Noticias el Pais de España

Yolanda Martínez Cobos y Luna Fernández Grande, las dos españolas esposas de yihadistas repatriadas en 2023 desde el norte de Siria y a las que la Audiencia Nacional impuso penas de tres años de prisión por delitos de terrorismo al haber estado integradas en el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés), terminarán de cumplir el año y tres meses de condena que tienen pendientes en tercer grado penitenciario o semilibertad, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas y penitenciarias. Lo harán en el Centro de Inserción Social Victoria Kent (CIS, destinado a acoger reclusos en régimen abierto), en Madrid, donde han acudido recientemente para acogerse a este beneficio penitenciario.

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La mañana del 16 de noviembre del escritor franco-argelino Boualem Sansal ha durado prácticamente un año. Aquel día, en el aeropuerto de Argel, cuando regresaba a su casa, fue detenido, conducido a un cuartel de los servicios secretos y acusado de terrorismo, espionaje y de atentar contra la integridad del estado. Llevaba años diciendo y escribiendo lo que pensaba sobre el Islam, el régimen argelino y sus relaciones. Pero hacía poco que el escritor, uno de los más traducidos y leídos en lengua francesa, premio de Novela de la Academia francesa, había declarado a una revista que parte del territorio argelino formó parte de Marruecos. Pudo ser lo que colmó la paciencia del régimen. Quién sabe, porque el juicio fue una farsa y fue condenado a cinco años de cárcel de los cuales pasó uno en condiciones deplorables. Hace dos semanas recibió un indulto, concedido a petición del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Pero la condena sigue vigente.

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Los vecinos de las empinadas calles del barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, no esconden su alivio desde mediados de octubre. El día 14, un operativo de agentes de Policía Nacional y Policía Local desarticuló un punto de venta de droga abierto las 24 horas y que había obligado a 155 intervenciones policiales en lo que iba de año. No se trataba de un centro de menudeo cualquiera. Su dueño y señor era José Manuel Rodríguez, El Guaca, de 67 años, calificado por la Policía como “objetivo de alto valor”. Porque El Guaca es un nombre propio destacado de la crónica policial canaria desde los años ochenta: personaje recurrente en los tribunales, las comisarías, las portadas y hasta en alguna que otra canción pop local, suma con esta 48 detenciones, que le han llevado a acumular 24 años de condenas que ha ido cumpliendo. “Es un histórico”, sentencian fuentes policiales que trabajaron en la investigación.

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La lesión seria de Trent Alexander-Arnold, la segunda del inglés esta temporada, ahondó en la sensación de que la banda derecha del Madrid está maldita. De abajo arriba, por ese flanco todo son problemas físicos, incomodidades, gente fuera de lugar o poca productividad. El equipo blanco se ha quedado sin laterales puros, al menos, para el próximo mes, y del centro del campo hacia adelante hasta seis jugadores (Mastantuono, Brahim, Rodrygo, Güler, Valverde y Camavinga) han ocupado esa orilla sin gran resultado a la vista. Unos no han tenido el peso esperado, otros no quieren estar ahí y alguno ha aparecido en ese carril de forma circunstancial.

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Ningún español había saboreado las mieles del éxito en la IndyCar hasta 2021, cuando, justo al concluir la pandemia, un joven y desconocido barcelonés rompió los moldes del mismo campeonato en el que no habían conseguido descorchar el champán pilotos como Oriol Servià o Fernando Alonso. “Esto es mejor que cualquier sueño”, aseguró entonces aquel chico imberbe al otro lado del Atlántico. Cuatro años después, Álex Palou (San Antonio Vilamajor, Barcelona; 28 años) ha logrado que lo onírico se convierta en costumbre, y, tetracampeón ya de la IndyCar, el campeonato de automovilismo más importante de Estados Unidos, pasea por Madrid junto al colosal Borg-Warner, trofeo que le distingue como célebre campeón de las 500 Millas de Indianápolis. “De vez en cuando me paran por la calle para pedirme una foto, pero no me considero famoso”, confiesa a EL PAÍS desde un hotel de la capital, donde vuelve cada invierno junto a su mujer para reencontrarse con la familia y escapar del vórtice polar que asola Indianápolis en las últimas semanas del año.

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Un año antes de morir, Abdulah al Akhras era un joven saludable, fuerte incluso; trabajaba en una fábrica textil de Bursa (Turquía) y soñaba con buscar refugio en Alemania. “No había maldad en su corazón. Era simpático con todo el mundo y le gustaba hacer bromas. Incapaz de hacer daño a nadie”, recuerda Mariam, su hermana. El cadáver que enterró la familia, sin poder practicar una autopsia por miedo a represalias, era apenas una sombra de lo que había sido Abdulah: el rostro chupado, los brazos apenas piel y hueso, el cuerpo esquelético. Ocho meses pasó Al Akhras bajo custodia de las fuerzas de seguridad sirias tras ser deportado desde Turquía; y en solo ocho meses las inhumanas condiciones del sistema carcelario del régimen de Bachar el Asad lo consumieron hasta aniquilarlo en julio de 2024. Tenía 32 años.

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Casi medio millón de brasileños residían en Portugal en 2024, según la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA). Una cifra superada por la realidad ya que excluía del recuento a quienes poseían doble nacionalidad, tramitaban su permiso de residencia o estaban al margen de la ley. A todos, con o sin papeles, le puso precio el panadero João Paulo Silva Oliveira, de 56 años, a finales de agosto: 500 euros por cabeza. Un precio literal por decapitación. “A cada portugués que me traiga la cabeza de un brasileño, uno de esos zucas [abreviatura despectiva del ya despectivo brazuca] que viven aquí en Portugal, legales o ilegales, le pago 500 euros por cada cabeza cortada de cuajo por el cuello (sic)”, decía mientras mostraba los billetes y se grababa dentro de un coche en marcha. Sobra decir que el vídeo de TikTok, que mostró su habitual flexibilidad para filtrar contenidos delictivos, se viralizó.

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Doce años después, el creador de The Office, Greg Daniels, vuelve al mundo descacharrante del falso documental cómico. The Paper (SkyShowtime) reescribe la fórmula de la comedia clásica de oficinistas en otra ciudad (Toledo, Ohio) y en otro contexto decadente (un periódico local arruinado y reducido, una cosa ridícula, sin periodistas ni noticias ni nada que se le parezca). Funciona la receta con la que Daniels trascendió el cinismo de la The Office británica —la serie original de Ricky Gervais hecha de ácido puro, sin edulcorantes— y que marcó una cumbre cómica insuperable: ironía atemperada por ternura.

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Sustituir la protección social por los beneficios económicos. Este es el centro del mensaje surgido de las catacumbas del hospital de Torrejón (Madrid) y que pone en el centro de la diana los fines de al menos una parte de las privatizaciones del sistema público de salud español, antaño verdadera joya de la corona del Estado de bienestar. El “descubrimiento” explícito de ese objetivo da la oportunidad para que el necio debate político de nuestro país se pueda desviar finalmente al centro de las preocupaciones ciudadanas: la calidad de los servicios públicos, la ausencia de suficientes viviendas, el coste de la vida y de la cesta de la compra, y la emergencia climática.

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Las turbulencias que se han sucedido en el último lustro, así como el posterior ciclo expansivo, han redibujado el mapa económico del país, prefigurando una bifurcación en las dinámicas de crecimiento. Algunas comunidades como Asturias o Galicia, atenazadas por el envejecimiento poblacional, han logrado revertir el declive. Otras, y sin sorpresa, como Madrid, Cataluña y País Vasco, se han consolidado gracias a la presencia de un potente tejido productivo y su creciente apertura hacia el exterior.

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En los últimos tres años, la inmigración ha más que compensado la pérdida de población española, excepto en Extremadura, única comunidad autónoma donde el número total de habitantes ha descendido. Asturias es la comunidad donde más ha crecido la inmigración, con un 46% en el trienio. Por otra parte, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid recibieron en su conjunto el 56% de toda la población extranjera. A nivel nacional, el 45% de los empleos creados durante este periodo están ocupados por personas extranjeras (cifras EPA), evidenciando la contribución de la inmigración al mercado laboral.

El 7 de diciembre es San Ambrosio. Ustedes dirán: ¿y a mí qué? Verán, uno de los más respetados filósofos alemanes, Peter Sloterdijk, decía el otro día en una entrevista que este obispo del siglo IV protagoniza un momento fundacional de Europa cuando en el año 390 (y eso que aún no era santo, que impone más) no deja entrar en una iglesia al emperador Teodosio I hasta que no se arrepienta de haber masacrado 7.000 personas en Salónica. Para Sloterdijk ahí nace la civilización europea porque una autoridad espiritual se opone al poder temporal, una fuerza moral se impone a la fuerza bruta, por mucho que sea quien mande y tenga soldados y policías. Opina que, más allá de lo religioso, es el germen de una cultura intelectual que se distingue de la política, y redondea la idea con una frase de san Agustín, discípulo de Ambrosio: “Si se elimina la justicia, los reinos no son más que grandes bandas de ladrones (magno latrocinio)”. “Creo que es una de las más grandes conquistas de la cultura europea, haberse concebido a sí misma como algo distinto de una gran banda de ladrones. Hoy es muy importante, porque se tiene de nuevo la impresión de que la violencia desnuda vuelve al poder”, dice el filósofo. Los ropajes jurídicos son imprescindibles para civilizar esa violencia, que sin ellos se muestra brutalmente.

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Esta es la tercera vez que voy a dedicarle un artículo a Gema Marín Granados. Es algo que no me ha pasado con nadie más. En realidad lo considero un privilegio, porque me ha dado la oportunidad de observar los duros altibajos y el progreso emocionante de una vida épica. El primer texto se publicó en 2011 y el siguiente en 2013, ambos a raíz de dos cartas que Gema me envió. Resumiré su historia: en 2002, con tan sólo 28 años, esta guapa malagueña profesora de música enfermó de Parkinson. La gente suele creer que el Parkinson es una dolencia de gente muy mayor y que consiste en que te tiembla el cuerpo. Pero esta cruel enfermedad neurológica y degenerativa no sólo puede fulminar a personas tan jóvenes como Gema, sino que, además, lo más duro de sobrellevar no son los temblores, sino la rigidez. De repente tu cuerpo se desconecta, hasta el punto de que los enfermos lo denominan estar on o estar off. Y estar off es una muerte en vida, o aún peor que eso. Es “caer en un pozo negro, tanto psicológica como físicamente…, te quedas tiesa, como si fueras de madera”. A esto hay que añadir, además, los efectos secundarios de los fármacos, que, por otra parte, son imprescindibles. Es una lenta, implacable y constante tortura.

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Quienes han sido pacientes, o han tenido la suerte de pasearse por la FIL de Guadalajara en vísperas de que esta termine, se han visto recompensados con creces. La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi (Enugu, 48 años) ha desembarcado en la ciudad mexicana este sábado para ofrecer su conferencia magistral La verdad de las historias, uno de los platos fuertes de la convocatoria, prevista inicialmente para el fin de semana anterior pero cancelada por cuestiones de salud.

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Este mes, Ursula von der Leyen comenzará el segundo año de su segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea. Un periodo en el que ha tenido que superar dos mociones de censura en el Parlamento Europeo y una etapa que viene marcada sobre todo por su silencio. Un silencio extraño en la principal representante de la Unión Europea, obligada a defender los principios básicos de la UE, no solo ante el ataque de Rusia a Ucrania, sino ante la posición de Estados Unidos en las negociaciones con Putin y el rechazo ruso a la participación europea. Sin embargo, la actividad diplomática dentro de la UE es enorme. Basta con seguir la estela de los continuos viajes por toda Europa, por China y parte de África del presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, o el primer ministro británico, Keir Starmer, integrado en el grupo europeo, pese a que su país abandonó la UE hace ya casi cinco años, en febrero de 2020. Von der Leyen no está siendo en ningún caso la protagonista en estos movimientos, como sería lo esperable en su condición de presidenta de la Comisión.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, lleva años denunciando que la gestión privada de la sanidad pública ocasionaba consecuencias como las que se escucharon de boca del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, a directivos del grupo y del Hospital de Torrejón, que gestiona la empresa. Selección de pacientes, alteración de listas de espera y búsqueda de rentabilidad por encima de la salud han sido acusaciones que García ha vertido sobre todo al otro grupo sanitario que opera en Madrid bajo este mismo modelo: Quirónsalud. Recibe a EL PAÍS en su despacho tras los actos de la Constitución.

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Las privatizaciones sanitarias emprendidas por el PP en los últimos 30 años, principalmente en la Comunidad Valenciana y Madrid, han sacado a cientos de miles de personas a la calle, motivado huelgas, crispado sesiones parlamentarias, llegado a los tribunales y catalizado crisis políticas. Pero nunca antes había quedado expuesta de forma tan cruda la cuestión esencial que subyace bajo un debate con potencial para encender movilizaciones sociales y agitar la agenda política. Que la relación entre el afán de lucro y un servicio público esencial como la sanidad es compleja era algo sabido. Que las empresas, en determinadas circunstancias, pueden verse tentadas a elegir entre salud y negocio, se sospechaba. Ahora, sin embargo, ha quedado por primera vez en evidencia que la opción elegida ha sido la de los beneficios.

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En Galicia, cuna del fundador del PP y del actual líder del partido, el modelo público-privado de los populares para gestionar hospitales nunca llegó tan lejos como en la Comunidad Valenciana o Madrid. Manuel Fraga nunca optó por el modelo Alzira, que pone centros hospitalarios públicos en manos de empresas. Lo que sí hizo en 2001 fue integrar a Povisa, el mayor hospital gallego de propiedad y gestión privada, en la red del servicio gallego de salud asignándole un número de tarjetas sanitarias. Este centro de Vigo estaba entonces en manos de una poderosa empresa naviera local. En 2019 fue comprado, precisamente, por Ribera Salud.

Povisa recibe de la Xunta 97 millones al año para atender a 115.000 vecinos del área de Vigo que lo eligen voluntariamente. Son cada vez menos y el centro se queja desde hace años de dificultades financieras. Desde la pasada primavera cobra de las arcas públicas por consulta, prueba o cirugía, no por tarjeta sanitaria. El Gobierno de Alfonso Rueda cambió la forma de pagarle a Povisa tras informes fiscalizadores que criticaban la opacidad del sistema. Por eso fuentes de la plantilla señalan que no creen que la dirección esté aplicando las polémicas recetas del CEO que abogan por recortar la actividad sanitaria para ganar más. El BNG, con todo, ha pedido a Rueda que lo investigue.

Con Fraga de presidente y Alberto Núñez Feijóo de número dos en la Consellería de Sanidade que dirigía José Manuel Romay Beccaría, la Xunta ensayó un sistema en cuatro hospitales que liberaba su gestión y sus contrataciones de controles administrativos. Lo hizo poniendo estos centros en manos de fundaciones públicas, pero fue tal el fiasco financiero que se acabó dando marcha atrás al modelo. Fue revertido mientras Romay y Feijóo lo extendían por España ya desde el Gobierno de José María Aznar.

Hubo que esperar a que Feijóo sucediese a Fraga para que el PP gallego diese otro paso al frente en la senda privatizadora, de nuevo con Vigo como campo de pruebas. Eso sí, una vez más se quedó lejos de las fórmulas de la Comunidad Valenciana y Madrid. Tras ser investido presidente por primera vez en 2009, Feijóo optó por construir un nuevo hospital público en Vigo con un modelo de colaboración público-privada con el que Fraga nunca se había atrevido.

Para no engordar la deuda autonómica y cumplir con el mandato de austeridad y bajo déficit de aquel momento, el actual líder del PP delegó en una constructora la financiación y ejecución del complejo. La compañía recibió a cambio un canon anual por 20 años y la explotación de los servicios no sanitarios. Feijóo defendió este sistema privatizador como más eficaz, pero tampoco le salió bien: la Xunta tuvo que salir al rescate de la UTE adjudicataria tramitándole un préstamo ante el Banco Europeo de Inversiones y el proyecto acabó costando 470 millones más que si se hubiera ejecutado con una fórmula totalmente pública.

“Necesitamos una sanidad libre de ideología, prejuicios e ingeniería social y, en cambio, sabemos que debe primar el rigor científico y técnico, la lealtad, la plena colaboración y la transparencia”. Cuando Isabel Díaz Ayuso pronunció estas palabras hace unos meses, no podía imaginar el tsunami de indignación ciudadana que se le venía encima tras los audios revelados por EL PAÍS esta semana. Ahora, los madrileños saben que un hospital que debía atenderles con “rigor” y “lealtad” en realidad estaba planeando, sin “transparencia”, cómo dejar a pacientes tirados para poder ganar más dinero.

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Antonia Dell’Atte fue entrevistada por este periódico el 12 de octubre y detalló la violencia machista que sufrió por parte del que fue su marido, Alessandro Lecquio. Este fue despedido, pero llevaba más de tres décadas en televisión, protegido por colegas e industria, que no dieron credibilidad a lo que Dell’Atte contó desde el principio. La acusaron de “mentir” o de “manipular” documentos. También la tildaron de “loca” o “despechada”. Otros la siguen cuestionando, pese a que la Justicia falló hace dos décadas que no mentía al llamarlo maltratador y que no había manipulado ningún documento.

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Hay una manera muy convencional de arrancar una entrevista. Generalmente empieza en el lobby del hotel o en la cafetería donde el periodista espera al personaje de turno. Describe su entrada, su atuendo brevemente, sobre todo su talante, si se nota que no ha dormido, si está de buen humor, o si parece harto de hacer entrevistas que empiezan todas igual… Esta no. Esta empieza con un graznido.

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Andrea Petrazzi y Juanma Ferreira

José Luis Ruzafa (Ana Prado Management) para Sisley París Official

Raúl Cimas lleva chaquetón de Tommy Hilfiger, jesey de Zara y gorro de Octobre.

Jersey rojo de Zara y chaquetón de Tommy Hilfiger. Corona navideña de Primark.

Chaquetón a cuadros y jersey de Tommy Hilfiger. Bolas rojas de Leroy Merlín y bolas doradas de Primark.

Jersey de punto de Tommy Hilfiger.

Silencio, tiempo y distancia. No son los ingredientes más habituales de las estrellas de cine para hacer carrera, pero a Armie Hammer (Santa Mónica, California, 39 años), sorprendentemente, están funcionándole para la suya. Claro que antes el ruido había sido atronador. Hace cuatro años, Hammer, último en la estirpe de una millonaria saga petrolífera, de esas que dan nombres a museos y campos de golf, se convirtió en el centro de la conversación en Hollywood, que no dudó en otorgarle el título de caníbal igual que antes le había dado el de galán. Y que tampoco tembló a la hora de quitárselo todo (proyectos, agentes, familia, fortuna). La vida y la carrera del actor se hundieron. ¿Cómo se sale de ahí? O, más bien, ¿se sale de ahí? Él es la viva respuesta de que sí. Y de que la memoria colectiva es pequeña, muy pequeña, y capaz de convertir el escándalo en anécdota.

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