Noticias el Pais de España

(…) As fieraas cavan iiv s as tierra tumbas tierra (…) “Leer en voz baja, despacio y con ternura, cada letra, sílaba o quiebre, cada vacío” sugiere Shirin Salehi (Teherán, 43 años) en las primeras páginas de El pasado (no) es prólogo. Un libro de artista que busca transmitir, a través de los trastornos del habla, el inmenso dolor y la profunda tristeza que sienten las mujeres iraníes. Desde ese dolor compartido, la autora, que llegó a España con 17 años, quiere encontrar un espacio sutil de interlocución en el que poder expresar ese duelo interno de una manera poética a pesar de ser una cuestión inevitablemente política cuando se viene de un país como Irán.

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Ninguno de los líderes de los partidos políticos convence a la ciudadanía, que les da un suspenso general en la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. La mejor nota es para el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con un 3,34 sobre 10; seguido del presidente de Vox, Santiago Abascal (3,31); el del PP, Alberto Núñez Feijóo (3,26); la promotora de Sumar, Yolanda Díaz (3,19) y la candidata de Podemos, Irene Montero (2,40). El líder de Vox supera al de los populares porque en el electorado del PP hay más votantes que aprueban a Abascal que simpatizantes de Feijóo en el caladero de Vox. El estudio refleja más problemas para el sucesor de Pablo Casado: los votantes del PP valoran mejor a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (7,9). Feijóo, con un 7,2 de nota en su propio electorado, empata con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida y se sitúa solo una décima por encima del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

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El 59,3% de la población cree que, de acuerdo a “la situación actual de la legislatura” y pensando en la “gobernabilidad del país”, el presidente del Gobierno debería adelantar las elecciones generales, previstas para 2027, mientras que un 30,7% es partidario de agotar la legislatura y un 10% no sabe qué es mejor, según la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER.

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De los 15 líderes políticos evaluados en el Barómetro mensual de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER —12 de ellos pertenecientes al PP y al PSOE— ninguno alcanza el aprobado, siendo el socialista Emiliano García-Page el que obtiene la mejor valoración, con un 4,6, e Irene Montero la peor, con un 2,4. Las cifras, sin embargo, apenas sorprenden: en España casi la mitad de la ciudadanía no se siente representada por ningún partido y solo algo más de una décima parte cree que la mayoría de los políticos se preocupa por lo que piensan personas como ellas. Según un estudio del Pew Research Institute, España —junto a Argentina— es el país que experimenta una crisis de representación más profunda entre los 24 Estados que componen el análisis.

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El pasado 25 de septiembre, el consejero delegado del grupo Ribera, Pablo Gallart, pidió a una veintena de mandos en una reunión interna revelada por EL PAÍS aumentar listas de espera y seleccionar procesos rentables para aumentar el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) del Hospital de Torrejón de Ardoz, un centro público de gestión privada de Madrid. Tanto él, como la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, trataron de desacreditar este sábado la información, alegando que estaba descontextualizada. Este periódico publica ahora la intervención completa de Gallart. Nada de lo que dice en 24 minutos y 56 segundos de grabación es contradictorio con lo que EL PAÍS ha publicado hasta la fecha. Todo el contexto es la justificación que hace para persuadir a sus subordinados de que tomen las medidas que les pide a posteriori. “Lo que vamos a hacer es, evidentemente, adecuar el servicio que les vamos a dar de acuerdo con el dinero… por recursos que ellos nos van a entregar”, les explica tras argumentar pérdidas millonarias por el convenio con la Comunidad de Madrid.

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Durante la reunión que tuvo el pasado 25 de septiembre Pablo Gallart, consejero delegado de Ribera, con una veintena de mandos de la empresa y del Hospital de Torrejón para trasladarles la orden de recortes en el centro, apuntó al gran grupo que hace negocio con la sanidad pública en la Comunidad de Madrid: Quironsalud.

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El pasado 27 de noviembre, en Madrid, se produjo un hecho insólito. Con la Puerta del Sol a punto de llenarse de manifestantes que reclamaban a pleno pulmón una universidad pública de calidad, la presidenta del Gobierno de la Comunidad lanzó en redes sociales un mensaje difícil de entender: “Yo, sí”, afirmaba, junto a un corazón rodeado por el lema “Formada en la universidad pública”. Cuando, en un periodo de bonanza económica, el sistema universitario madrileño se asfixia a causa de una crónica infrafinanciación, la responsable última de su maltrecho estado comunica al mundo su orgullo por haber cursado la carrera en la Complutense, el mayor y más antiguo de sus centros, que anda estos meses al borde de la ruina. No tuvo mucho éxito entre quienes respondieron a su sentida declaración, que la acusaron de cinismo y de cosas peores.

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A veces —no demasiado, también tengo que decirlo— añoro los tiempos en los que los trabajadores del audiovisual teníamos a casi todos nuestros amos a la distancia de un látigo, por seguir usando el mismo campo semántico. Cuando la televisión generalista mandaba en el sector, nuestras series y programas se caían a plomo después de dos emisiones si no pasaban el corte de la audiencia; nos quedábamos sin trabajo de un día para otro después de haberlo dado todo por un proyecto, pero al menos uno tenía la sensación de que ese abrupto despido venía refrendado por el espectador. Trampa, claro: la cadena lo fiaba todo al corto plazo y era el productor quien, para minimizar su riesgo, pegaba la producción a la emisión todo lo que podía, por eso una serie empezaba a emitirse cuando aún quedaba mucho para el fin de su rodaje. Pero, al fin y al cabo, si desde sus casas la gente veía lo tuyo, te salvabas de la quema.

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A Pepi Sánchez, presa por un instante de la indignación, se le escapa un taco, que de inmediato pide al periodista que omita. No será el único. Y no es que sea proclive a las palabrotas, aclara esta secretaria retirada, madrileña de 73 años, hija y nieta de represaliados por el franquismo en la provincia de Badajoz. Es que el tema del que habla la remueve por dentro. ¿Qué tema? El retroceso en la legislación de memoria histórica aprobado por el PP y Vox en Extremadura, la tierra reprimida con saña por el general franquista Juan Yagüe, que hizo méritos para ser conocido como el “carnicero de Badajoz”. “La verdad es la verdad, por mucho que quieran taparla. Pero lo están intentando, qué disparate. Cuando la izquierda tuvo más fuerza, debió hacer más. Así no nos veríamos como ahora, con críos que dicen que con Franco se vivía mejor“, lamenta. Y se le escapa otra palabrota —nada grave—, que vuelve a pedir que no conste en acta.

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El PSOE se ha pegado un larguísimo y sangriento tiro en el pie en un asunto de extrema sensibilidad para el mundo progresista, un caso de acoso sexual grave en La Moncloa, en el corazón del poder de Pedro Sánchez, protagonizado por uno de sus hombres de máxima confianza, Paco Salazar. El caso era ya en sí grave cuando estalló en julio, pero la gestión interna de las denuncias (estuvieron cuatro meses sin contactar con las víctimas) ha terminado de hundir la imagen del PSOE en esta cuestión y está generando un conflicto interno creciente.

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Pese a que la tensión política está en máximos en plena campaña de las elecciones en Extremadura, el último Pleno del año y los primeros compases de 2026 pueden alumbrar algunos consensos importantes entre el Gobierno y el Partido Popular. El próximo jueves, el PP tiene previsto compensar su rechazo a la senda de déficit, que vuelve a votarse tras haber sido tumbada a finales de noviembre por el PP, Vox y Junts, aprobando el decreto que aumenta el salario de los funcionarios, según confirman fuentes de la dirección el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo apoyará también el decreto de revalorización de las pensiones, que previsiblemente se votará en enero, en el caso de que el Gobierno lo lleve en solitario sin mezclar con otras medidas, afirman las mismas fuentes a EL PAÍS.

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La Oficina Andaluza Antifraude investiga si el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, epicentro de la crisis del cribado de cáncer de mama, ha pagado sobresueldos irregulares a dos cargos intermedios de enfermería en la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción. Las dos coordinadoras de esa unidad cobraron supuestamente complementos salariales por nocturnidades y turnos de festivos sin haberlos trabajado. El problema es la dimensión del supuesto fraude, ya que estos cargos intermedios son solo un botón de muestra de una práctica irregular que ocurre con muchos cargos intermedios en los 51 hospitales andaluces, según coinciden los responsables consultados.

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José Manuel Villarejo extendió sus tentáculos durante décadas desde la Policía Nacional, adonde llegó en los estertores del franquismo. En 2016 se jubiló como comisario y, solo un año después, fue detenido y encarcelado de forma preventiva como epicentro de una gran trama dedicada a ejecutar encargos de espionaje a cambio de cantidades millonarias. El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional abrió entonces un macrosumario, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, que ha sumado medio centenar de líneas de investigación y que ha salpicado a todos los poderes del Estado, al IBEX 35 y a la Casa Real. Pero el resultado de los primeros seis juicios del caso queda muy lejos de las pretensiones del ministerio público: hay más absueltos (como la pareja y el hijo de Villarejo) que condenados; las penas impuestas son muy inferiores a las reclamadas por la acusación; y los directivos de las grandes compañías han salido prácticamente indemnes hasta ahora.

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El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) va a impartir un grado y tres másteres como centro adscrito a la Universidad Complutense (UCM), que expedirá sus títulos, gracias a la bendición de su rector, Joaquín Goyache, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, ha ido encontrando serias objeciones de instituciones dependientes de la Comunidad de Madrid. La Fundación Madri+d, que analiza la calidad del sistema universitario regional, emitió un informe desfavorable, que no está fechado, al estimar que CUICAM (ICAM Centro Universitario) iba “en contra de sus propios estatutos” y apreciaba “un conflicto de intereses con las otras universidades”. Luego, Abogacía General forzó al colegio a cambiar sus estatutos y, por último, la Consejería de Educación planteó dudas de su viabilidad económica a los cuatro años. EL PAÍS ha accedido a los informes.

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La principal empresa imputada en el caso hidrocarburos, la operadora Villafuel, ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que llame a declarar como testigo a los ex jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera para aclarar cuál fue el papel del Ministerio de Industria y del de Transición Ecológica respectivamente, en la concesión del título de operador de combustible a la empresa. La investigación apunta a que el comisionista Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, que estuvieron en prisión provisional por estos hechos, movieron los hilos para desplegar la actividad de esta mercantil que está bajo el foco por un fraude a Hacienda de más de 231 millones de euros entre 2021 y 2024. La Fiscalía Anticorrupción advierte de que pueden producirse “nuevas imputaciones”.

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“¿Qué pensaríamos si un alcalde o un dirigente negro se pintara la cara de blanco para hacer de Melchor o Gaspar? Seguro que se alegaría que hay mucha gente blanca para representarlo. Pues eso mismo piensan los jóvenes africanos o de raza latina andaluces cuando ven a un blanco pintado de negro encarnando a Baltasar”. Con esta analogía tan gráfica describe Juan Molina, presidente de la asociación Familias Solidarias, el estupor que sienten todos los afrodescendientes y latinos por esta práctica denominada black-face, todavía vigente en muchas cabalgatas españolas. Él se hace eco de la petición que varias asociaciones de ámbito nacional, entre ellas representantes de jóvenes adoptados, han trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que este año sale como Rey Baltasar en la cabalgata de Sevilla, para que no se pinte la cara de negro. “El black-face ya no es una opción. Ahora lo que toca es eliminar las prácticas racistas de nuestras tradiciones”, le reclaman al dirigente popular.

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Tres ex altos cargos de la Comunidad de Madrid comparecen este martes y el miércoles como imputados en dos juzgados (uno en la capital y otro en Collado Villalba) por su gestión de las residencias de ancianos de la región en los meses más críticos de la pandemia. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cambió en marzo de 2020 los protocolos vigentes y, para evitar un colapso, recomendó que no fuesen hospitalizados los residentes con dependencias mentales o físicas, independientemente de si padecían covid, presentaban síntomas de haberse contagiado o sufrían otra enfermedad. Los imputados son Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, quien firmó los cuatro nuevos protocolos; su sucesor en ese puesto y redactor de los mismos, Francisco Javier Martínez Peromingo, y Pablo Busca, entonces gerente del Summa 112, servicio que gestiona las ambulancias públicas.

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Casi cuatro años después de que Rusia invadiera Ucrania, los esfuerzos para poner fin a la guerra se intensifican. En las últimas semanas, se han presentado no una sino dos propuestas de paz. Hay reuniones de altos cargos casi a diario. Los enviados de Estados Unidos viajan sin cesar entre Kiev y Moscú. Se aplauden públicamente los intentos del presidente Donald Trump de acabar con el derramamiento de sangre y, mientras tanto, todos se apresuran a definir las condiciones.

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¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Para empezar, no sabemos ni cuánta tenemos. Si se disparan los casos en un país puede ser porque la corrupción crece o precisamente por lo contrario: porque la justicia empieza a actuar en serio.

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