Noticias el Pais de España

En La Moncloa, en los ministerios, en las sedes de los distintos partidos que componen la mayoría del Gobierno, se escucharon palabras muy gruesas en cuanto se conoció que el Tribunal Supremo, por 5-2, condenaba al fiscal general por revelación de secretos. Algunos lo temían, otros incluso lo daban por hecho, pero había aún muchos dirigentes, especialmente los juristas, que pensaban que una condena era imposible porque no había pruebas, que habría algún rasgo de sensatez y buscarían una absolución aunque fuera con reproches duros al fiscal para cubrirse de las críticas en la derecha.

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Este jueves, cuando apenas faltaban unos minutos para las 14.00, el Tribunal Supremo anunció que, por primera vez en la historia de la actual etapa democrática, condenaba penalmente a un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo hace solo siete días después (con un fin de semana de por medio) de que el magistrado-presidente, Andrés Martínez Arrieta, declarase “visto para sentencia” un juicio que duró seis jornadas. Los argumentos de los cinco magistrados que firmarán esa resolución aún se desconocen, ya que el alto tribunal solo ha hecho público el sentido de su fallo y ha comunicado que próximamente notificará la sentencia, “pendiente de redacción”. El Gobierno ya anunció que activará los mecanismos para nombrar a un sucesor.

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El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para ejercer su cargo por “un delito de revelación de datos reservados”, según el fallo anunciado este jueves tras solo una semana de deliberación. La sentencia está pendiente de redacción, por lo que el fiscal general queda, por un lado, obligado a cesar en su puesto, y por otro, sin capacidad de contestar públicamente a una resolución cuyos argumentos no conoce mientras quienes le han atacado celebran el fallo como una victoria política. La sentencia no tiene efecto hasta que se notifique.

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Tengo por costumbre no comentar las resoluciones judiciales hasta que no son conocidas en su integridad, y en el caso de la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado ―se dice pronto―, voy a hacer exactamente lo mismo. Tampoco comento los múltiples cotilleos que suelen existir sobre el sentido de una sentencia, ni antes ni después de haber sido dictada. Esas intrigas y cábalas, que han existido desde hace muchos meses en este caso, creo que no ayudan a conservar algo que como ciudadano debería importarle a cualquiera: la imagen de independencia de la Justicia. Y es que para que se produzcan esos cotilleos, intrigas y cábalas tiene que haber magistrados indiscretos, y eso es algo que ofende a cualquier persona que cree en las instituciones y tiene un mínimo sentido de Estado. Por consiguiente, voy a limitarme a comentar solamente dos hechos muy llamativos en este caso, y que no ayudan, en absoluto, a la conservación de esa imagen de institucionalidad.

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La escena se produjo en el Tribunal Supremo hace dos semanas. Alberto González Amador, testigo en la causa que investigaba el delito de revelación de secretos del fiscal general del Estado, pidió “un minuto” a los siete magistrados para exponer una última idea: “A raíz de la filtración del fiscal general del Estado me han destrozado la vida”, dijo. Y, sin medias tintas, soltó:

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La noche del 23 de febrero de 1981 a nadie le importaba la ropa. Cuando se está escuchando el sonido de las metralletas, en medio de lo que parece ser en un intento de golpe de estado, y cuando una democracia recién nacida se tambalea no es momento de despistarse. Sin embargo, 44 años después, con la distancia que da el tiempo, sí podemos hacerlo. De hecho, observar cómo vestían los que estuvieron presentes (y ausentes) ese día nefasto de la historia en el hemiciclo del Congreso de los Diputados es también observar cómo era esa España, la golpista, la antigolpista y la que no sabía si era lo uno o lo otro.

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En un país gobernado por un casi octogenario con impulsos de niño tenía que ser un musical basado en un mito fundacional como El mago de Oz el que hablase de los peligros de un dirigente embustero y xenófobo cuya presunta magia consiste en manipular la realidad con el poder de las mentiras. Ese musical es Wicked: parte II, que cierra el gran espectáculo de su primera parte con una emocionante alegoría política sobre el bien y la verdad y que confirma a Cynthia Erivo y Ariana Grande como las inolvidables Elphaba, la bruja malvada del Oeste, y Glinda, la bruja buena del Sur.

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Dirección: Jon M. Chu.

Intérpretes: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh.

Género: musical de fantasía. Estados Unidos, 2025.

Duración: 138 minutos.

Estreno: 21 de noviembre.

Reconozco que el título de esta película, o documental, o como cada espectador quiera definirla, es evocador y poético. Muy turbador lo de Ciudad sin sueño. También me abruman las referencias críticas sobre su belleza y su autenticidad. No dudo de lo segundo. Creo que lo que veo y escucho es de verdad, no hay manipulación del espectador, se trata de una ficción, o de un documental, o de ambas cosas a la vez. Pero eso no implica que me apasione o me conmueva el material que ha creado el director Guillermo Galoe. No dudo de la veracidad de la comunidad gitana, y también aparece al principio una familia musulmana, habitantes todos ellos de la Cañada Real, un asentamiento irregular cercano a Madrid que carece de variadas cosas elementales para sobrevivir dignamente, como la luz y el agua natural. Nunca he visitado lugar tan duro, pero sí conozco a gente que ha pasado por allí buscando alimento para sus maltrechas venas. O sea, droga dura. Y también por circunstancias de su trabajo. Y cuentan que el panorama es sombrío.

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Dirección: Guillermo Galoe.

Intérpretes: Antonio Fernández Gabarre, Bilal Sedraoui, Jesús Fernández Silva, Luis Bértolo.

Género: drama. España, 2025.

Duración: 97 minutos.

Estreno: 21 de noviembre.

La reciente guía Conocer para cambiar la mirada, publicada por el Instituto de las Mujeres, afirma que la violencia machista “trasciende culturas, países, clases sociales o edades.” Cualquiera puede ser víctima, independientemente de su perfil socioeconómico. Esta es una idea que hoy se asume con naturalidad, pero no siempre fue así. En un pasado no tan lejano, la sociedad no creía a las mujeres que no encajaban en un perfil determinado. Y esto era especialmente patente en las mujeres famosas de las que mucha gente tenía una imagen preconcebida. No ayudó una industria del entretenimiento que pasó de la omertà a la frivolización más extrema, tratando la violencia machista como un mero entretenimiento sobre el que todo el mundo podía opinar. Aun así, se vislumbra una evolución en la forma en la que la sociedad ha ido tratando el asunto. Estos han sido los casos más mediáticos de las últimas décadas.

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Durante 34 años, el tiempo que va desde que Antonia dell’Atte denunció hasta el pasado martes, la historia de Alessandro Lecquio se ha contado en los platós de televisión como escándalos y relleno de parrillas, pero nunca como un caso de violencia machista. Él ha vivido con un silencio protector a su alrededor, ella sin que el maltrato que había sufrido fuera tomado en serio. El domingo 12 de octubre, EL PAÍS publicó una entrevista a Dell’Atte en la que contaba cómo Lecquio la había maltratado durante los tres años que estuvo casada con él. En ese momento, una grieta se abrió en Mediaset, que después de un mes ha acabado por prescindir de uno de sus colaboradores estrella. Un movimiento impensable hace no mucho tiempo y que podría sentar un precedente para el reconocimiento de la violencia machista dentro de la cultura popular.

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EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El bum inmobiliario, con las compraventas disparadas y los precios por las nubes, está dando alas a fenómenos especulativos que se mueven en el límite de la legalidad. Una de las tendencias que está asentándose entre los pequeños inversores es la de comprar varias viviendas prácticamente a la vez, con solo unas horas o unos días de diferencia, para poder así contar con una hipoteca para cada una de ellas y ser capaces de hacerse con varias casas poniendo el mínimo dinero posible de su bolsillo. Al solicitar los préstamos en bancos distintos y firmar la compraventa con notarios diferentes, las entidades financieras no se enteran de que el cliente se está cargando de deuda, porque la base de datos del Banco de España, la CIRBE, tarda en torno a un mes en actualizarse.

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El tiempo para pensar se le ha multiplicado a María Varela desde que es paciente oncológica. En agosto, se echó al monte, a caminar. Su cabeza empezó preguntándose con rabia por qué le había tocado a ella. A sus 43 años le han diagnosticado un cáncer de mama metastásico. Ningún cribado de la sanidad pública se lo detectó porque en Galicia, como en la mayor parte de España, estas pruebas no se realizan hasta que la mujer cumple 50 años. Madre de un niño de siete, el tumor la sumió primero en “la tristeza más absoluta”. Luego, el interrogante que taconeaba en sus caminatas fue mudando: “Le daba vueltas a qué falló en el sistema, a cuál era el agujero por el que me había colado yo”. Y sintió entonces la necesidad de intentar tapar ese boquete para que no caiga nadie más.

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En España, el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama establece como recomendación general que las mamografías se le realicen a las mujeres de entre 50 y 69 años cada dos años. Hay comunidades que han optado por ampliar esta franja de edad tanto por arriba como por abajo y además las pruebas se adelantan también en determinados casos (que haya antecedentes familiares, por ejemplo). Navarra las ofrece a partir de los 45 años, al igual que ocurre en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja, Ceuta y Melilla. En el caso de Murcia, la edad es a partir de los 47 años. Los estudios médicos revelan que el programa de cribados en España ha reducido entre un 20% y un 40% la mortalidad por cáncer de mama, el que más afecta a las mujeres.

La justicia ha obligado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid a pagar 7.560.102,77 euros como indemnización a una mercantil cuya explotación de una mina de mineral de yeso se vio afectada por la expropiación para construir el tren de Cercanías que diseñó el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003) para dar servicio al parque de atracciones Warner y a la localidad de San Martín de la Vega en conexión con Pinto. Es la culminación de un fracaso total. La obra costó 85 millones de euros. El tren se inauguró en 2002. En 2012, cuando apenas habían pasado diez años, dejó de funcionar, por falta de viajeros. Y ahora, según documentación a la que accedió EL PAÍS, la factura de dinero tirado a la basura crece en casi diez millones tras fallar el Tribunal superior de justicia de Madrid (TSJM) en contra de las pretensiones de la Administración, que consideraba suficiente la indemnización de 1.105.142,99 euros, más los intereses legales correspondientes, que había fijado el Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid en 2022.

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Tres días antes de llevarse más de un millón de euros en joyas de una joyería de San Sebastián de los Reyes (Madrid), Mitesku, de 40 años y origen albanés, compró un coche. Un Hyundai Santa Fe antiguo, por el que pagó 4.000 euros. Los propietarios, un matrimonio, le contaron después a los investigadores del grupo de robos de la Policía Nacional de Madrid que estuvieron a punto de no vendérselo, porque ni siquiera se presentó a pagar, sino que mandó a otra persona con una excusa. Pero lo que no podían ni imaginar es que estaban tratando con un experimentado ladrón de joyas, con al menos cinco identidades distintas, reclamado por Bélgica, Países Bajos y Grecia. “Un profesional”, a ojos de la policía, que vio la oportunidad de perpetrar su gran robo en el gran apagón del pasado 28 de abril, que dejó a España entera sin energía eléctrica.

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La gimnasta María Herranz, de 17 años, murió en la madrugada del 17 al 18 de abril de 2024 en el Hospital de Guadalajara a causa de un cuadro fulminante de meningitis B. La noticia causó una gran consternación en el mundo del deporte y llevó al inicio de una investigación que ahora ha revelado que una nueva variante del meningococo B originó un virulento brote en el que falleció otra persona y dos más fueron hospitalizadas. Todas tenían entre 17 y 31 años.

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Desde un “tamagotchi” que nutre el amor con preguntas diarias hasta una app que decide al azar quién lava los platos o saca la basura. La tecnología puede convertirse en el mejor árbitro de las relaciones. EL PAÍS ha probado cinco aplicaciones que transforman dilemas cotidianos y tareas domésticas en un juego para que las parejas puedan conocerse mejor y, sobre todo, convivir en paz.

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Este año el Museo Metropolitano de Nueva York inaugura las galerías Condé Nast, más de mil metros cuadrados patrocinados por la editorial de estilo de vida que acogerán exposiciones en torno a la moda. Para celebrar la apertura, el comisario de indumentaria del Museo, Andrew Bolton, ha anunciado que la muestra anual del MET llevará por título Costume Art y se centrará en la idea del cuerpo vestido a lo largo de la historia, una temática quizá demasiado amplia de la que todavía se desconocen más detalles, como cuál será el código de vestimenta al que deberán ceñirse los invitados a la gala inaugural. Lo que sí se sabe, tal y como reza la nota de prensa del museo, es que dicha gala “es posible gracias a Jeff y Lauren Bezos”. No a Amazon, sino a la pareja en concreto, que se encargará de ejercer de anfitriona y de seleccionar junto a a Anna Wintour la lista de invitados.

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La prensa española se ha anotado una rotunda victoria ante Meta, el grupo dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. El juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid ha sentenciado que la empresa infringió la ley de protección de datos para tener una ventaja competitiva en la venta de publicidad programática personalizada, tras la demanda presentada por 80 cabeceras de prensa españolas, entre ellas EL PAÍS, agrupadas en la Asociación de Medios de Información (AMI). Meta deberá pagar 542 millones de euros a estos medios, incluidos intereses.

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La falta de avances en los grandes desafíos del presente dificulta atisbar el futuro e instala un presente continuo. La desconfianza con que la ciudadanía mira a las instituciones, a los agentes de intermediación y a sí misma abandona en una suerte de desamparo a un individuo solo y aislado que se siente infinitamente pequeño ante los grandes retos, entre ellos, la crisis ambiental.

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