Noticias el Pais de España

La hora a la que retiró Maribel Vilaplana su coche del parking: 19.47 horas. Confirma algo sabido: que Vilaplana mintió varias veces sobre la cronología de hechos desde que Mazón y ella quedaron para comer. Subraya una narrativa pésima: que el interés por el tiempo perdido por el presidente Mazón —no cogió llamadas ni se sabe dónde estuvo entre las 18.57 y las 19.34— tenga que ver con lo que hizo más que con lo que no hizo, cuando se está juzgando una incomparecencia. Desata una reacción pringosa que tiene que ver con el sensacionalismo, como si la cifra de 229 muertos no fuese ya, por sí misma, sensacional. Y, en fin, sigue depositando en los titulares a Vilaplana, de la que tampoco pueda decirse que sea víctima, pero sí testigo de la incompetencia, inmoralidad y pasotismo de un político que, avisado de horas cruciales, priorizó su tiempo libre. Ser espectadora de una negligencia no hace culpable a nadie. Mazón pudo echar el rato en una tragaperras, dormido en un baño o apoyado en el coche de Vilaplana viendo reels mientras Vilaplana trabajaba dentro, como dice ella que hizo. Donde no estaba Mazón era trabajando. Donde estaba Vilaplana, sin embargo, da igual: ella no tenía que ir al Cecopi. La pregunta relevante no es por qué mintió Vilaplana, sino por qué su mentira pesa más que las decisiones que terminaron costando vidas. Por nervios, por vergüenza, por proteger a Mazón, por lo que sea: si hubiese dicho la verdad desde el principio, no se habría salvado nadie. Lo que ocurre con Vilaplana descubre un patrón familiar: el poder se protege a sí mismo desplazando el interés hacia una figura menor pero reconocible. ¿Por alguna razón es necesario saber dónde estuvo y qué estuvo haciendo Maribel Vilaplana, y sólo Maribel Vilaplana, desde que salió del restaurante hasta que retiró el coche del parking? En caso de que en ese lapso de tiempo estuviesen juntos, ¿dónde acaba la intimidad de Mazón, presidente ausente en medio de la dana, y empieza la de Vilaplana, entonces una ciudadana anónima?

Ahora mismo me están rajando el corazón. He publicado este artículo hace un par de minutos, a las puertas del quirófano. Después de varios años despertándome de madrugada con el corazón fibrilando, mis cardiólogos decidieron por mí y me están quemando las venas pulmonares. Al parecer, en tres horas me habrán dejado el corazón bien niquelado, humeante y firme. ¡Qué cosas!

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Alguien busca piso de alquiler en San Sebastián de Los Reyes. Uno de obra nueva y no más de tres habitaciones. El portal Idealista ofrece por 1.284 euros al mes un bonito piso de 85 metros cuadrados en una urbanización en la Avenida Arribes del Duero, en San Sebastián de los Reyes. A esa oferta han llegado otros 62.780 interesados más, según los propios datos del portal inmobiliario, de los que 5.833 lo guardaron en favoritos. Pero hay un problema: el anunciante es Park View Madrid y no existe, lo que hay detrás de este nombre es la gestora Sogeviso. Y ¿quién es Sogeviso?, la comercializadora del Plan Vive, la oferta de vivienda asequible del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En otras palabras: vivienda pública anunciada en la mayor web de España para inmuebles particulares en España.

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La beca infantil para escuelas privadas, la medida estrella del Ejecutivo municipal de la capital para paliar la falta de plazas en los centros públicos de 0 a 3 años, deja fuera al 90% de las familias que la han solicitado y cumplen los requisitos para recibirla: su renta anual per cápita no puede superar los 30.000 euros. Un total de 11.738 hogares se quedan en reserva frente a 1.214 beneficiarios. Son datos que confirman desde el área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, desde donde también comunican que 6.400 menores quedaron en lista de espera tras solicitar una plaza pública en una escuela infantil municipal.

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Gota china, definición: Consistía en inmovilizar a un reo tumbado boca arriba de modo que le cayera sobre la frente una gota de agua fría cada cinco segundos. La verdadera tortura para la víctima era la locura que le provocaría el no poder dormir, debido a la constante interrupción de las gotas, ni tampoco poder beber esa agua cuando la sed atacara, con lo cual a los pocos días sobrevenía la muerte por paro cardíaco.

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La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha sido recibida con lo que no tuvo su antecesor: una cierta tregua de la derecha política y judicial. Si cuando Álvaro García Ortiz relevó a Dolores Delgado, en julio de 2022, fue acogido con un vendaval de descalificaciones desde el primer día -a pesar de que, al igual que Peramato, su trayectoria había sido exclusivamente profesional- esta vez el tono de la oposición bajó considerablemente. El PP y la conservadora Asociación de Fiscales (AF) coincidieron en hablar de “continuismo”, pero evitaron las críticas frontales a la nueva responsable del Ministerio Público. En el Gobierno, los socialistas volvieron a instalarse en la posición más institucional, mientras la cabeza visible de Sumar, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llamaba los ciudadanos, desde la mesa del Consejo de Ministros, a movilizarse contra la inhabilitación de García Ortiz.

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El Congreso se prepara, más entre bambalinas que oficialmente, para el escenario en el que el Tribunal Supremo pueda decidir este jueves si revisa sus medidas cautelares y manda a prisión al todavía diputado José Luis Ábalos, ex número dos del PSOE. Sería la primera vez en esta etapa democrática en la que un diputado del Congreso en ejercicio entrase en la cárcel. La Cámara lo suspendería de su condición de diputado, pero no podría retirarle el acta. La Mesa y distintos partidos han estudiado diferentes antecedentes sobre si esa situación podría variar y reducir la mayoría absoluta de la Cámara aunque en principio distintas fuentes consultadas se decantan por no cambiar nada.

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El pasado junio, Alberto se quitó la pulsera contra el maltrato de su muñeca y la dejó, como pago, en un bar de Torremolinos, una localidad malagueña de casi 71.000 habitantes. La soltó sobre la barra junto al teléfono que le geolocaliza en todo momento y, después, desapareció. La Policía Nacional no le encontró hasta cuatro días después. Fueron 96 horas de pesadilla para Luisa, a la que insultó, vejó y golpeó en repetidas ocasiones durante los dos años que mantuvieron de relación, según una sentencia del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, que le impuso una orden de alejamiento y 26 meses de prisión. “Fue como volver al infierno. Da mucho miedo que pueda hacer algo así”, cuenta ella.

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Mark Rutte (La Haya, 58 años) ha cambiado su sillón de primer ministro de Países Bajos, en el que estuvo 14 años, por el de secretario general de una OTAN en ebullición por la amenaza rusa y por las sacudidas del tablero geopolítico global. Y como por arte de magia, el holandés ha pasado de encarnar la frugalidad a reclamar a los aliados que inviertan más en defensa. También a España. Rutte cree que la predicción de que podrá cumplir con sus objetivos gastando el 2,1% de su PIB, como ha apuntado el presidente Pedro Sánchez, “no es realista”. “Pronto verá que también necesita gastar del 3,4% al 3,6%”, asegura en una entrevista celebrada el lunes con EL PAÍS en uno de los brillantes platós de la Alianza en su enorme sede en Bruselas.

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¿Cómo podemos defender nuestras democracias contra quienes quieren destruirlas? Hablamos mucho de estrategias para mantener a los populistas antiliberales y nacionalistas fuera del poder, pero el uso diario de la bola de demolición que hace Donald Trump demuestra lo importante que es también fortalecer la democracia para que pueda resistir un período de populistas en el poder.

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El término “emérito” no le gusta a Juan Carlos I. Lo cuenta en sus memorias, publicadas primero en lengua francesa. Traduzco de la página 423: “La prensa me ha atribuido el título de ‘rey emérito’, como ‘profesor emérito’ o ‘papa emérito’. (...) Imagino que la prensa, para evitar las confusiones entre mi hijo y yo, inventó la calificación de ‘rey emérito’ (que incluso ha derivado únicamente en ‘el emérito’). No me gusta esta designación. Es prestigiosa en las universidades americanas o francesas, pero en España lo es bastante menos. La Casa Real española debería crear un título para los reyes o las reinas que abdican (porque imagino que la situación se presentará algún día); un título prestigioso, de reconocimiento por el servicio prestado”.

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“Cuando tengo un problema, Marco lo soluciona”, presume Donald Trump sobre su secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. Esta semana, Marco Rubio pone a prueba esa reputación. Es el hombre clave en los dos grandes frentes internacionales que tiene abiertos Estados Unidos, y con dos papeles muy diferentes: en las negociaciones sobre la guerra en Ucrania se hizo con las riendas para equilibrar una propuesta inicial claramente prorrusa y tratar de sacar adelante un plan de paz aceptable en Kiev; en el pulso con Venezuela, es uno de los motores de la política de máxima presión hacia Nicolás Maduro.

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Figura medular de la generación de los cincuenta, Ignacio Aldecoa (Vitoria, 1925- Madrid, 1969) se había formado en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca junto a Carmen Martín Gaite, y ya instalado en Madrid frecuentó las tertulias del Café Gijón y del Lion, donde entabló amistad con Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos, Alfonso Sastre, José María de Quinto y Josefina Rodríguez. Se casaría en 1952 con esta última —escritora también y fundadora más adelante del colegio Estilo—, pero para entonces el carismático y aventurero Aldecoa ya había publicado dos poemarios y varios cuentos. “Era una voz diferente de las demás”, escribió Martín Gaite en el precioso texto que le dedicó.

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Los cuatro gráficos de este reportaje dejan claro que Madrid está a la cola de financiación por universitario en España, pese a que su consejero de Educación, Emilio Viciana, asegure que los presupuestos están entre “los más altos de la Unión Europea”. El presupuesto de Madrid para universidades no llega a representar el 0,5% del producto interior bruto regional. Lejos del objetivo nacional del Gobierno central de llegar al 1% en 2030, que nos acercaría a Europa (1,2%). Los datos del estudio Las universidades públicas Españolas. Una perspectiva autonómica 2025, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, corresponden al curso 2022/2023, pero Madrid no ha abandonado la cola. Desde entonces, no ha habido una apuesta seria por sacar a las universidades públicas de la ruina y es el motivo por el que este miércoles y jueves la comunidad universitaria de las seis universidades públicas de Madrid está llamada a la huelga. Además, se invita a la sociedad madrileña a acudir a una manifestación el jueves por el centro de la capital.

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Un ingeniero de sistemas empezó a trabajar en junio desde Venezuela para la empresa española Clinmedia, con sede en Tenerife. El trabajo del ingeniero era revisar que funcionaran bien las webs que creaban para el kit digital, la enorme subvención del Gobierno para digitalizar cientos de miles de negocios de autónomos. Su sueldo mensual era de 347 euros y hacía una media de 20 webs diarias, 140 semanales. “Son 61 céntimos por web y me llevaba unos 30 minutos cada web como mucho”, dice ahora. Es uno de los afectados por el impago de estos trabajos, que ha pedido a EL PAÍS ocultar su nombre porque aún tiene la esperanza de cobrar lo que le deben. “Nos pagaban en dólares dos veces al mes por Binance [una aplicación de gestión de criptomonedas], pero en septiembre dejaron de hacerlo”.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil coloca en la cúspide de una estructura presuntamente diseñada para defraudar impuestos de los hidrocarburos a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. De ellos penderían hasta 11 personas a quien los agentes denominan “testaferros”, encargados de poner empresas a su nombre o de camuflar operaciones delictivas para hacer más compleja la operativa y que fuera más difícil el rastreo de las autoridades. Uno de ellos es Javier Sequi, que fue detenido en Tarragona el 10 de octubre de 2024, junto a otros miembros de la trama, pero que guardó silencio ante el juez Santiago Pedraz. Ahora, casi un año después, acaba de pedir a la Audiencia Nacional declarar voluntariamente.

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Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (Málaga, 159.000 habitantes), cobró en 2024 seis veces más que en 2020. Pasó de los 14.800 euros de entonces a los 95.465 euros del año pasado, según recoge la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA). La excepcional subida de su salario municipal tiene que ver con el origen de sus ingresos. Hasta 2023 la regidora del Partido Popular era también senadora, así que el Senado le pagaba su principal sueldo y el consistorio solo le abonaba su asistencia a plenos y comisiones. Aquel año, tras el anuncio de elecciones generales, dejó su cargo en la Cámara alta —que investigaba el origen de su patrimonio— porque pasó a tener dedicación exclusiva al Consistorio. Eso sí, gracias a la mayoría de la que dispone en el municipio malagueño, Muñoz aprobó un aumento salarial que la colocó como la octava alcaldesa mejor pagada de España ―la primera de una ciudad que no sea capital de provincia― con un sueldo superior al de Pedro Sánchez o el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

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A Brays Efe (Las Palmas de Gran Canaria, 34 años) le hubiera encantado trabajar con Lina Morgan y ver en directo a Chiquito de la Calzada. “Son dos personas que me obsesionan por lo únicas que fueron”, dice. Tiene un cuaderno con las 1.001 películas que ver antes de morir y solo le quedan unas 170, pero las lleva aplazando unos 10 años. “Por algo será”, añade entre risas. Efe habla en titulares y no rechaza temas. Lo mismo le da por hablar de su amor por las subastas, la violencia machista y el humor como compañero de viaje.

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