que trastocó las reglas de financiación electoral.

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Desde el puente de mando de la gigantesca patrullera Turva, Mikko Simola, el comandante al frente de la Guardia Costera que vela por la seguridad del golfo de Finlandia, apunta con el dedo —casi como un acto reflejo— hacia el este, hacia la única lengua de mar que, tras atravesar Helsinki y Tallin, desemboca en la ciudad rusa de San Petersburgo.

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En las marchas que han recorrido en el inicio de este fin de semana la avenida Mohamed V de Rabat, la plaza de las Naciones Unidas de Casablanca o el bulevar Pasteur de Tánger no solo había jóvenes. Les acompañaban sus hermanos mayores, sus padres, sus abuelos, para reivindicar también sanidad y educación públicas de calidad frente a las lujosas clínicas y universidades de élite privadas, para acabar con el Marruecos del bakchich, de la mordida que abre mágicamente la cueva de los negocios con la Administración. Y para que un país que está construyendo en las afueras de Casablanca el estadio más grande del planeta —con el que disputar al Bernabéu o al Camp Nou la final del Mundial de Fútbol de 2030— cuente también con hospitales y facultades de talla global. Marruecos afronta desde hace una semana el estallido social más extenso tras la Primavera Árabe de 2011 y el más violento desde la revuelta nacionalista del Rif en 2016, en un movimiento juvenil aparentemente espontáneo que amenaza la estabilidad del reino de Mohamed VI. Las manifestaciones prosiguieron en la tarde del sábado en una decena de ciudades, aunque con menor participación que el día anterior.

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Es como si hubiera nacido para el cargo. O si, como mínimo, hubiese sido criada para ello. Mary Barra (Royal Oak, 63 años) es del estado de Míchigan, la cuna del automóvil estadounidense, e hija de un trabajador con más de tres décadas de experiencia en General Motors. También ostenta el cargo de máxima ejecutiva de la firma desde hace 13 años, en los que ha tenido tiempo de vivir casi todo. Desde algún que otro escándalo, a la intensificación de la mayor transformación que ha vivido el sector en toda su historia: la electrificación. La única mujer que lidera una de las grandes del automóvil mundial afronta el reto en una vorágine de presiones políticas, giros radicales y la propia idiosincrasia del mercado.

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Amante de la velocidad.  Aunque se ha pronunciado en muchas ocasiones –para luego moderarse– a favor de la transición eléctrica del coche en Estados Unidos, a Barra le gusta la velocidad y los coches de gran cilindrada. Su modelo favorito de General Motors es un muscle car, el Chevrolet Camaro, que surgió como respuesta al Mustang de Ford, su gran rival. Antes de su ascenso a lo más alto de la compañía, no era raro verla probar los modelos en las pistas de pruebas, como responsable de desarrollo de producto, y como amante del motor.

Todo son escombros. Nada de lo que Barcelona levantó en esa estrecha franja de tierra, al oeste de Israel, sigue en pie. El remodelado barrio East al Nasser y el Barcelona-Gaza Peace Park tuvieron una vida efímera. En su día, y para sorpresa de los técnicos municipales barceloneses, los palestinos prefirieron un parque a mejoras en el alcantarillado. El espacio era más importante que los servicios. Las poblaciones constreñidas a vivir escondidas agradecen espacios para salir a la superficie en los cortos intervalos en que no peligran sus vidas.

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En cada rincón de España sus habitantes son definidos por un estereotipo. No es grave, pasa en los mejores países. Estos son tacaños, de estos no se sabe si van o vienen, estos son chulos, estos absurdos, estos fríos, los otros melodramáticos, aquellos, mala follá, estos, burros pero nobles. El humor se vale de ellos porque siempre hay algo de verdad en el lugar común, aunque meter a toda una población en un mismo saco convierte en categoría sociológica algo muy discutible. En los últimos tiempos sigo los chistes de la fantástica Laura del Val, que ha hecho de los tópicos que definen a sus paisanos burgaleses y, por extensión, castellanos el tema central de su humor. Ha conseguido convertir la sequedad castellana en algo tan humorístico como la chispa que asiste a los gaditanos. Lo irritante es cuando el rasgo diferencial se exhibe desde la política como una suerte de nacionalismo costumbrista o de denominación de origen. La chulería madrileña fue definida por la zarzuela y dentro de aquel género chico tenía su gracia porque reproducía con ternura el habla arrastrada del populacho apiñado en las corralas y se detenía en los oficios humildes, las modistillas, los serenos, los guardias, las chicas de servir, la señá tal y el señor cual. Incluso los rateros tenían su brillo. La admiración que Valle Inclán profesaba a Arniches se palpa en Luces de Bohemia, donde lo popular alza el vuelo y toca las nubes. Incluso yo, chica de barrio periférico, donde se mezclaban los acentos andaluces y manchegos, fui adoptando ese deje sincopado y un tanto chulillo que luego escuché en un centro de Madrid ya en transición donde la panadera seguía siendo la Petra, o la señá Petra, y la kiosquera era la Sandra y cada tendero era nombrado como “señor” seguido por su nombre de pila. Una peculiar manera de otorgar dignidad a la clase humilde que tenía su encanto.

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Ojalá la propuesta de paz en marcha desemboque en un final del genocidio israelí aún en marcha contra los palestinos de Gaza. Pese a sus renglones trumpistas torcidos (y el esfuerzo de tragarlos), eso no es imposible. Pero para ello conviene seguir nombrando las cosas por su nombre: un genocidio es un genocidio.

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La autonomía de Europa no la resuelve una mina en Galicia, pero lo más probable es que en 2026 China también sea el país que lidere la producción mundial de litio. En marzo de 2024, la Unión Europea se dotó de un Reglamento de Materias Primas Críticas (enumera 34) y se propuso identificar proyectos estratégicos a los que reconocería como de interés público porque la industria del continente necesita, en la medida de lo posible, garantizarse su suministro. Un año después, se publicó la lista de los elegidos: 7 de los 47 son españoles. Uno es Doade en Beariz (Ourense). Este proyecto de minería subterránea para extraer litio quiere construirse en una superficie de 13,62 hectáreas, cuya propiedad es de la Comunidad de Montes Vecinal en Mano Común (CMVMC) Lama, Cega y Bisticobo. Su impulsora es la empresa aragonesa Samca, que ha creado una filial domiciliada en Galicia con este propósito: Recursos Minerales de Galicia. A su vez, dicha filial está participada en un 10% por Recursos de Galicia, una empresa de servicios públicos impulsada por la Xunta para invertir en proyectos de energía en la comunidad y de cuyo accionariado forman parte 30 empresas. Y existe una movilización popular para impedir la construcción de la mina: se acaban de registrar 3.000 alegaciones en contra por las tóxicas consecuencias medioambientales que podría tener.

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Mientras el Gobierno de Benjamín Netanyahu aseguraba que está dispuesto a aceptar el cese inmediato de las operaciones militares, como ha pactado con Donald Trump, el ejército de Israel mató este sábado al menos a 20 palestinos más. Esa es la realidad sobre el terreno cada día y cada hora que se prolonga la matanza indiscriminada de inocentes que Israel está ejecutando en Gaza. Resulta importante tener esto en cuenta cuando se juzga la propuesta de paz impuesta por el presidente de Estados Unidos el pasado lunes y aceptada por Hamás el viernes. Para los gazatíes no existen las consideraciones geopolíticas, legales o ideológicas. Tras dos años de horror, impunidad e impotencia, las opciones han quedado reducidas a una sola: vivir o morir. En estas horas cruciales, hacer que cesen los bombardeos es una prioridad absoluta. Agarrarse a una oportunidad para salvar vidas es una obligación moral. No mañana, hoy.

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Cuesta creerlo, pero han pasado dos años desde el 7 de octubre de 2023. Veinticuatro meses de terror y furia, 104 semanas de discursos en los que nos dicen que no falta nada para la victoria total, 730 días de muerte, bombardeos y hambruna. El tiempo vuela cuando está detenido. Hace solo dos años, una nación entera vio con impotencia cómo de la oscuridad surgía una pesadilla; y aquí estamos hoy, sin despertar de ese sueño escalofriante, sino viviéndolo a diario como una parte continua y asesina de nuestra vida: nuestra nueva rutina.

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Drama: no encuentran papelillos para fumar. Se palpan los dos sus chaquetas, pero nada. Buscan con los ojos algún estanco o bazar donde comprar. Ninguno de estos establecimientos a la vista. “Ey, sabía que los tenía en algún lugar”, anuncia de repente Íñigo Bregel, con la misma alegría que le produciría encontrar su tarjeta visa que creía extraviada, y saca los ansiados papelillos de un bolsillo del pantalón. El Canijo de Jerez respira aliviado. “¿Podemos posar con un porro?”, pregunta al fotógrafo de EL PAÍS. Son las 18.00 y la tarde luce agradable en el centro de Madrid. Los dos músicos se desperezan después de una noche larga que no acabó hasta las cinco de la madrugada. Se han puesto unos trajes de rumberos setenteros: de corte entallado, color ocre, con cuellos exagerados. Al Canijo el pantalón le queda grande, a Bregel, que mide 1,93, pequeño. Compró los trajes por Amazon la prima del Canijo. Así de chiripitifláutico es todo con estos tipos.

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Prácticamente sin moverse, sin apenas iniciativa política ni gestos de impacto, con apariciones muy escasas de su líder, Santiago Abascal, y una actividad parlamentaria nada destacable, Vox se está convirtiendo en el gran protagonista silencioso de la política española. Montado en la antipolítica que crece con las catástrofes ―ya sea incendios o danas―, en la ola antiinmigración que recorre el mundo, y en su éxito en las redes sociales y especialmente entre los más jóvenes, el crecimiento de Vox, que amenaza el espacio natural del PP, está poniendo tan nerviosos a los populares que les hace cometer errores claros como sumarse a su posición sobre un supuesto síndrome posaborto que la ciencia no avala.

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Ninguna de las esposas de los siete presidentes del Gobierno desde las primeras elecciones democráticas tras la dictadura ha seguido un manual o estatuto específico porque no lo hay. Cada una ha hecho lo que ha estimado conveniente con su carrera profesional. Unas pidieron excedencias y abandonaron sus respectivos trabajos; otras decidieron mantenerlos; todas tuvieron a su disposición asistentes sufragados por La Moncloa. Alguna vez ha surgido alguna polémica, como puede comprobarse en los diarios de sesiones del Congreso y del Senado, donde llegó a discutirse el uso de una piscina de la Guardia Civil, el séquito o los motivos de algún viaje o entrevista, pero nunca habían llegado tan lejos como hasta ahora, cuando el juez Juan Carlos Peinado acusa a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, de cinco delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional) y el PP habla más de ella que del propio Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde junio acusado de ser pieza clave en una trama de corrupción y mordidas millonarias.

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La instrucción del juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se ha convertido en un largo proceso cuestionado por juristas por ir más allá de lo debido en algunas decisiones y por la falta de indicios y de argumentación en otras. Algunas de ellas (como intentar imputar al ministro Félix Bolaños por malversación u ordenar ciertos registros) fueron corregidas por instancias superiores, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que Peinado se había “excedido” en sus actuaciones. Desde que se abriera la causa contra Gómez en abril de 2024, Peinado le imputa cinco delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional) y ya ha comunicado que, de llegar a juicio, su caso lo vería un jurado popular.

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Mensaje 1. “¡Eh, tú, ven, que te están robando! Da igual cuánto te esfuerces si el sistema está diseñado para que pierdas. La mejor opción que tienes para vivir mejor es cambiar el lugar en el que resides”, afirma el “consultor de negocios” Carlos Adams, extremeño residente en Andorra, dirigiéndose al espectador, al que luego tienta con un “plan de escape” de la Hacienda española. Mensaje 2. Tan cabreado que ha decidido tomarse el día libre, Pedro Buerbaum, el empresario que ganó fama con sus gofres de forma fálica, clama contra su “socio parásito”, el fisco, después de que su asesor fiscal le haya contado lo que le toca pagar a ese “ente externo que —dice— no me aporta nada”. Mensaje 3. Tras desvelarse que cobró 100.000 euros en negro, Alvise Pérez, lejos de avergonzarse, anima a los suyos a imitarlo: “Hacienda es una mafia. Todo impuesto que podáis evitar, no lo paguéis”.

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Se conocieron en un supermercado. Ella era la hija del jefe, un empresario pakistaní que la había enviado a supervisar uno de los establecimientos que regenta en Barcelona. Él era un empleado más, un chico indio que hacía poco tiempo había aterrizado en España. Sara y Arush se gustaron enseguida. “Había mucha simpatía, nos encantaba pasar tiempo juntos”, explica ella. Pero su amor estaba condenado, sobre el papel, al fracaso. Lo tenían todo en contra: la religión, la clase social, la geopolítica… Y sobre todo al padre de ella, que nunca iba a aceptar la relación (no la ha asumido aún hoy) y pretendía casar a Sara, en Pakistán, con el hijo de un amigo.

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La asociación Valentes i Acompanyades apoya a las víctimas de matrimonio forzado, pero también promueve la "sensibilización" contra un fenómeno que persiste y se resiste a desaparecer, también en las sociedades occidentales. La entidad está impulsando una campaña para que se declare un día internacional contra los matrimonios forzados. "Se trata de que el tema vuelva a situarse en la agenda internacional y renueve la voluntad de la ONU de combatirlo", explica Pia Bosch, secretaria de la junta y persona que está impulsando la iniciativa. Este tipo de conmemoraciones tienen más probabilidades de prosperar si un Estado, en este caso España, presenta la propuesta ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

En ese flanco está trabajando precisamente Bosch, que ha mantenido ya contactos con representantes del Ministerio de Igualdad. La propuesta, afirma, ha sido bien recibida. "El ministerio nos ha confirmado su interés, son conscientes de la afectación que tiene este asunto en mujeres que viven en nuestro país", explica Bosch. Tanto los estudios como la observación de las responsables de Valentes —una entidad única en España por sus funciones— demuestran que la realidad de los matrimonios forzados sigue arraigada. Un informe de Naciones Unidas alerta de que, al ritmo actual, llevaría 300 años acabar con esa práctica. "Se produce una mejora, pero muy lentamente", agrega Bosch. El asesinato, en 2022, de las hermanas Arooj y Aneesa, dos jóvenes pakistaníes residentes en Terrassa, puso el problema en el foco en España, pero los matrimonios forzados persisten y amenazan las vidas y las esperanzas de cientos de jóvenes.

Carme Vinyoles, directora de la entidad, explica que también se ha puesto en marcha una campaña para conseguir que municipios de Cataluña se declaren "libres de matrimonios forzados" y se comprometan a destinar recursos para erradicarlos. "Es una manifestación más de violencia machista", explica Vinyoles. Diversos ayuntamientos catalanes, muchos de ellos de la provincia de Girona, ya se han sumado a la iniciativa. Las mociones incluyen el apoyo a la propuesta de Valentes para lograr que la ONU declare un día internacional para eliminar los matrimonios forzados y los mal llamados "crímenes de honor".

Corre el mes de julio, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está exultante. A sus palabras les han precedido las de India Martínez cantando 90 minutos. Con la sede del gobierno regional como escenario, la escucha hablar Gloria Estefan, estrella mundial de la música. Y la líder conservadora tiene un anuncio que hacer sobre la quinta edición de la Semana de la Hispanidad, un ciclo de conciertos y actividades culturales que se celebra entre el 3 y el 12 de octubre: “Gracias a Univisión, nuestra celebración de la hispanidad se va a retransmitir en EEUU y México, y gracias a las redes sociales, llegará aún más lejos. Queremos que llegue a millones de hogares al otro lado del Atlántico”, dice. Contar con el altavoz de una televisión de referencia para el público de habla hispana de Estados Unidos es todo un golpe de efecto. Ahí está la punta de lanza de la “estrategia de diplomacia cultural” para la que emplea el ejecutivo la organización del festival, en palabras del consejero de Cultura, Mariano de Paco. Pero no es gratis: Madrid ha desembolsado 400.000 euros por ello, y por promocionar la región como destino turístico, según detalla ahora a EL PAÍS un portavoz.

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A la sanidad pública andaluza, mil veces cuestionada por usuarios, médicos y enfermeras, con retrasos acuciantes en su atención primaria y hospitales, y graves errores que reconoce la propia Junta de Juan Manuel Moreno (PP), solo le faltaba para estar contra las cuerdas un escándalo con enfermas de cáncer que se juegan la vida con cada resultado clínico. El deterioro de un servicio sanitario desbordado ha tocado una tecla muy sensible: algunas pacientes de cáncer de mama con diagnóstico dudoso han visto cómo ese mal funcionamiento ha abierto la puerta al desarrollo de sus tumores y ha provocado incluso la muerte de personas, según los testimonios recogidos.

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