Noticias el Pais de España

El Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni está pletórico tras la aprobación por los ministros europeos de Interior, el pasado 8 de diciembre, de nuevos reglamentos que reescriben normas básicas de asilo y repatriación de migrantes. Porque abren el camino a acelerar las expulsiones de migrantes y crear centros de deportación en países fuera de la UE, exactamente lo que intenta hacer Italia desde hace más de un año en Albania, pero sin éxito, frenada por sentencias judiciales amparadas en esas reglas europeas que ahora se quieren cambiar.

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La ultraderecha ha logrado llegar al poder en Chile de la mano de José Antonio Kast, un hombre que, pese autodefinirse como outsider, lleva viviendo de la política desde hace más de 20 años. Franco Delle Donne (Buenos Aires, 1983) le define en su libro Epidemia ultra (Península, 2025) como un “neopatriota” y analiza el auge de la extrema derecha desde sus orígenes hasta la actualidad. El doctor en Comunicación por la Universidad Libre de Berlín y autor del podcast con el mismo nombre que el libro, asegura desde su estudio en la capital alemana por videollamada que simpatizar con una dictadura militar ha dejado de ser impopular, como muestra el histórico giro en Chile.

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Sanae Takaichi asumió el cargo de primera ministra de Japón con la promesa de combatir la inflación galopante, aunque sus ambiciones fiscales parecen más bien acelerar el aumento de los precios si tienen éxito. La preocupación de que la nueva primera ministra japonesa pudiera presionar al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, para que frenara su impulso de normalizar los tipos tras años de política ultraexpansiva ya pesaba sobre el yen antes de que ella asumiera el cargo. En el inminente juego de la gallina fiscal, es probable que gane el banco central.

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Los Reiner eran, como diría Tolstoi, una de esas familias felices que se parecen entre ellas, una más, como todas. Pero cargaban con un peso que, efectivamente, las hacía infelices a su manera. El hijo mediano de Rob y Michele, Nick, tenía muchos problemas. De adicciones, de salud mental. A sus 32 años, vivía con sus padres. Ellos estaban más que preocupados, lo comentaban con sus amigos más cercanos: los Obama, los Crystal. Pero probablemente nunca imaginaron que sería Nick quien pusiera fin a sus vidas.

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Es muy fácil charlar con Víctor Manuel (Mieres, 78 años): le entra a todo sin drama, con humor, y genera una gran cercanía (como comparte orígenes con el entrevistador, se permite los dejes asturianos). Recibe en sus oficinas al norte de Madrid con motivo de su nuevo disco, Solo a solas conmigo, y habla de la música, de la vida y, claro, de la política.

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Nadine, de 19 años, tenía 15 años cuando los rebeldes se la llevaron. Lo cuenta, ya en libertad, sentada en la puerta de su casa de adobe en la aldea de Ndow-Kota, en República Centroafricana, mientras amamanta a su bebé de un año, un hijo concebido dentro del grupo armado. Una mañana de 2021, cuando se dirigía a vender yuca a uno de los yacimientos de minería artesanal de la zona, fue detenida por los milicianos Anti-Balaka. Golpearon al hombre que la llevaba en moto, lo ataron y lo abandonaron en la cuneta. A ella la arrastraron al bosque. “Allí me violaron. Era la primera vez que yo tenía relaciones con hombres. Eran cinco y abusaron de mí”, relata con voz firme. A su lado, su padre, Marc Mapouka, un hombre viudo de 67 años, la mira y recuerda la impotencia que sintió ese día cuando las noticias del secuestro llegaron al pueblo. También cómo pensó durante años que había perdido a su hija para siempre.

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Nahla Khiery, especialista en Protección Infantil de Unicef en República Centroafricana, recuerda el caso de un adolescente de 14 años en Alindao, en la prefectura de Basse-Kotto, que ejemplifica hasta qué punto los grupos armados forman parte de la comunidad. "El chico nos dijo: 'Estoy contento de haber conseguido escapar y de que ahora me estén ayudando, pero tengo miedo, ya que el grupo armado sabe dónde está mi casa y pueden venir a buscarme cuando quiera", explica la experta.

Joachim-Henri Miabe, padre de Phillipe (nombre ficticio), se enjuga las lágrimas en la camiseta roja mientras recuerda los años en los que su hijo estuvo secuestrado dentro del grupo armado, donde no comía ni podía dormir. Este maestro de 57 años, cuyo primogénito fue asesinado por los rebeldes, explica que no tiene los medios para perseguirlos. "Ellos mataron a mi hijo y secuestraron a otro. Dejo la justicia en manos de Dios. Aunque algún día me dijeran quién mató a mi hijo y quién se llevó al otro, yo no tengo ni los medios ni la fuerza para enfrentarme a esos hombres", mantiene.

El lenguaje es estructural. No elijo mi idioma materno, con el que escribo esta columna, y me someto a su sintaxis, su ortografía y su léxico. Escribo y hablo con herramientas impuestas cuyas normas no he votado ni puedo discutir. Unas me las insertaron en la escuela y otras las absorbí por contagio con otros hablantes, y apenas soy consciente de lo mucho que me influyen. No elijo mi lengua ni sus flexiones, pero sí mis palabras y mis silencios. Elijo la textura y música de las frases, y también el tono y la precisión. Puedo ser ambiguo o claro, agresivo o dulce, melodramático o cómico, insultante o halagador. Lo estructural del lenguaje no me exime de la responsabilidad ante mis palabras. Si me acusan de brutalidad verbal no puedo excusarme en que el castellano es rico en insultos.

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No hay mejor escenario que una cena de Navidad para atacar a los tibios, como ha hecho Ayuso en el ágape del PP. En una cena de empresa o te retratas o te retratan. Buena parte del mérito de Ayuso no procede de las cosas que dice sino dónde y cuándo las dice. Su pequeña guerra personal contra los tibios la empezó junto al templo egipcio de Debod, recinto sagrado que no admite sutilezas, y la ha continuado en una cena de Navidad, lugar histórico de excesos. Fue allí, por ejemplo, donde Feijóo renunció a la moderación y pronunció palabras subversivas: “Feliz Navidad”, arriesgándolo todo y retando a “Felices fiestas”, histórica expresión diabólica y hegemónica. Ayuso reclama dureza en las formas y en el fondo, ir de frente sin torcer el cuello, y Feijóo recoge el guante como buenamente puede: “Feliz Navidad”. Feijóo matiza que “la moderación y la tibieza no son lo mismo” y que él no ha sido tibio nunca. Le ha comprado el marco a Ayuso una vez más sin pensarlo mucho; sin pensar, desde luego, en el lenguaje y en la relación que Ayuso mantiene con él. Llamar tibio a un adversario político se ha convertido en una manera eficaz y tramposa de descalificación. Ser tibio no es ser cobarde ni traidor, sino negarse a estar totalmente a favor o en contra de algo. Nunca se quiere a nadie del todo: nunca se odia a nadie del todo. No hay en la RAE un juicio moral, solamente una descripción de indefinición. Sin embargo, el término se utiliza a la fresca como si la política sólo admitiera dos posturas legítimas: el enfrentamiento frontal o la ruidosa rendición. La confusión no es inocente. Se iguala moderación con tibieza para presentar la prudencia como debilidad y la estridencia como virtud. Pero la moderación no es ausencia de posición, sino una elección que huye de los extremos sin renunciar a las ideas. La sinuosidad estratégica del PSOE (no se diría que por convicciones que se han saltado una y otra vez) les ha dado aliados -y mantis religiosas-; al PP, la soledad y Vox, que es estar solo dos veces.

Dos manifiestos críticos, medio millar de firmas y un descontento que ha penetrado hasta en la sala de máquinas del PSOE gallego. Ese es el panorama al que se enfrenta José Ramón Gómez Besteiro desde que el pasado viernes confesó que conoció acusaciones de acoso sexual contra uno de los hombres más poderosos del partido dos meses antes de que fueran divulgadas por un programa de televisión. Cargos y excargos de las cuatro provincias ponen en entredicho su gestión de esa denuncia contra José Tomé, que afectaba a un cercano colaborador suyo y que solo comunicó a dos personas de su máxima confianza. El malestar ha movilizado incluso a los dos únicos socialistas que han llegado a la Presidencia de la Xunta, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño. Besteiro, sin embargo, se ratifica en su actuación y revela una nueva denuncia que afecta a uno de los alcaldes que lo critican: una militante acusa al regidor de Barbadás (Ourense) de represaliarla laboralmente por haber señalado a un exedil de su gobierno que la acosaba sexualmente.

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La Fiscalía provincial de Madrid, a la que ha correspondido el caso, tramita ya la denuncia interpuesta el pasado 1 de diciembre contra Revuelta, la organización juvenil vinculada a Vox, por presunto desvío de fondos recaudados para los damnificados por la dana. Los denunciantes son dos miembros dimisionarios de la dirección de Revuelta, el exvicepresidente Arturo Villarroya, y un exvocal, Javier Esteban. Los denunciados, los otros tres miembros de su Junta Directiva, aún en sus cargos: el presidente, Jaime Hernández Zúñiga; el secretario general, Pablo González Gasca; y el tesorero, Santiago Aneiros.

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Más Madrid ha registrado ante la Fiscalía provincial de Madrid una denuncia por la presunta comisión de seis delitos en la gestión del hospital de Torrejón, un centro de la red pública gestionado por una empresa privada (Ribera Salud), tras publicar EL PAÍS un audio de su CEO, Pablo Gallart, en el que este animaba a los mandos del hospital a tener en cuenta en su trabajo la cuenta de resultados del centro. “Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad (...) y qué actividad nos interesa más hacer”, dijo. Más Madrid pone la diana en el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por el rescate de 33 millones que aprobó la Comunidad en julio, como adelantó este diario: considera que la Administración no debe hacer suyos los problemas de un concesionario que opera en régimen de “riesgo y ventura”. También acusa al gobierno de no haber actuado para asegurar la correcta prestación del servicio. Y señala la posibilidad, negada por Ribera Salud, de que se esté discriminando a los pacientes en función de su rentabilidad.

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Con la convocatoria de elecciones en Aragón, el PP ha vuelto a demostrar que su relación con Vox no responde a un patrón ideológico uniforme, sino a una aritmética de poder que cambia según la comunidad autónoma. Lo que en Valencia fue asumido como un peaje inevitable para gobernar, en Aragón se ha presentado como una línea roja inasumible. La diferencia no está tanto en el contenido de las exigencias de Vox como en la posición de fuerza desde la que negocia el PP.

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“Ágil, seguro y mortífero”. Así describe Elbit Systems su último sistema de mortero para carros de combate, Ballesta. Es solo una de las últimas armas producidas para su mayor cliente, el Ejército de Israel, desplegado en la Franja de Gaza desde el ataque terrorista perpetrado por milicias de Hamás el 7 de octubre de 2023. Elbit también fabrica los drones Hermes 900 y Hermes 450, diseñados para realizar ataques quirúrgicos contra objetivos enemigos, como el que alcanzó un convoy de trabajadores de la ONG World Central Kitchen en Gaza y causó la muerte de siete cooperantes. O los Lanius, drones inteligentes concebidos para “cazar” objetivos en el interior de edificios.

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Raúl González aparece en la Plaza Mayor de Plasencia con sus gafas de pasta negras, su megáfono a juego y una escalera blanca de tres pisos, pero algo falla. El altavoz no tiene pilas. “Un segundo, que voy al Ale-Hop”, dice. Y tampoco. No es fácil recargar pilas cuando uno es político. Al rato, González, cacereño de 42 años y candidato de una coalición regionalista inédita en Extremadura —Juntos, Levanta y Cáceres Viva— reaparece de nuevo con el problema resuelto y se coloca, al fin, en mitad de la plaza empedrada con el megáfono, al lado del tradicional mercadillo de frutas y verduras de los martes en la ciudad:

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Irene de Miguel (Madrid, 44 años) espera mejorar los resultados de su grupo el domingo gracias, en parte, al voto del socialismo desencantado. Pero sin que hayan abierto las urnas, esta ingeniera agrónoma, cabeza de lista de la coalición de izquierdas Unidas por Extremadura, ha obrado ya un milagro: dirigir un espacio político plural y estable con siete años de vida que nunca se planteó concurrir separado y que en las últimas autonómicas resistió frente a la debacle generalizada. Tiene claro que si llegase al Gobierno de la Junta revertiría la reforma tributaria de María Guardiola para que las grandes eléctricas “paguen por todo lo que han saqueado durante décadas” y construiría viviendas de alquiler asequibles para abordar el gran problema que golpea Extremadura.

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Donald Trump sigue atacando supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico. Acusa a sus ocupantes de ser “narcoterroristas” del Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que nació en la cárcel deTocorón y se ha expandido por América Latina. Sin embargo, la periodista que mejor conoce el Tren de Aragua duda de que las víctimas pertenecieran a él.

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Bárbara Ayuso

Ana Fuentes

Nacho Taboada

Ana Ribera

José Juan Morales

Jorge Magaz

Ana Alonso

Espacio y revista LATE

El Estatuto de los Trabajadores dice lo siguiente sobre los permisos por fallecimiento: “La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”. Esos dos días —ampliables a cuatro si se requiere un desplazamiento— van sin apellido, no se especifica si son naturales, hábiles o laborales. La reforma que han pactado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO, a cuyo texto final ha tenido acceso EL PAÍS, sí especifica la naturaleza de estos días, con la idea de blindarla por ley: de prosperar la reforma, serían diez días laborables. Es decir, el permiso podría empezar en el día siguiente de trabajo del empleado, si es que el deceso se da durante días de descanso.

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Un Juzgado de Vitoria ha ordenado al Ayuntamiento de la capital vasca que admita provisionalmente al joven Aimar, de 21 años y con síndrome de trastorno espectral (TEA), como aspirante a una plaza de funcionario de carrera para personas con deficiencias mentales. El consistorio, que le excluyó en una oferta de empleo, deberá corregir sus exámenes y “estar al resultado de los mismos”. Esta decisión judicial refuerza la posición de Aimar y su familia, que decidieron llevar a los tribunales su exclusión en una oposición pública para contratar a 14 personas como auxiliar de servicios en una convocatoria reservada a personas con discapacidad intelectual.

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En el sistema de salud no hay prácticamente ninguna enfermedad que no requiera de una imagen médica para su diagnóstico y monitorización. Los estudios de radiodiagnóstico, medicina nuclear, imagen molecular o el uso de radioterapia para el tratamiento del cáncer se realizan en España por técnicos superiores para diagnóstico y medicina nuclear y por técnicos superiores en radioterapia y dosimetría clínica ―denominados radiographers―, cuya formación está circunscrita a la Formación Profesional de Grado Superior, cuando en Europa la mayoría de países exigen un grado universitario. La Plataforma Estatal por el Grado en Imagen Médica y Radioterapia lleva desde 2021 ―cuando se constituyó para canalizar el malestar y las reivindicaciones que durante dos décadas llevaba lanzando el sector― luchando para que su titulación alcance el mayor rango educativo, una reclamación que cuenta con el aval de todas las sociedades científicas, universidades públicas y de estudios de investigación, que está un poco más cerca de hacerse realidad gracias a una moción presentada por Junts en el Senado, al que este miércoles acudirán representantes de la plataforma para convencer a sus señorías de la importancia de aprobar una ley al respecto.

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